Durante las últimas dos décadas los condicionantes estructurales han presionado a miles de familias peruanas a abandonar su país origen en busca de mejores condiciones de vida. De acuerdo con los datos censales del Instituto Nacional de Estadísticas chileno, se estima que entre 1992 y 2002 el número de inmigrantes peruanos en Chile aumentó en un 350% lo que equivale a 354,581 registrados. Además, a principios del 2014 el Ministerio de Desarrollo Social de Chile dio a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013, señalando que del número total de avecindados en Chile, un 33.3% proviene de Perú.

Este creciente flujo inmigratorio de origen peruano hacia Chile plantea el gran desafío de estrechar las relaciones con el vecino andino. Si bien no podemos negar la importancia del intercambio comercial entre ambos países, este se debe más bien a la presencia de inversión extranjera directa, mas no a esfuerzos conjuntos de integración comercial. Existe además una relación asimétrica en la composición de las inversiones, ya que mientras que Perú vende mayoritariamente commodities, Chile le exporta mayoritariamente servicios, donde Perú cosecha un déficit comercial acumulado a favor de Chile.

“El comercio intraindustrial detectado es sumamente escaso, y no es horizontal (de bienes finales) sino vertical (el Perú aporta al comienzo de la cadena productiva, y Chile le da valor agregado) y, mientras Chile utiliza la relación bilateral para consolidar su proceso de desarrollo, el Perú perpetúa un patrón primario exportador” [Relaciones Económicas Perú – Chile: ¿Integración o Conflicto?, Alan Fairlie Reinoso y Sandra Queija de la Sotta; Centro de Investigaciones Sociológicas, Políticas, Económicas y Antropológicas; Pontificia Universidad Católica del Perú.] La frontera entre interdependencia y dependencia es demasiado estrecha y mientras exista esta relación de dominación, la tensión longeva entre ambas naciones persistirá por encima de los lazos de amistad bilateral.

No obstante, Chile puede proponerse fomentar la convergencia con Perú a través de la configuración de escenarios que favorezcan los intereses de ambas partes. Una relación vecinal que supere los problemas pendientes y sea sostenible en el tiempo es posible a través de la institucionalización de una agenda de cooperación de carácter multidimensional. La adopción de medidas de confianza mutua donde las economías sean actores de colaboración y no de competencia puede llevar a Chile a pasar de ser un país reactivo, a ser uno propositivo, con intereses en la interdependencia económica. Para el entorno altamente globalizado externo tanto Chile como Perú son economías pequeñas perennizadas en la exportación de commodities. No obstante, una agenda bilateral conjunta cargada de voluntad política podría permitirles sumar esfuerzos para que juntas, consigan realizar exportaciones con valor agregado que sean competitivas.

Pero incluso, un acercamiento, más sencillo y cotidiano que las alianzas comerciales es el reconocimiento y la aceptación de la diferencia de los grupos de inmigrantes peruanos con los que convivimos en un mismo tiempo y espacio geográfico. El soft power propio de la movilidad de personas podría aportar en el trabajo de subsanar los obstáculos que hemos interpuesto en esta cooperación bilateral.

Lamentablemente hasta ahora la acogida chilena al migrante peruano no se ha caracterizado por una implacable solidaridad. La población peruana ocupa mayoritariamente la posición de servidumbre de la población chilena privilegiada, donde esta última se ha mostrado impermeable ante el posible aprendizaje y misticismo cultural, sólo permeado por el interés hacia la gastronomía peruana.

Celebramos un doble discurso trascendente: menospreciamos los atributos indígenas del migrante trasandino, pero al mismo tiempo nos aprovechamos de él como mano de obra barata y como elemento dinamizador de nuestro desarrollo social. Esta moral de doble estándar debe ser reemplazada por posturas solidarias y por políticas públicas que sustituyan los esfuerzos normativos por esfuerzos cooperativos institucionalizados. La alternativa por lo tanto es aprovechar la presencia– en el corto y mediano plazo – de la inmigración, y entenderla como una oportunidad para la integración y el beneficio mutuo.

Erradicar la discriminación para acercarnos al respeto a la diversidad y abogar por poner fin a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren los inmigrantes a través de la negación de su acceso tanto a la salud como a la educación públicas y a un sistema previsional garantizado sólo por no poseer la nacionalidad chilena, podría configurar lazos bilaterales amistosos que tarde o temprano deriven en la institucionalización de una agenda de cooperación efectiva, sustentable y de largo plazo.

Gabriela Riveros Medina es economista, egresada de la Universidad de Santiago de Chile.