“La pluralidad, la competencia y la alternancia son signos inequívocos de la vitalidad de nuestra democracia”, dice el titular del Ejecutivo federal en su primera lectura pública de la jornada comicial del domingo pasado.

Y dijo más: “Como gobernantes, debemos escuchar y atender el mensaje de la ciudadanía”, que optó por ocho candidatos panistas –algunos de reciente filiación priísta e impresentables por enriquecidos con base en la corrupción y por ser presuntos pederastas como Miguel Ángel Yunes, respaldado con entusiasmo por la “izquierda moderna” del declinante Partido de la Revolución Democrática– y sólo cinco del Revolucionario Institucional, en un hecho sin precedente en la historia electoral mexicana, al perder el tricolor tres bastiones históricos en los que gobernó 87 años: Veracruz, Tamaulipas y Durango, y Quintana Roo 41 años, a partir de que el territorio se convirtió en “estado libre y soberano”.

El núcleo del mensaje presidencial, pronunciado en la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer 2016, incluye el juicio de que “la democracia mexicana es perfectible, pero nadie puede negar que hoy son exclusivamente los ciudadanos quienes eligen a sus representantes”. Si la exclusividad fuera tal, pues sería ante los votantes donde el presidente formularía su primer acercamiento al tema, y no ante uno de los más notables dueños del dinero en la aldea global.

Importa sobremanera que Enrique Peña tome nota de algunos de los más importantes mensajes implícitos en la votación dominical y que todo parece indicar es esencialmente anti Partido Revolucionario Institucional más que de apoyo a Acción Nacional, partido que fue el catalizador del hartazgo con la desmesurada corrupción que representan como íconos los Duarte (Javier en Veracruz y César en Chihuahua) y Roberto Borge en Quintana Roo, además de la inseguridad pública desbordada en Tamaulipas con Egidio Torre, candidato y gobernador desde hace seis años por “derecho de sangre” y gobierno que las evidencias indican que está coludido, como sus antecesores, con el Cártel del Golfo y/o Los Zetas.

La nota que tomó Peña Nieto prescinde de las explicaciones que no pocos autores dan para eximir de responsabilidad política y ética al mexiquense de Atlacomulco y a Manlio Fabio Beltrones, bajo la manida explicación de que sus nombres no figuraron en la boleta electoral, como si ambos no hubiesen palomeado a los candidatos, por supuesto que en acuerdo con los “virreyes” que despachan en los palacios de gobierno, saquearon el presupuesto para formar su propio banco y endeudaron a sus estados, sin que Peña pudiera frenarlos porque tiene su propia “Casa Blanca” y al Grupo Higa como el favorito del sexenio de “Mover a México”.

Hace bien el principal afectado con los muy malos resultados obtenidos hasta hoy por el grupo gobernante y su nuevo PRI que los electores no lo percibieron así. Falta, por cierto, lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por supuesto que EPN está obligado, como reconoce al ofrecer, “el gobierno de la república trabajará con las autoridades que resultaron electas, con plena coordinación institucional y sin distingo alguno”. No le queda de otra, no sólo por convicción sino porque la nueva configuración política del país redujo el perímetro estatal de su partido a una población de 44 millones repartidos en 15 estados, amén de que pierde la mayoría en siete congresos y el opositor Movimiento Regeneración Nacional se reconfirma como tercera fuerza.

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