La mal llamada crisis migratoria ha sido calificada por algunos analistas como la mayor crisis que enfrenta Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ante la posibilidad planteada por algunos países de utilizar la fuerza militar para detener la ola de migrantes, surge en el debate el tema de los derechos humanos y la forma como debe abordarse una problemática tan delicada donde está en juego la vida de millones de seres humanos.

Antes de continuar con el analisis de este tema es preciso identificar la diferencia entre dos terminos empleados indistintamente por los países: refugiados y migrantes, ello con el fin de darle el tratamiento acorde con lo estipulado en el derecho internacional. Según la Acnur, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución y buscan la protección de otros países. Los refugiados, amparados por el derecho internacional, no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad están en peligro. Hasta que les conceden el estatus de refugiado, estos migrantes son solicitantes de asilo.

Los migrantes, por su parte, eligen trasladarse para mejorar sus vidas y no porque las mismas corran peligro. A diferencia de los refugiados, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno aún estando en el exterior. Cuando las razones del desplazamiento son meramente económicas, se denomina a esa persona inmigrante económico.

La crisis de migrantes y refugiados actual, procedente de Siria y países Africanos, ha sido reflejada por distintas Organizaciones Internacionales que se encargan de esta materia. Según la Acnur, los sirios acosados por la violencia en su país y la inestabilidad en los países vecinos, engrosan el número de migrantes que buscan un futuro en Europa. Se estima que 79.655 sirios cruzaron por el Mediterráneo desde enero hasta julio pasado. Los eritreos 26.657, que viven bajo una dictadura que los somete a violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos, ocupan el segundo lugar. Por su parte, 25.556 afganos agobiados por la inestabilidad política, la inseguridad y los ataques de insurgentes cruzaron ilegalmente el Mediterráneo en los primeros siete meses del año.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, unas 2.000 personas han muerto en lo que va de año intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, convirtiéndose ésta en la ruta más mortífera de la inmigración irregular. La gran mayoría de las muertes se produjo en el Canal de Sicilia, la ruta del Mediterráneo Central que conecta Libia e Italia.

Volviendo al uso indistinto que otorgan algunos países al término refugiados o migrantes, debe aclararse que la mayoría de las personas que han migrado hacia Europa en el 2015, proceden de países afectados por la guerra o que son considerados como países expulsores de refugiados, y por lo tanto requieren protección internacional. Sin embargo, una parte más pequeña de ellos procede de otros lugares y para estas personas el término migrante es el apropiado.

El hecho que un país se niegue a la entrada de refugiados sería incurrir en responsabilidad internacional; éstos se encuentran amparados por el derecho internacional y no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad están en peligro. Hasta que les conceden el estatus de refugiado, los migrantes son solicitantes de asilo. Según explicación de María Cristina García, profesora de Historia y especialista en temas migratorios de la Universidad de Cornell, en Nueva York, la mayoría de los países europeos son signatarios de la Convención de la ONU de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados y/o el Protocolo de 1967. Esto significa que reconocen que los refugiados y los solicitantes de asilo tienen derecho a ciertas protecciones incluyendo la no-devolución (retorno forzoso bajo condiciones peligrosas o represivas).

La respuesta otorgada por los países de Europa, principal destino de estas migraciones, ha sido debatida por los miembros de la Unión Europea. De acuerdo con la Convención de Dublín de la UE, los migrantes deberían pedir asilo en el lugar por el cual entran y son registrados por primera vez en el bloque, sin embargo ante la negativa de algunos países, entre ellos Alemania, de aplicar ese protocolo, fue planteado una responsabilidad compartida por cuotas para acoger a los 120.000 refugiados en un periodo de dos años, el cual fue aprobado sin el respaldo de los países del Este (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía). Los Estados miembros participantes en el sistema de reparto de refugiados acogerán 66.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia en una primera fase. En una segunda fase se reubicarán los 54.000 restantes, que han quedado en una reserva y que previsiblemente también provendrían de Grecia e Italia.

Los países Latinoamericanos y Caribeños, entre ellos: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, México y Venezuela, a pesar de estar distantes geográficamente también han mostrado su solidaridad con la crisis humanitaria actual, especialmente con los ciudadanos sirios que escapan de la guerra.

Brasil: De acuerdo con datos aportados por el Comité Nacional para los Refugiados, el Conare, dependiente del Ministerio de Justicia brasileño, este país acogió a 2.077 sirios.

Argentina: Según la Comisión Nacional para los Refugiados, este país donde existe una importante comunidad siria, dio asilo a 233 desde el inicio del conflicto. En el 2014, implementó el llamado Programa Siria para reunificar familias y permitir la entrada legal de sirios sin antecedentes penales. A raíz de la oleada de personas que llegó a Europa, algunos municipios se ofrecieron voluntarios para acoger a familias sirias, como es el caso de Pilar, en la provincia de Córdoba, que ofrece terrenos y trabajo para unas 50 familias que quieran instalarse allí.

