El contralor general del Estado, Carlos Pólit, manifestó ayer que se han encontrado irregularidades “importantes” en las declaraciones patrimoniales de antiguos y “posiblemente” actuales trabajadores de Petroecuador.

El ente de control investiga a los empleados que pasaron por la estatal petrolera en los últimos 7 años. El director del SRI, Leonardo Orlando, compareció en la Comisión de Justicia de la Asamblea.

El contralor general del Estado, Carlos Pólit, analiza a los funcionarios que pasaron por Petroecuador en los últimos 7 años.

 El funcionario explicó que hasta el momento se detectaron “importantes” omisiones de información en las declaraciones patrimoniales de antiguos colaboradores de la empresa y “posiblemente” de actuales.

En esa línea, durante un conversatorio de medios en Babahoyo (Los Ríos), el martes pasado, el presidente Rafael Correa expresó que a él le indigna que funcionarios públicos tengan firmas en paraísos fiscales.

Por eso apenas se supo el caso del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo Panchano, se lo destituyó de su cargo. Para el presidente de la República, Rafael Correa, las empresas offshore son un “capital sin rostro y sin responsabilidades”.  Por eso pidió a la comunidad internacional crear una institución para erradicar los paraísos fiscales.

Cuestionó que en pleno siglo XXI se tolere la sola existencia de estos territorios cuando todo el mundo sabe que “nadie va allá por transparencia”. De allí que consideró necesaria una institucionalidad mundial que los prohíba. “No nos engañemos, se trata de ocultar algo y de hacer algo que no le gustaría que lo conociera el resto de la sociedad. Entonces es cuestionable”.

Por esa razón, el Primer Mandatario señaló que no claudicará ante los “capitales golondrinas” y chantajes de los grandes poderes económicos. “Hay quienes dicen que claudiquemos y digamos que vamos a hacer todo para que traigan sus capitales, primero si es que los traen, y segundo, lo sacan al primer problema que existe. Es decir, no tienen patria. Preferimos continuar con la gente que de verdad quiere a su país, que tiene su plata aquí, que genera empleo y que paga impuestos, antes que someterme a estos externos especuladores”.

Caso Bravo-Pareja

De acuerdo a versiones de la prensa local, Bravo, quien ocupó diversos cargos en la estatal Petroecuador desde 2006, habría constituido en Panamá la firma Girbra S.A., que habría negociado con la empresa Arkdale Investments Limited, domiciliada en las islas Bahamas.

En dicho contrato, firmado el 10 de febrero de 2014, se estableció que Arkdale daría servicios petroleros y que la panameña Girbra sería su representante en Sudamérica. Se habría fijado una comisión por $ 600.000 y el 10% de las facturas conseguidas por Girbra. Según la prensa local, en el acuerdo se encontraría la firma de Bravo como representante de la panameña.

Según el portal digital opencorporates.com, Girbra S.A. fue constituida el 6 de octubre de 2011 y su agente es el bufete de abogados panameño Escobar, Della Togna, Icaza & Jurado. Como su titular figura Gabriel Martínez Solano y entre sus directivos están Danixa Alba y Yamileth Vergara.

La investigación recae en Arkdale Investments Limited, la cual consta en los papeles de Panamá, filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). Su beneficiario sería Juan Andrés Baquerizo Escobar, accionista y quien -según la página web de la Superintendencia de Compañías- fue presidente de la empresa ecuatoriana Oil Services & Solutions S.A. (OSS) en 2009 y 2011, la cual, a su vez, habría obtenido 15 contratos de Petroecuador por un monto total de $ 30,3 millones.

Por ejemplo -de acuerdo a la prensa local- en el mismo mes que se firmó el contrato entre Arkdale y Girbra, período en el que Bravo era coordinador de Proyectos en la Refinería Esmeraldas, OSS firmó un contrato con Petroecuador por $ 11,44 millones para realizar trabajos eléctricos en la Refinería La Libertad, el cual habría superado un 26% al precio referencial establecido por la estatal: $ 9,06 millones.

Este convenio entraría en duda, ya que se le adjudicó a OSS sin concurso, puesto que se lo hizo a través de invitación y su competencia se excusó de participar. Con las ampliaciones del contrato que se llevaron a cabo en junio y diciembre de 2014 el contrato habría terminado con $ 8,3 millones más del precio inicialmente establecido.

