El simple cambio de nombre de la capital del país, de México, Distrito Federal, a Ciudad de México, denominación que ya era de uso dominante pero sin la “c” mayúscula, aunque también muchos la usaban, no parece razón suficiente para echar las campanas a vuelo y afirmar que se trata de un cambio histórico, como juran Enrique Peña y Miguel Mancera.

Sin embargo, tiene razón el titular del Ejecutivo al asegurar que el decreto de la reforma política del DF es producto de los temas negociados en el Pacto por México por los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La autoría intelectual del pacto que contemplaba cada una de las 13 reformas estructurales, incluida la energética, la atribuyen algunos prohombres del perredismo como Jesús Zambrano a su par y amigo Jesús Ortega Martínez, a los que Arnoldo Martínez Verdugo definió, en 1986, en la tribuna de San Lázaro como “los socialistas del presidente”. Y eso le costó que cuando el “moderno socialdemócrata” de Aguascalientes llegó a la presidencia del PRD le suspendió al comunista la pensión con la que vivía de manera muy modesta. Fue Zambrano Grijalva el que corrigió, a petición de Alejandro Encinas, la miserable decisión del que compara a Donald Trump con Andrés López Obrador.

También le asiste parcialmente la razón al titular de la Jefatura de Gobierno del DF al externar “mi alegría porque la vida me permitió estar en este momento histórico para la ciudad de México”, y agradeció a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez “porque nunca han dejado de trabajar por este cambio”.

Lucha, trabajo y estudio persistentes que Mancera Espinosa atribuye al genérico “ciudadanos” y que realizaron desde el último medio siglo generaciones completas de comunistas, demócratas y socialistas, y que como buen funcionario atribuye a los respetables personajes y “a los legisladores locales y federales, a los gobernadores, así como al presidente Enrique Peña Nieto por su respaldo permanente e institucional para llegar a este momento”.

En efecto, sin el respaldo presidencial muy difícilmente el vital tema tendría la desembocadura que hoy es conocida y que el dirigente del perredismo capitalino pretende negar con la aseveración de que la reforma política “es un logro de la izquierda, no es algo de lo que pueda vanagloriarse el presidente Enrique Peña Nieto”.

Grandioso logro en el que Peña designará a seis delegados, Mancera a otros tantos y el Congreso a 28 de un total de 100 para la Asamblea Constituyente. Pero ambos se comprometieron a que sus designados serán “conocedores de los problemas de la ciudad” y que la participación resultará “plural, abierta, sin distingo político”. Es lo menos que se puede esperar y exigir cuando los dados están muy cargados con un Constituyente de designación por dedo y la amistad y el compadrazgo permanece a la orden del día.

Sólo el oficialismo en casi todos los partidos y en la mediocracia pueden reducir a contreras la desconfianza expresada por el Movimiento Regeneración Nacional al rechazar que la reforma sea “finalista” y comprometerse por la creación del estado de Anáhuac y una mayor democratización porque, según Martí Batres, Miguel Ángel Mancera “pone en riesgo todo lo que se ha logrado en la capital para su gente”, como la pensión alimentaria para los adultos mayores, los derechos al agua, a la vivienda, al espacio público, a las libertades en general. Más vale prevenir que lamentar.

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