Uruguay: De acuerdo con los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, este país recibió a 44 refugiados sirios. En octubre de 2014, el entonces presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, recibió personalmente en el aeropuerto de Montevideo a 42 ciudadanos sirios, a quienes les ofreció asilo. Mujica también instó públicamente a otros países sudamericanos a ayudar a las familias sirias que escapan de la guerra.

Chile: Según el Ministerio del Interior aceptó la solicitud de refugio de 10 sirios y evalúa acoger a más personas próximamente.

México: Impulsa la llegada de una treintena de estudiantes sirios a través de una iniciativa ciudadana, el Proyecto Habesha.

Venezuela: El gobierno de Venezuela manifestó su intención de recibir familias de refugiados. El presidente Maduro expresó "quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias a nuestra patria venezolana a compartir esta tierra de paz, a esta tierra de Cristo, de Bolívar, a trabajar con nosotros y a contribuir con su amor y su canto a Dios con el desarrollo de esta tierra mágica".

La actual crisis migratoria pone al descubierto los avances y debilidades que persisten a nivel regional e internacional en materia migratoria y de refugiados. En el caso de la Unión Europea, no cuentan con un sistema de asilo común con igualdad de derechos en toda la UE; carecen de rutas seguras y legales, con el fin de evitar las muertes en rutas peligrosas.

En el caso de América Latina y el Caribe, nuestra región sí cuenta con una larga tradición humanitaria en la acogida a personas que huyen de la guerra y la persecución. En este sentido debe destacarse, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que es un instrumento regional no vinculante, adoptado por un grupo de expertos gubernamentales de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. La importancia de la Declaración de Cartagena como herramienta de protección regional ha sido reiterada por las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA). Establece una serie de recomendaciones para el trato humanitario y las soluciones duraderas para aquellas personas necesitadas de protección internacional, y es conocida internacionalmente por su recomendación de ampliar la definición de refugiado aplicable en la región, la cual ha sido incluida en la legislación nacional de catorce países.

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe, participaron en la reunión ministerial, celebrada en Brasilia, los días 2 y 3 de diciembre de 2014, en ocasión del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. En esta cita adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia, documento a través del cual los Ministros se comprometen a trabajar juntos para mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el viernes 9 de octubre una Resolución, donde se aborda con un enfoque militar y de seguridad la crisis actual de refugiados y migrantes. La resolución fue propuesta por Gran Bretaña y contó con 14 votos a favor y la abstención de Venezuela; con ella se avala una operación ya puesta en marcha por fuerzas navales de la Unión Europea para tratar de frenar el flujo de miles de migrantes y refugiados.

Con la resolución aprobada por la ONU, las fuerzas navales europeas pueden intervenir por la fuerza para inspeccionar, confiscar y hasta destruir las embarcaciones utilizadas por los traficantes. Los migrantes que sean encontrados en estas embarcaciones serán puestos a salvo y transportados hacia Italia para que sus demandas de asilo puedan ser examinadas, mientras que los traficantes serán sometidos a juicio.

Nuestro país se abstuvo, según la explicación proporcionada por Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque a su juicio no será levantando muros ni actuando militarmente que este grave problema tendrá solución. El embajador consideró que “más allá del argumento de luchar contra las bandas criminales, el propósito de esta resolución es simplemente evitar que estos seres humanos puedan alcanzar un destino más seguro, es decir, se imponen las políticas de los muros (…) los derechos humanos de estos ciudadanos y su situación humanitaria deben primar por encima de consideraciones materiales o de una concepción de seguridad de personas inocentes víctimas de un drama”. Expresó que la tragedia humanitaria de los migrantes debería ser abordada en un debate más amplio y democrático en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Organización de las Naciones Unidas, en lugar de estar promoviendo Resoluciones que avalen la acción militar, debe preocuparse por garantizar la paz en el mundo, propósito para el cual fue creada. Mientras las organizaciones y países no aborden la raíz de este problema, las causas y consecuencias, seguirán miles de personas afectadas exponiendo sus vidas para lograr un mejor destino para ellos y su familia.

La inclusión del tema migratorio y la movilidad humana en cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados recientemente en la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en el mes de septiembre, representa un avance importante en el reconocimiento de esta problemática. La elaboración de un Índice de Gobernanza de la Migración (MGI por sus siglas en inglés), el cual será desarrollado por la Organización Internacional de Migraciones comprometerá aún más a los gobiernos a desarrollar políticas, crear marcos y estrategias exitosas para las migraciones.

- Carmen Victoria Montes, internacionalista.