Otro de los contratos que se habrían adjudicado a la OSS fue en abril de 2015, mientras Carlos Pareja Yannuzzelli se desempeñaba como gerente de refinación de Petroecuador. El monto fue de $ 17,53 millones, un 61% más al precio referencial de $ 9,32 millones.

Así como el primero, este tampoco fue adjudicado por concurso, ya que se lo hizo bajo una modalidad de régimen especial dirigida para empresas públicas dedicadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, al aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y, en general, al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.

En este caso se invitó a 3 empresas, incluyendo a OSS. Esta última y otra fueron las únicas que presentaron una oferta. La de OSS fue escogida por ser la más barata y, a diferencia de la otra firma, cumplía con los requisitos.

De acuerdo a medios locales el resto de contratos adjudicados a OSS entre 2011 y 2015 por parte de Petroecuador serían de hasta $ 1 millón y, la mayoría, se habría favorecido a OSS sin concurso de por medio.

 Bravo fue designado como gerente de la petrolera estatal el 18 de noviembre del año pasado en reemplazo de Carlos Pareja Yannuzzelli, quien, a su vez, ha ocupado varios cargos en Petroecuador desde 2005 como presidente ejecutivo de Petroecuador; representante de la presidencia ante el directorio de la estatal petrolera; gerente de Refinación y finalmente en 2015 fue nombrado gerente general.  Bravo y Pareja renunciaron a sus cargos a mediados del mes pasado.

Papeles de Panamá

La empresa Arkdale consta en la base de datos que el ICIJ puso a disposición del público el lunes pasado. Así como también el supuesto beneficiario de esta, Juan Andrés Baquerizo Escobar y exdirectivo de la OSS, empresa envuelta en el caso de los exfuncionarios públicos de Petroecuador, Bravo Panchano y Pareja Yannuzzelli.

En la información filtrada por el consorcio, consta Liscard Foundation como accionista de Arkdale. Su intermediario es el abogado Carlos Mata Hanze, registrado en Guayaquil y conectado a otras 75 entidades de Nevada (EE.UU.) y Anguila.

Juan Andrés Baquerizo también figura en la lista de Ecuador, el cual es beneficiario de Grand View Assets Limited, registrada en Nueva Zelanda en 2013 y de quien es accionista Sonnia María Abid Baquerizo Escobar.  Esta firma también tiene como intermediario a Carlos Mata Hanze. En el portal Open Corporates se establece a John Thompson Roger como su director.

Su hermano Jaime Alberto Baquerizo Escobar, y quien actualmente consta como gerente general de OSS, también aparece en la lista de los papeles de Panamá. Allí figura como accionista de Lake View Properties LTD., empresa inscrita bajo la jurisdicción de Anguila a través del mismo intermediario Carlos Mata Hanze.

Otra empresa en la que Jaime es accionista es Syrafleur Consultants INC., de la cual vuelve a repetirse el nombre de Carlos Mata Hanze como su intermediario. El abogado guayaquileño es actualmente -según la red social Linked In- director legal de Delcorp S.A. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pudo hablar con ningún empleado de la empresa.

Merizalde reúne información

Otro de los nombres en los papeles de Panamá es el del actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. De acuerdo a su asistente, el funcionario estaría reuniendo la información correspondiente y mañana se podría programar una entrevista para hablar de su supuesta vinculación a una firma en Panamá. En Ecuador los papeles de Panamás se investiga en 3 frentes. El primero es por parte de la Fiscalía General del Estado, que indagará en Panamá. El segundo es de la Comisión de Justicia de la Asamblea y el tercero es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)

Ecuador combate los efectos negativos de los paraísos fiscales desde 2008

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha previsto iniciativas para erradicar en Ecuador los efectos negativos de los paraísos fiscales, mucho antes de que se conociera el caso de la firma de abogados Mossack Fonseca.

Así lo señaló ayer Leonardo Orlando, director del SRI, durante su comparecencia a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El funcionario fue convocado por el organismo como parte de la investigación por el caso de los ‘Panama papers’ y para conocer qué ha hecho el Servicio de Rentas en torno a este tema.

