Siempre supuse que la Medalla Belisario Domínguez era, en primer lugar, un reconocimiento al valor civil de los galardonados, como corresponde al nombre del valiente senador chiapaneco y férreo opositor a la usurpación de Victoriano Huerta de la Presidencia de la República, por lo que fue asesinado el 7 de octubre de 1913.

El decreto expedido por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 3 de enero de 1953, resulta claro y evidencia el papel decorativo que desempeñaba el Senado hace seis décadas y hasta el 2000:

“Se crea la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.”

Es una excelente costumbre que a los hombres y mujeres se les reconozcan en vida las cualidades, los aportes a la comunidad, desde el barrio hasta la nación. Y no esperar, como es ordinario, a que mueran para subrayar méritos y disminuir deméritos hasta casi ignorarlos.

Los que en vida desean reconocer las aportaciones de Alberto Bailleres González, los senadores de los partidos Revolucionario, Acción, Verde y Nueva (la fundadora del cual está en prisión a sus 70 años de edad por disentir del grupo gobernante), reunieron 68 votos para premiar al segundo hombre más rico de México en 2013 (Forbes); y los del Trabajo, de la Revolución (menos dos) y Javier Corral votaron en contra, reflexionaron ante los colegas y colocaron en incómoda posición al galardonado, familiares, amigos y lisonjeros, pues por primera ocasión en 61 años la Belisario no se otorga por consenso.

Recibir una medalla que no obtuvo el consenso es atribuido a que desde que la oposición irrumpió en 1988 al Senado, es asignada cada año de acuerdo a la propuesta de tres partidos antes grandes. Insostenible es lo anterior, el disenso se produjo hace unos días y al otorgarse a uno del medio centenar de los dueños de México.

El conflicto que los mexicanos tenemos con el éxito ajeno y los hombres y mujeres del gran capital, es otro argumento para defender al fundador Grupo Bal, corporativo que vende 160 mil millones de pesos anuales y genera 150 mil empleos. No faltan periodistas que atribuyen las críticas al odio que los paisanos tienen a los magnates.

Incursionar en la psicología social de manera tan elemental no es necesario para defender una decisión que fue tomada por los señores del poder y quedará registrada como la primera ocasión en que se rompió el consenso. (Adrián Aguirre Benavides, tío de mi madre Graciela Aguirre Chávez, recibió la medalla en 1964).

Rompimiento que no obedece a que el economista sea socio mayoritario de los grupos Nacional Provincial, Palacio de Hierro, Profuturo, Industrias Peñoles y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como lo muestra el hecho de que en 2005 Gilberto Borja Navarrete, presidente de Ingenieros Civiles Asociados durante 1984-94, recibió el galardón por consenso.

Todo indica que el desencuentro obedece a la conducta empresarial del personaje hacia sus asalariados, el medio ambiente, el fisco y los gobiernos que lo favorecen desde siempre, bajo la premisa del mexicano capitalismo de compadres.

Tan sencillo que es crear un premio de Los Pinos para que enaltezcan a los plutócratas que con sus apoyos financieros hicieron posible el arribo a la casa presidencial, aunque la nación pague después las costosas facturas en forma de concesiones públicas y evasión fiscal.

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