Paraguay

País rico y mendigo sometido

José Antonio Vera

21/10/2014

Opinión

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El mapa del territorio paraguayo, tremendamente desnaturalizado en sus 400 mil kilómetros cuadrados de fértil tierra roja, revela un cuarto de siglo de criminal avance de la deforestación, del narcotráfico, del contrabando de toda clase de mercaderías, y del asesinato de cientos de campesinos, indígenas, políticos y periodistas.

Antes de la invasión de esas plagas, el pueblo sufrió 35 años de otra, la de la dictadura del General Alfredo Stroessner, en concubinato con el Ejército y el empresariado del Partido Colorado, tres fuerzas que incursionaron con toda impunidad por innúmeros abusos, crímenes, robos y la persecución ideológica que comandaba Estados Unidos en todo el subcontinente, bajo el sello del Operativo Cóndor, autor de más de 100 mil asesinatos de suramericanos en 20 años de horror y de terrorismo de Estado. Otro tanto sólo en Guatemala e incontables en el resto de Centroamérica.

El exdictador Alfredo Stroessner

En febrero de 1989, Washington decidió que Stroessner, ya octogenario, había cumplido con su misión de mercenario, y lo arrojó del poder como a limón sin jugo, instalando en su sillón a su consuegro y también General Andrés Rodríguez, conocido en el país como el “padrino” en el negocio del narcotráfico, secundado por altos jerarcas castrenses, entre los que destacaba el entonces Coronel Lino César Oviedo, de nefasta trayectoria.

El guion prosiguió con un montaje político suavemente tiránico, maquillado de formal democracia, con libertad de los partidos políticos de “oposición”, autorización vigilada del sindicalismo naciente, y libertad de prensa, más bien de las empresas de comunicación, con unas pocas familias concentrando hasta hoy todos los órganos radiales, televisivos y escritos, y el surgimiento de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), buena parte financiadas por Estados Unidos que, hábilmente, se valió del deseo, ingenuidad y cierto oportunismo de algún militante de izquierda, para cooptarlos con buenos salarios.

Rodríguez, quien en su discurso de Asunción priorizó al Partido Colorado antes que al pueblo paraguayo, terminó legalmente su mandato de cinco años con buena adhesión popular. Luego enfermó, muriendo en una clínica de Estados Unidos, llamando mucho la atención el misterio que rodeó su muerte y la ausencia de toda recordación oficial, siendo que era saludado por su partido y la prensa, como el “padre de la democracia”.

Tiempo después le habría tocado el turno a Oviedo, quien terminó muerto tras estallar su helicóptero y hundirse pedazos del aparato en la tierra. En medio de ambos, una bala en la cabeza del también General Rosas Rodríguez, acabó con la vida del “zar de la droga” en octubre de 1994, en pleno centro de Asunción, cuando se dirigía a entregar un portafolio negro al Presidente de entonces, Juan Carlos Wasmosy, uno de los multimillonarios que parió la binacional hidroeléctrica de Itaipú. Dos señores, de aspecto diplomático, recogieron el maletín, en medio del gentío, y desaparecieron de la escena del crimen. ¿Quemas de archivos? La pregunta anda siempre en el aire, esperando alguna respuesta.

Lo inocultable es que muerto Stroessner, hace unos seis años en su exilio dorado en Brasil, su nombre encabeza la lista de afiliados al Partido Colorado y el estronismo goza de buena salud en bolsones del Estado. El Canciller Eladio Loizaga, de conocida militancia en esa fauna oscurantista, acaba de señalar que “lastimosamente tenemos situaciones externas que vienen hacia acá. Mi visión es que quieren exportar a nuestro país conductas antisociales y antidemocráticas” opinó apoyando la expulsión de Paraguay de un dirigente comunista chileno, detenido en una manifestación de protesta en Asunción.

La prensa difunde todos los días nuevos escándalos financieros en diferentes órganos del Estado, cosa que está bien por un lado, pero por otro sirve para ocultar la despiadada represión campesina y el proceso en marcha de una silenciosa privatización de parte del patrimonio nacional, como ocurre estos días con la omisión del carácter de país colonia corroborado por las migajas que recibe del accionar de los consorcios extractivistas, bajo una estruendosa algarabía mediática gubernamental porque habrían encontrado petróleo en el territorio chaqueño, “que apenas dejaría un 12 por ciento de las ganancias”, según la exministra de Minas y Energía Mercedes Canese.

El culebrón mafioso exhibe estos días imágenes más intensas, cobrando dramaticidad la vida del otrora pasivo pueblo paraguayo, sólo rebelado cuando las fronteras nacionales han sido invadidas, como fue en la Guerra de la Triple Alianza, entre 1864 y1870, enfrentando heroicamente a los Ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, y en la del Chaco, contra Bolivia, 1932/35, o en conflictos y guerritas civiles entre colorados y liberales, motivados por intereses mezquinos, nunca en defensa de la Patria, de su menoscabada soberanía, y mucho menos de un proyecto de país libre y desarrollado.

“Hoy por hoy, estamos viviendo la narcopolítica”, le dijo Santiago Ortiz, Secretario General del Sindicato de Periodistas al Ministro del Interior Francisco de Vargas, en ocasión de reclamar el apresamiento de los asesinos de Pablo Medina, corresponsal del Diario ABC y su asistente Antonia Almada, en el Departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, uno de los nichos de las organizaciones mafiosas.