 Orlando explicó que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) informó que 1.852 empresas tienen vinculación con el bufete panameño Mossack Fonseca y fueron creadas para clientes ecuatorianos. No obstante, señaló que el SRI identificó 589 empresas offshore (compañías registradas en un paraíso fiscal), de las cuales 521 coinciden con las entidades denunciadas por ICIJ. Añadió que el resto de empresas se encuentra en investigación. “Este número (1.852), por lo tanto podría subir”, estimó el director.

Frente a esta situación -según dijo- se conformó un equipo de 70 funcionarios que se encuentra en el trabajo de identificación y localización de dichas entidades. Añadió que están en curso 22 auditorías y, hasta el momento, hay 137 requerimientos de información sobre 130 contribuyentes. A eso se suma el intercambio de información ante las autoridades de los países de Alemania, España y Panamá.

Orlando añadió que se combatieron los paraísos fiscales a través de normas efectivas. Entre estas, mencionó, en 2008 se establecieron varios articulados en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. En el artículo 159 estableció que no están exentos del Impuesto de Salida de Divisas los pagos realizados al exterior por concepto de dividendos de sociedades nacionales o extranjeras a favor de otras sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o en jurisdicciones de menor imposición.

Asimismo, entre 2010 y 2015 se modificaron otras normas, como por ejemplo la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, así como la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social y la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude.

Sobre esta última, por ejemplo, se impone un impuesto del 25% sobre el monto total del beneficiario que sea residente o haya establecido su monto en un paraíso fiscal. En total, 20 artículos para erradicar los paraísos fiscales se pusieron en vigencia.

En las investigaciones a cargo de ICIJ se mencionó que estarían involucrados Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación; Pedro Delgado, extitular del Banco Central (se encuentra con proceso legal, por el cual existe un pedido de extradición); y Javier Molina, exabogado de la firma Mossack Fonseca, quien cumplió una asesoría externa en la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Sobre este punto, Orlando explicó que en los 3 casos se realizó un análisis en ejecución por los años fiscales respectivos.  Diego García, procurador general del Estado, también acudió ayer a la Comisión del Legislativo. Su ponencia fue para exponer sus observaciones al Código Orgánico Administrativo. Aunque la investigación sobre los negocios de la firma Mossack Fonseca -explicó- no se encuentran dentro de las competencias de la Procuraduría, aprovechó la ocasión para indicar que se han fortalecido las normativas para robustecer el lavado de activos, a través de varias disposiciones legales que fueron aprobadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés).

 El asambleísta Luis Fernando Torres (PSC), por su parte, indicó ayer que la Comisión no solo investigará la firma Mossack Fonseca, sino a otros estudios jurídicos y también fuera de Panamá. Sobre ese punto, el legislador advirtió que pedirá que se investigue a todos los funcionarios que estarían vinculados al oficialismo que habrían constituido empresas en paraísos fiscales.

La convocatoria también fue dirigida para Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos; y Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quienes estarían involucrados con las empresas offshore en Panamá. No obstante, no llegaron hasta la Comisión.

Torres añadió que no se convocó a los representantes de medios de comunicación que difundieron la investigación divulgada por ICIJ, entre estos el diario El Universo, El Comercio y Ecuavisa, porque ellos no están obligados a acudir. “Para periodistas no he pedido ningún tipo de convocatoria porque los periodistas no están obligados a concurrir. Si ellos voluntariamente quieren ir a la Comisión, que lo hagan”, expresó. (I)

Simon Cowell y Emma Watson poseen empresas en los paraísos fiscales

 Cerca de 5.000 millonarios británicos quedaron expuestos en los papeles de Panamá, entre ellos varias celebridades como la actriz de la saga Harry Potter, Emma Watson, la duquesa Sarah Ferguson ‘Fergie’, el productor Simon Cowell, y el exsecretario privado de la princesa Diana, Paul Burrell. En total, se revelaron 4.835 británicos involucrados, aunque habría miles más vinculados a los paraísos fiscales británicos, como las Islas Vírgenes, Bermudas y las Islas Caimán.

