Acostumbrada como está la opinión pública y publicada a valorar juicios y hechos del gobierno de Enrique Peña en bloque, como si el grupo gobernante fuera compacto a casi dos años de la elección presidencial, desestimando con frecuencia los matices que en política son de trascendencia, es muy ilustrativa la respuesta de Carlos Beristain al periodista Emir Olivares.

“–Si hubiéramos tenido mayor tiempo habríamos llegado a más cosas. Pero desde enero de este año aumentaron los obstáculos y dificultades para nuestra investigación. En esas condiciones no se puede seguir trabajando.”

Insiste el reportero de La Jornada (26-IV-16) a Beristain, uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes:

“–¿Fue una estrategia oficial para obstaculizar su labor?” La respuesta: “–De ser así no estaríamos aquí. Fue el Estado el que junto con las víctimas nos pidieron y permitieron trabajar en México. Lo que vemos es que hay sectores (funcionarios y analistas de medios de comunicación) que se atribuyen la representación del Estado y hablan en su nombre. Eso no ayuda a México a generar la credibilidad y un manejo más abierto y responsable sobre las violaciones de derechos humanos”.

Más aún: “Las deficiencias en la investigación son responsabilidad de las autoridades del ámbito federal, aunque manifiesta su confianza en que la administración de Enrique Peña Nieto pueda dar un viraje y apegar las diligencias del caso a los estándares internacionales. Llegar a una resolución efectiva es lo más saludable para México, se toque a quien se toque”.

Lo explica. “Y en términos de la investigación hay muchas cosas a las que nos enfrentamos. Muchos funcionarios empujando para llegar a una resolución, pero al mismo tiempo muchos otros obstaculizando y fragmentando la indagatoria, más pendientes de que se cumpla con ciertas respuestas para nosotros en lugar de impulsar líneas que lleven a la solución. Se necesitan cambios de personas (dentro de las instancias gubernamentales), se requiere de comportamientos más proactivos y abiertos. Vemos que no hay capacidad crítica frente a las órdenes que se reciben; necesitamos funcionarios con esa capacidad para poder evaluar, decidir y tener criterio técnico para poder incluso decir que no.”

Así puede entenderse mejor que en torno a la noche de la barbarie en Iguala, Guerrero, con frecuencia se mencione a los “halcones”, los que luchan a brazo partido porque la verdad no se abra paso, pero el experto establece que es “un deber del Estado, toque a quien toque”.

Actúan y se exhiben sin recato, como Jorge Fernández Menéndez en Excélsior y Canal 40, quien se escandaliza por el costo económico del trabajo del GIEI o el vicecoordinador de los diputados del Partido Revolucionario Jorge Carlos Ramírez Marín, al juzgar que la “misión histórica” del GIEI fue “poner en entredicho la verdad expresada” inicialmente por la Procuraduría General de la República.

Verdad que fue construida bajo torturas a los procesados, con siembra de pruebas y alteración de la escena del crimen –el río San Juan– y la manipulación de expedientes por Tomás Zerón de Lucio y Sara Mónica Medina Alegría, de acuerdo con César Mario González, padre del normalista César Manuel González, y por lo cual exige investigarlos.

Y sin tocar al “sacrosanto” Ejército porque se opone Salvador Cienfuegos Z. “Lo quisimos investigar, pero no se nos dejó. Hubo presencia de soldados en lugares clave y no se ha considerado en la investigación oficial.” De ese tamaño es la impunidad en la Defensa Nacional.

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