La crisis en Grecia tuvo lugar tras la crisis económica global iniciada en los Estados Unidos, en el año 2007. Esta situación coloca nuevamente en tela de juicio la efectividad de las políticas neoliberales para alcanzar el crecimiento y desarrollo de los países. El gobierno del primer ministro griego, Alexis Tsipras (líder de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA), se encuentra actualmente presionado para lograr un acuerdo con la Troika integrada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no perjudique al pueblo griego.

La crisis griega tiene su origen en el nivel de gasto excesivo y sobreendeudamiento en que incurrió este país en la última década. Aunado a ello, también puede mencionarse que durante las dos legislaturas del gobierno conservador de Constantinos Georgiou Karamanlís (1980-1985; 1990-1995), se estuvieron realizando falsificaciones de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional, presentándole a la Unión Europea unos informes que no reflejaban la realidad. Tras un cambio de gobierno y la llegada al poder del socialista Yorgos Papandreu, a finales del año 2009, el presidente coloca al descubierto la dramática realidad económica de este país con un déficit público superior a lo anunciado sobre el 13% del PIB.

En vista de la grave situación financiera que atraviesa la economía griega, este país tuvo que solicitar un rescate financiero internacional. Desde el año 2010, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, le han otorgado al gobierno de Grecia cerca de us$270.000 millones en fondos de rescate, imponiéndole para su otorgamiento un Pacto de Estabilidad con fuertes medidas de austeridad fiscal, que son rechazadas por la población y no han logrado hasta la fecha, sacar al país heleno de la crisis. Esta situación se complica, porque el 30 de junio expira el plazo de la segunda prórroga del rescate otorgado a Grecia, y ese mismo día debe pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), 1.600 millones de euros, y no cuenta con los recursos para honrar este compromiso.

Atenas necesita 7.200 millones de euros proporcionados por sus acreedores en el marco del segundo programa de financiamiento internacional, pero para desembolsar este último tramo del rescate, los acreedores exigen, entre otras medidas, un aumento del IVA en la electricidad o la supresión de ayudas a los jubilados, acción que el ejecutivo, encabezado por el primer ministro griego, Alexis Tsipras, rechaza.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó que si ese país no logra pagar la deuda que contrajo con esa organización para el 30 de junio, será declarado insolvente. Sobre esta posición, el primer ministro de Grecia, denunció la responsabilidad criminal" del Fondo Monetario Internacional (FMI) e instó a sus socios europeos a pronunciarse acerca de "las duras propuestas" del fondo durante las negociaciones.

La posición del Ejecutivo de no aplicar nuevas medidas de austeridad está respaldada por el pueblo griego, que le ha solicitado que no ceda ante las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE). Un comunicado del Banco Central de Grecia destacó que el país podría dejar la moneda euro y abandonar la Unión Europea en caso de no alcanzar un acuerdo sobre el pago de la deuda con los acreedores.

El día lunes 22 de junio, fue celebrada en Bruselas, capital de Bélgica, una reunión extraordinaria de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona. Los titulares analizaron el documento presentado por el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el cual fue entregado a las instituciones acreedoras -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta planteada por el Gobierno griego es la novena alternativa presentada por este país para salir de la crisis, y fue calificada como positiva por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien destacó además que los acreedores deben valorar lo que ha presentado Grecia, a fin de intensificar posturas para llegar a un acuerdo.

Algunos analistas han opinado sobre las consecuencias del impago de la deuda griega, la salida del euro y de la Unión Europea, al respecto se mencionan:

-Si Grecia deja de pagar parte de la deuda con la Unión Europea y las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, las naciones grandes de Europa perderán las sustanciales sumas prestadas. Desde 2010, Alemania ha concedido alrededor de US$45.500 millones en préstamos a Grecia, mientras que Francia ha puesto cerca de US$34.000 millones en el rescate a la economía griega.

- Una vez se haya creado el precedente de una nación escogiendo retirarse del euro en vez de cumplir sus obligaciones con la eurozona, aumentará el riesgo de que otras naciones sigan ese mismo camino.

-Una eventual deserción de Grecia de la eurozona, que sería la primera desde que se estableció la moneda común, alimenta una verdadera "crisis existencial" de la Unión Europea.

-La salida de Grecia crearía una inestabilidad financiera masiva en toda la zona euro y, para algunos observadores, podría desatar un nuevo colapso financiero global.

-Un impago griego sería una catástrofe y una humillación para la Unión Europea, que lanzó el euro en 1999 como su proyecto más ambicioso y como un símbolo de la unidad del continente. Eso ha llevado a algunos expertos a pensar lo impensable: que la zona euro podría romperse, bien por la expulsión de Grecia o por la marcha de Alemania, el gran pagador de la UE, que puede verse tentada a volver a su moneda anterior, el marco.

La crisis en Grecia es un reflejo de lo inadecuado que resulta para los países acudir a las instituciones financieras internacionales y someterse a las duras condicionalidades de austeridad fiscal. Lo económico no puede concebirse por encima de los derechos humanos. Si bien es cierto que los gobiernos deben tener responsabilidad frente al manejo de sus cuentas nacionales, es impensable que un país, sumido en la crisis, pueda prosperar con más pobreza y sin inversión social, cuando el principal impulso de una nación lo representa el capital humano.

Urge la reforma de la arquitectura financiera internacional, el sistema de gobernanza y las condicionalidades impuestas para acceder a sus créditos. América Latina debe continuar promoviendo en todos los foros y organismos internacionales la reestructuración de deuda soberana. Las Naciones Unidas acordaron en el 2014, la elaboración de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, iniciativa presentada por el G77 más China. Igualmente, la reciente Cumbre de la CELAC-UE acogió el tema en la Declaración de Bruselas.

Las relaciones internacionales deberían apuntalar hacia la cooperación entre las naciones, a ningún país le conviene una nueva crisis financiera global. En este sentido, vale resaltar el anunció realizado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) 2015,donde señaló que tratará de ayudar a Grecia a salir de la deuda con acreedores de la Eurozona mediante la cooperación agroalimentaria. Este es el ejemplo que deben seguir todos los países en la construcción del nuevo orden mundial, donde se impone cada vez más el multilateralismo.

“Ya que Grecia ha vivido lo que América Latina vivió (…) el mundo está dirigido por supuestos, los cuales ejercen su dictadura internacional cada vez menos visible, que la libertad de obedecer no es libertad”. Pensamiento del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano.  Tomado por Alexis Tsipras, en el mensaje enviado recientemente a la Cumbre de los Pueblos, celebrada en Bruselas.

Carmen Victoria Montes

Internacionalista