Argentina

De qué hablamos cuando hablamos de impunidad?

José Ernesto Schulman

27/02/2015

Opinión

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Un ejemplo contundente: el caso de la banda del Curro Ramos

Si algo está en disputa en la Argentina son las palabras, ese territorio de significación y resignificacíón de nuestra historia, la reciente y la pasada. Uno de los efectos más ocultos del genocidio sufrido por nuestro pueblo es la desaparición de algunas palabras por algunos años y la posibilidad que tiene la derecha de disputar y resignificar cada una de las palabras que fueron bandera y construcción popular. La impunidad, falta de castigo según la Real Academia Española, fue la acusación con que sostuvimos treinta años de lucha contra los torturadores, asesinos, desaparecedores y los organizadores, legitimadores y beneficiarios de los crímenes horrendos cometidos por el Estado Argentino (y por Estado entendemos no solo las fuerzas autorizadas a matar, sino también los operadores judiciales y demás funcionarios que administraban cárceles, cementerios, hospitales, etc. que participaron en el plan de exterminio) hoy pretende ser un agravio que sufren los poderosos, los que siempre ejercieron el dominio sobre los bienes y los habitantes de la Nación. Conviene entonces, traer a colación un simple caso de impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado que asombra por la desfachatez con que se la perpetua.

En los años del Terrorismo de Estado, un grupo de tareas reportaba a Inteligencia de la Policía Provincial de Santa Fe aunque se encuadraba en el accionar más integral controlado por el II Cuerpo del Ejército. En la ciudad de Santa Fe, el grupo estaba dirigido por Osmar Rebechi y compuesto por Eduardo “Curro” Ramos, Juan Eduardo González y Víctor Cabrera. Todos ellos fueron denunciados en 1999 ante la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid y en el Jury de destitución del entonces Juez Federal Víctor Hermes Brusa (el 31 de marzo del 2000 el Consejo de la Magistratura destituyó por vez primera a un Juez Federal, era Brusa). La misma denuncia se reiteró en mayo de 2002 en los inicios de la causa judicial que culminaría (¡Ohh, el poder de Brusa para frenar la causa judicial con la complicidad de jueces, conjueces y abogados santafecinos!) recién en diciembre de 2009 con la condena del mencionado ex Juez Federal y un grupo de represores donde figuraba Eduardo Ramos, pero solo Ramos, ya Rebechi había fallecido impune y de los otros ni noticias. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema y está firme. ¿Por qué razón nadie nos escuchó cuando decíamos sus nombres? Nadie lo sabe, pero en el juicio oral, una y otra vez los sobrevivientes de La Cuarta que habían sido torturados por el Grupo de Tareas volvían a enumerar el total de los nombres de modo tal que en la sentencia se ordenó a la fiscalía que “investigara” las denuncias (que habían sido receptadas en sede judicial ¡en el 2002!).

La espera del accionar judicial se hizo penosa y estéril, hasta que hace algunos años recibí por una vía, que por ahora no podemos revelar, información detallada que suministramos a la fiscalía insistiendo en que cumplan su función y soliciten la indagatoria de los torturadores (por un segundo, les ruego que piensen en otros accionares fiscales y comparen para saber de qué hablamos cuando hablamos de impunidad, ¿si?) hasta que en ¡abril de 2014! el fiscal Walter Rodríguez le pide al Juez Federal de Rosario Carlos Vera Barros que cumpla el viejo pedido de los sobrevivientes; en el grupo de tareas había cuatro torturadores, no uno, ¿tan difícil es entender eso?. El juez rosarino, no contestó y el fiscal Rodríguez reiteró el pedido de indagatoria en otras dos ocasiones, la última el 4 de febrero pasado. Todavía no contestó. No tiene apuro. El lector atento preguntará: ¿y por qué un fiscal de Santa Fe se dirige a un Juez de Rosario?, pues porque en su momento como nadie quería juzgar a Brusa, se despedazó la causa y una parte fue a parar al despacho de Vera Barros, que parece ignorar que la tiene en algún cajón.

El grupo de tareas me secuestró dos veces, en octubre de 1976 y en noviembre de 1977. La segunda vez casi me mata. Literalmente. Entre otras acciones, durante horas alguien me golpeaba sistemáticamente en el hígado para reventarlo. A pesar de mi peso y altura, volaba por la habitación de la Cuarta como una almohada. Al salir, un médico forense constató las lesiones y advirtió que había estado a muy poco de perder el hígado. Hace poco, alguien muy allegado a uno de los torturadores impunes me contó que en su juventud (o sea en 1977), el hombre era boxeador y volvía a su casa con joyas y relojes de regalo para su familia (el botín de guerra, decían los de la patota en sus payasadas). Pero el juez Vera Barros estima que no se ha conformado la prueba suficiente. No para condenarlos, no para llevarlos a juicio oral, no; ni siquiera considera suficiente el testimonio de veinticinco sobrevivientes para llamarlo a indagatoria. De este tipo de impunidad no se habla en algunos medios. Por ello es nuestro el deber de defender la memoria y vencer la impunidad. Como siempre.

José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

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