 En Escocia fueron detectadas 73 direcciones de ciudadanos que utilizaron la firma Mossack Fonseca para desviar fondos por millones de dólares. Además, 60.000 acres de tierras en Escocia también fueron descubiertas como registradas en los paraísos fiscales. Más de la mitad de las 215.000 firmas identificadas en los papeles de Panamá tienen su base en paraísos fiscales británicos, el más utilizado de ellos, las Islas Vírgenes.

 El grupo activista Rise Scotland descubrió, además, que seis de los principales multimillonarios de Escocia tienen sus fortunas en paraísos fiscales. Entre los británicos involucrados en la nueva serie de documentos dados a conocer esta semana se encuentran la actriz Emma Watson, de Harry Potter, de 26 años, quien creó una compañía offshore para no pagar impuestos en el Reino Unido o Estados Unidos. “Emma (como muchos individuos) creó una firma offshore con el solo propósito de proteger su anonimato y seguridad”, indicó un vocero de la actriz en Londres. “Emma no recibe ninguna ventaja impositiva o monetaria de esta firma offshore”, agregó. Watson creó la firma ‘Falling Leaves’, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

También se reveló que el productor de los programas caza-talentos, X-Factor y American Idol, Simon Cowell, se benefició de su firma ‘Eaststreet Limited’, con sede en un paraíso fiscal. Otros británicos famosos involucrados son Paul Burrell, exsecretario de Lady Di, quien, con su esposa, creó la firma fantasma ‘Black Dragon Group’; Borges da Silva, futbolista de Chelsea, beneficiario de la firma ‘Saxon Sponsoring Limited’; el golfista Sir Nick Faldo, que creó la empresa ‘Blenhim Road’ en un paraíso fiscal; y el director de cine Stanley Kubrick, con tres firmas en paraísos fiscales en su nombre.

Otros británicos conocidos de la lista son la baronesa Pamela Sharples, integrante conservadora de la Cámara de los Lores, con intereses en la compañía Nunswell Investments de un paraíso fiscal; el futbolista retirado de Arsenal Andy Cole, propietario de las firmas Searchlight Limited y Crewzen Finance, ambas en las IslasVírgenes; la duquesa Sarah Ferguson, nuera de la reina Isabel, asociada con la firma fantasma Essar Holdings, y Heather Mills, exesposa del Beatle Paul McCartney, quien estableció la firma Water 4 Investment.

Los papeles de Panamá revelaron además que la petrolera británica BP firmó un contrato multimillonario en Irak con una firma involucrada en una investigación por corrupción.

La petrolera mantuvo negocios con la empresa Unaoil, con sede en Mónaco, que había sido investigada por corrupción. Documentos filtrados de Mossack Fonseca revelaron que en 2014 BP utilizó los servicios de Unaoil para realizar tareas en los pozos petroleros de Kirkuk, en el norte de Irak.

Unaoil quedó este año en el centro de un escándalo internacional de sobornos y corrupción luego de filtrarse una serie de correos electrónicos internos tras un allanamiento a sus oficinas por parte de la Oficina británica Anti-Fraude. Según el diario Sydney Morning Herald, en 2013 la firma de construcción australiana Leighton Holdings pagó comisiones ilegales a Unaoil a través de un inflado contrato por $ 87 millones para trabajos en Irak.

Pero meses después BP firmó un contrato por $ 1 millón con Unaoil para tareas en los pozos de Kirkuk. El segundo contrato entre ambas firmas, firmado en agosto de 2014, tuvo un valor de $ 6 millones. Aunque la casa central de Unaoil está en Mónaco, la firma cuenta con empresas y subsidiarias en las Islas Vírgenes, donde no paga impuestos. Mossack Fonseca operaba como intermediaria entre esas firmas.

Las revelaciones se conocen días antes de que Cameron encabece en Londres una cumbre internacional contra la corrupción y el lavado de dinero, y que tendrá como eje de la agenda mayores controles para combatir la evasión fiscal en paraísos fiscales y cuentas offshore.

 A la cita asistirán líderes mundiales, ONG e instituciones financieras. Cuarenta países han sido invitados a este encuentro y también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). (I)

(Leonardo Boix, corresponsal en Londres)

Fuente: Redacción Actualidad de El Telégrafo

 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/exfuncionarios-publicos-bajo-investigacion