La alcaldía de Matamoros pagaba entre 20 y 25 millones de pesos mensuales “por derecho de piso” al crimen organizado, mejor conocido por aquellos tamaulipecos rumbos como La Maña. La denuncia política pero no ministerial, la formuló Leticia Salazar, la controvertida presidenta municipal por Partido Acción Nacional, en un discurso pronunciado en Nuevo Laredo, el 27 de octubre.

Que bien que Salazar Vázquez, quien apenas el 9 de marzo sufrió un atentado y salvó la vida porque el automóvil en que viaja es de alto blindaje, hace público el grave hecho; pero mal, muy mal está el que no proceda ministerialmente, pues si las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión no pregonan con el ejemplo a sus gobernados, los ilícitos no denunciados permanecerán en 98 de cada 100.

Más todavía en un país donde el cobro por “derecho de piso” no es privativo de las bandas criminales, sino práctica generalizada en miles de municipios donde el vigoroso comercio informal, que también vende productos no sólo robados sino fabricados por aquéllas, operan desde hace décadas pagando una “cuota”, también en las delegaciones políticas del Distrito Federal.

La valentía aparente o real de la joven y hasta guapa alcaldesa de la “tres veces heroica” Matamoros, como con orgullo llamaban a la fronteriza ciudad sus nativos, no logar ocultar algunas confusiones tan elementales como peligrosas, como colocar en el mismo saco la acción del Cártel del Golfo, con las críticas de sus opositores políticos al sostener, de acuerdo con el reportero Juan Manuel Reyes (Excélsior, 27-X-15): “Hemos recuperado muchos espacios y eso ha incomodado a mucha gente; sabía que era una película fea pero no de terror”. Los que “buscan desprestigiar a mi gobierno” no pueden porque el trabajo realizado se caracteriza “por rendir cuentas claras”.

Denunciar en términos tan genéricos (“mucha gente”) pareciera de una irresponsabilidad impropia de quien se ufana de no pagar “derecho de piso”. Máxime cuando observadores del estado del golfo de México, estiman que en la última contienda en la que resultó electa Norma Angélica Salazar, compitieron candidatos “apadrinados” por uno u otro corporativo criminal por medio de distintas franquicias electorales. Con independencia de la veracidad de la tesis, da clara idea del enjambre de relaciones existentes entre la política, el crimen organizado y las autoridades tamaulipecas.

Fenómeno que, por cierto, data de los años 40 del siglo pasado, cuando Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, fundador y primer capo del Cártel de Golfo, era el amo y señor del contrabando, factótum de la política local y terror de los habitantes. Todo ello con la amistad de Raúl Salinas Lozano, el padre de los Salinas de Gortari.

Imposible omitir que el 28 de octubre de 2014, la alcaldesa estuvo envuelta en un escándalo por la desaparición de tres jóvenes estadunidenses (Érica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera, de 26, 22 y 21 años), presuntamente a manos del Grupo Hércules, policías de élite bajo su mando. Uniforme que también usa en ocasiones Salazar.

Por si lo anterior fuera poco, Norma Leticia Salazar Vázquez explica con frecuencia a sus paisanos que “su fortaleza” como presidenta municipal obedece a que “viene de lo alto”. Y con el abuso de frases que no resultan convincentes cuando se trata de poner a buen resguardo la vida y los bienes e inmuebles, jura: “Y si yo estoy en Matamoros es por Dios”.

Utopía 1602

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