I

En las últimas semanas la prensa privada difundió noticias y análisis que denuncian procesos de articulación y centralización de grupos delictivos (“megabandas”); así como el control de estos sobre territorios populares, excluyendo al Estado y generando zozobra en la población. Citan ejemplos de distintos estados del país y de media decena de parroquias de Caracas. Los expertos que sustentan este discurso son, por lo general, policías, ex -policías y analistas de oposición. En este texto, contrastaremos ese discurso contra nuestra propia experiencia. Desde GIS XXI venimos realizando, desde 2013, un proceso de acompañamiento en la construcción de proyectos de autogobierno popular y convivencia, en una de las parroquias de Caracas incluida por la prensa y los expertos, en la lista de las que están “controladas por el hampa”. Sobre la base de esa experiencia, compartimos algunas impresiones diagnósticas y propuestas.

II

En esta parroquia no se creó una “megabanda” para cometer delitos. Lo que ocurrió, desde, hace tres meses, es que jóvenes de pequeñas bandas territoriales que antes consumían sus días en enfrentarse entre sí o en prepararse para ese enfrentamiento, decidieron hacer una “tregua”, para dejar de matarse. Se trata, fundamentalmente, de pequeños grupos poco formalizados, de varones menores de 25 años, que concentran su actividad delictiva en el territorio y no fuera de él. Se sustentan con la venta de pequeñas cantidades de droga y, en la mayoría de los casos, no están vinculados con organizaciones criminales que actúan fuera de la parroquia. En los barrios de esta parroquia no ha dejado de patrullar la policía, ni de realizar detenciones y operativos. Mucho menos han dejado de actuar las agencias estatales que garantizan los derechos sociales. La comunidad, está lejos de vivir en zozobra. Por el contrario, aunque con recelo sobre la “tregua”, la gente está más tranquila, pues los continuos enfrentamientos entre estas bandas territoriales, eran la principal causa de muertes y heridos de la parroquia, tanto de los jóvenes que los protagonizaban, como de personas que quedaban en la línea de fuego o que eran “confundidas”. Estos datos nos permiten señalar que el discurso que se viene construyendo está, cuando menos, homogeneizando casos y situaciones que tienen distintas características.

III

Si el diagnóstico es errado, las “soluciones” también lo serán. Frente a lo que construyen la prensa, los expertos policiales y los analistas de oposición (la “pranificación” de territorios populares, la constitución de “megabandas” y la satanización de toda política de promoción de la paz impulsada desde el Estado), la respuesta estatal que pareciera aumentar su nivel de consenso es la acción policial de alta intensidad, para garantizar el monopolio de la violencia. En el territorio del que hablamos, el diagnóstico es distinto al de la prensa, por lo que la solución señalada no sería la más indicada. Quienes protagonizan la tregua son jóvenes del barrio, que están pidiendo, explícitamente, una oportunidad para construir un proyecto de vida alternativo a la violencia; que están denunciando los abusos policiales (no solo la violación a los derechos humanos, sino también, la extorsión por parte de policías corruptos) y que están estableciendo puentes con la comunidad. No es, por tanto, al menos en este territorio, la cara represiva del Estado la que tocaría activar con más fuerza[1], sino una “Micromisión” para incluir, de manera acelerada, a cerca de 200 jóvenes, en procesos laborales, educativos, culturales, políticos, deportivos y, en algunos casos, ofrecer tratamientos terapéuticos para quienes realizan un consumo problemático de drogas.

IV

No están claros los factores generadores de la tregua y eso explica que buena parte de la comunidad la mire con alguna desconfianza. La razón que exponen sus protagonistas es que “nos cansamos de matarnos nosotros mismos” y que la policía los estaba extorsionando y matando. Hay otras motivaciones que pueden apreciarse. Las alcabalas invisibles de la parroquia han desaparecido, y ahora aumentó su tránsito por sectores que tenían vedados, producto de sus riñas internas. Con ello, aumentaron las fiestas y disminuyeron los finales con tiros y muertos. La tregua los protege de ellos mismo, de la policía y les aumenta su movilidad y vida social. El equipo de trabajo de GIS XXI en la zona, explora dos líneas de interpretación, no excluyentes: a) la tregua como consecuencia de la propia acción del Estado (tanto de la acción represiva y corrupta de los funcionarios policiales, como de la acción pacificadora impulsada a través de discursos, campañas y experiencias puntuales, que es leída y reinterpretada desde el barrio) y b) la tregua como consecuencia de un salto cualitativo en lo organizativo (producto de lo que se observa de experiencias de otras bandas juveniles territoriales de barrios vecinos, de lo que se observa en la organización popular comunitaria y de lo que se conoce de las experiencias organizativas de los pranatos carcelarios). La comunidad no descarta que detrás de la tregua existan otros poderes externos, pero reconoce que quienes la protagonizan ahí son sus propios jóvenes, los del barrio; así que, mayoritariamente, la respaldan, apuestan por su continuidad y porque varios de esos muchachos puedan salir del mundo de la violencia.

Nota

[1] En aquello lugares en donde, efectivamente, exista de facto un control territorial, procesos de centralización del crimen organizado, con lógicas despóticas sobre la comunidad, debe realizarse una intervención policial. Pero esta debe estar precedida por un trabajo adecuado de inteligencia e investigación y garantizar los estándares operativos del Nuevo Modelo Policial, que son consistentes con los derechos humanos.

- Antonio J. González Plessmann es Director de la Línea de investigación sobre Derechos Humanos, Convivencia y Seguridad Ciudadana de GIS XXI