En una nueva resolución histórica hecha pública el viernes (8 de julio) y celebrada por 21 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU insta a los Estados a regular a los proveedores de educación y a invertir en la educación pública.

La resolución adoptada durante la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (13 de junio al 1º de julio de 2016) insta a todos los Estados a “acabar con todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación”, en particular, mediante el establecimiento de un marco regulador a fin de reglamentar y supervisar las actividades de los proveedores de servicios educativos, exigiendo responsabilidades a aquellos cuyas prácticas incidan negativamente en el disfrute del derecho a la educación, así como promoviendo actividades de investigación.

“Otras autoridades de derechos humanos de la ONU, como el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y los órganos de supervisión de la ONU ya habían mostrado una gran inquietud por el crecimiento explosivo y no regulado de los proveedores de educación privados. Esta resolución conlleva un fuerte posicionamiento político de los Estados sobre este análisis que no deja lugar a más dudas: los Estados tienen la obligación con relación a los derechos humanos, así como la de regular adecuadamente a los actores privados y de resistirse a la comercialización de la educación”, explicó Delphine Dorsi, del Proyecto Derecho a la Educación.

Esta resolución da seguimiento a una resolución anterior, adoptada en junio de 2015, que trataba algunas de estas mismas cuestiones, pero esta vez incluye la necesidad de abordar la comercialización de la educación en el núcleo del texto.

Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comentó: “En algunos países, en particular en el Sur Global, en la última década, la enseñanza privada se ha multiplicado en ocasiones hasta por diez, prosperando cadenas comerciales de escuelas privadas con fines de lucro en Kenia, Ghana, Filipinas y otros países. Esta resolución constituye un gran avance, ya que de forma inequívoca reconoce que la comercialización de la educación plantea graves problemas de derechos humanos que deben ser tratados con urgencia”.

Boaz Waruku, de la Red Africana de la Campaña sobre Educación para Todos (ANCEFA, según sus siglas en inglés), insistió: “La resolución especifica que incluso los proveedores privados de educación, que operan en asociación con los Estados, deben regularse de manera adecuada por los Estados. Este es un recordatorio crucial para Estados como Liberia, que están planteándose la polémica externalización de sus sistemas educativos, de que una asociación pública-privada no puede ser una manera del Estado cumplir con sus obligaciones sobre los derechos humanos.”

De acuerdo a Javier González, Investigador Chileno afiliado al Centre of Development Studies de la Universidad de Cambridge, esta “resolución es también crucial para la comunidad académica. Nos insta a concentrar y aumentar nuestros esfuerzos de investigación en esta transformación social crítica, esto es, la privatización y comercialización de la educación, la cual está poniendo en riesgo los derechos humanos básicos.”

En un movimiento sin precedentes, la resolución también insta a los Estados a reconocer “la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles” y a “aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación” con el fin de “contribuir a la educación como bien público”.

Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), subrayó que: “La Comisión Internacional sobre la Financiación de la Oportunidad Mundial de la Educación, que está concluyendo sus recomendaciones al Secretario General de la ONU, debe tener en cuenta las obligaciones legales de los Estados con la garantía del derecho a la educación, recordadas por el CDH. Los Estados deben aumentar la financiación nacional e internacional para la educación pública; cualquier solución de financiación que comprometa la idea de la educación como un bien público va en contra de la legislación internacional de derechos humanos y en contra de esta resolución.”

Silvia Alonso, coordinadora de la red Incidencia Civil en la Educación (ICE), miembro de la CLADE en México, expresó: “La nueva resolución es sumamente importante para subrayar los compromisos y obligaciones estatales en materia del fortalecimiento de los sistemas públicos de educación , especialmente dado el creciente fenómeno de la privatización de la educación pública, en muchos casos encubierta, que viene sucediendo en México y en varios países de nuestra región, así como el traspaso de recursos públicos a iniciativas de educación privadas con fines de lucro.”

La resolución fue adoptada por consenso de los miembros de los 47 miembros del CDH, lo que subraya la solidez del respaldo que recabó.

En reacción a la resolución, cuyas negociaciones fueron lideradas por Portugal, Maria Redher, coordinadora de Proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y punto focal de la Red Lusófona por el Derecho a la Educación (RELus), declaró: “Esta resolución, que está alineada con las últimas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para Brasil, es un paso importante para todos los grupos que integran la ReLus, con miras a fortalecer nuestra lucha contra la privatización de la educación pública en el ámbito nacional”.

Albertino Delgado, a su vez representante de la Red Nacional de la Campaña de Educación para Todos de Cabo Verde en la ReLus, confirmó: “Nuestra red seguirá haciendo presión hacia los Estados para que respondan a sus obligaciones respecto a la educación básica, resistiendo a la mercantilización de la educación y buscando la superación de las inequidades sociales.”

“Apelamos ahora a los Estados de todo el mundo para que cumplan sus obligaciones legales y respeten sus compromisos políticos, deteniendo la financiación de las escuelas privadas con fines de lucro y adoptando todas las medidas para desarrollar sistemas de educación públicos de calidad y gratuitos. En particular, donantes como el Banco Mundial y el Reino Unido, que han financiado a proveedores privados de educación en países en desarrollo, deben escuchar al Consejo de Derechos Humanos y detener estas prácticas perjudiciales”, concluyó Carole Coupez, de Solidarité Laïque, organización líder de la Coalición Francesa de Educación, que está trabajando como parte de una red francófona contra la comercialización de la educación.

http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/historica-resolucion-de-la-onu-insta-a-los-estados-a-regular-proveedores-de-educacion-y-respaldar-la-educacion-publica/