El recientemente electo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, es uno de los artífices del Tratado de Libre Comercio firmado entre Perú y Estados Unidos en 2006. Gracias a ese acuerdo, el Grupo Renco (principal accionista de Doe Run) tuvo la potestad de demandar al Estado peruano ante un tribunal fuera del sistema judicial del país. Fueron 800 millones de dólares en compensación los que pedía la corporación, sobre el argumento de que nuestro gobierno ejercía un trato injusto al exigirle el cumplimiento de normativas medioambientales en La Oroya. Como sabemos, La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, producto de la irresponsable actividad minera.

El 15 de julio del presente año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió un “fallo positivo” para el país, en palabras de Jonathan Hamilton, defensa del Estado peruano en este caso. Según sus declaraciones, el Estado peruano se librará de pagar la astronómica suma que la corporación demandaba. No obstante, aún no sabemos los detalles, y es probable que el litigio -que nació en 2011- igualmente le haya costado varios miles de dólares a las arcas peruanas en pagos a los conspicuos abogados que aparentemente nos habrían salvado.

Pero esta historia es plausible de ser repetida con mayor ferocidad. Otro tratado de libre comercio que está negociando nuestro país, y que también es abiertamente apoyado por PPK, es el Acuerdo Transpacífico (TPP). Con él se doblegaría incluso más nuestra soberanía, ensanchándose los derechos de las corporaciones: se ampliaría la posibilidad de que estas empresas utilicen tribunales foráneos para superponer sus intereses a las decisiones de las autoridades electas.

Según un reciente artículo de la organización ecologista Sierra Club, a la fecha, corporaciones mineras han utilizado estos tribunales privados para demandar a 40 gobiernos en más de 100 ocasiones. En dos tercios de estos procesos, los Estados han tenido que pagar a las compañías o han tenido que llegar a acuerdos, debilitando así sus políticas medioambientales. El escrito señala que, de enero a mayo de este año, solo en Latinoamérica, “las corporaciones mineras usaron a los tratados privados y a tribunales de inversión cada 2.5 semanas de media” con el fin de rechazar las restricciones que los Estados les demandaban.

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