Ambos comunicadores regresaban de la Comunidad Crescencio González, de unos dos mil labriegos, donde habían fotografiado plantaciones de mandioca atacadas por una plaga desconocida y que podría estar relacionada con las fumigaciones tóxicas que practican los grandes terratenientes sojeros. Meses atrás, un grupo de campesinos se opuso al riego que se operaba desde un tractor, con resguardo policial, y un proyectil le destrozó un ojo. En esos parajes, en el 2002, también fue asesinado Salvador Medina, hermano de Pablo.

El Intendente colorado de la Ciudad de Ypehu, Vilmar “Neneco” Acosta, cercano al Presidente Horacio Cartes, acusado de ordenar ambos crímenes, está prófugo, junto con uno de sus hermanos, preso años atrás por crímenes, quien sería el autor material del ametrallamiento del vehículo de prensa. Los dos mantienen, desde hace años, estrechos vínculos con una diputada colorada, de apellido Villalba, en cuya estancia se habrían escondido, según diversos testimonios.

La policía, muy eficaz en la represión de humildes familias campesinas, ha efectuado estos días varios allanamientos de viviendas de los prófugos y también de allegados. En el domicilio del jefe comunal fueron hallados dos vehículos robados en Brasil y, en uno, restos de marihuana y otras drogas, confirmando su accionar delictivo. A diferencia del accionar abusivo de los uniformados con los labriegos, quienes son llevados a las cárceles por denuncias infundadas, ninguno de los acusados de ambos asesinatos, ha sido encontrado, lo cual provoca la sospecha de complicidades que posibilitan su fuga.

“En el campo, los matones son un ejército legitimado por el Estado, donde los ilegales de todo orden están más libres para actuar con un Presidente denunciado por contrabando, narcotráfico y otros ilícitos”, afirmó Belarmino Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo, en el entierro de Medina.

“Soplan vientos de dictadura”, fue la conclusión del exitoso Séptimo Congreso Nacional de las Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), protagonizado por los Comités de Base de 11 departamentos de todas las regiones del país, que han manifestado en las calles su rechazo a la política privatista del Gobierno de Horacio Cartes y su alianza con las corporaciones transnacionales del agronegocio y su fumigación venenosa de los plantíos, que enferman al ambiente y a las personas, ocasionando ya algunas muertes.

Tres millones y medio de hectáreas de las mejores tierras del país están ocupadas por la soja transgénica, convirtiendo a Paraguay en el tercer productor de la región y el cuarto exportador mundial de esa oleaginosa, para beneficio de una media docena de empresas extranjeras, mayoría estadounidenses, exoneradas de impuestos por el Estado en una corrupta connivencia que les permite depositar en el extranjero sus ganancias que, sumadas a la venta de carne, habrían arrojando unos cinco mil millones de dólares en el 2013, sin revertir ni un mínimo en el desarrollo paraguayo.

Esa oligarquía, con su desprecio por la situación económica y social del país, con dos millones de personas en situación de miseria, un tercio de los residentes (tres millones han emigrado), es la responsable de la política de desigualdades y exclusión, principal causa de la creciente ola de violencia que está bajando desde “el arriba” del poder contra la resistencia popular del campesinado que reclama tierra, y de los trabajadores urbanos de todas las profesiones que se movilizan contra un gobierno empresarial y privatista, autista ante las aspiraciones ciudadanas.

El estudiantado, casi ausente en los últimos años en los reclamos de la calle, ha comenzado a movilizarse y preparar una masiva marcha para este miércoles 23, con la novedad de presentar propuestas para mejorar la educación nacional, con el compromiso de acompañar todas las luchas de los otros sectores de la sociedad.

Verdadera usina de injusticias y represión, los tres poderes del Estado paraguayo caminan sobre la impunidad absoluta, convencida la mayoría de sus miembros de que nada ni nadie podrá impedir que continúe su orgía de acumulación de inmensas fortunas familiares, para pasearla pomposa y provocativamente por el país y la región, y girar el grueso a los paraísos fiscales, coronados como guaridas de buitres.

El Vicario General de Concepción, Pablo Cáceres, afirma que “La narcoganadería ha matado más de mil personas en este Departamento (centro noreste del país) aunque la mayoría de esos crímenes se les cuelga al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)” un presunto grupúsculo de jóvenes que habrían optado por la lucha armada, presentados a diario por el Gobierno y la prensa comercial, como una terrible organización terrorista y una guerrilla marxista, sin que se haya registrado nunca un enfrentamiento guerrillero.

En un reciente informe de Hugo Valiente, uno de los abogados de las decenas de campesinos presos distribuidos por todo el país, se lee que “se ha entablado una guerra por la posesión de la tierra” en la cual 100 de los 115 labriegos asesinados en las dos últimas décadas, han caído en los Departamentos del Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Concepción e Itapúa, en la línea fronteriza con Brasil.

En 1991, Santiago Leguizamón, de valiente enfrentamiento con el narcotráfico, encabezó la lista de una docena de periodistas asesinados, cuatro este año. Cayó en Pedro Juan Caballero (Amambay), la ciudad paraguaya con más muertes violentas, que exhibe numerosas universidades privadas y donde al precio de 15 mil dólares, se puede comprar un título de Doctor en Medicina. Tras colgarlo de la pared de lo que podría ser un consultorio, su titular puede comenzar a ejercer (matar) en el sector privado, además de utilizarlo como carta de figuración social, con plena fidelidad al juramento hipocrático.

Un mundo asentado en la explotación y miseria del campesinado, mezclando inmensos plantíos de soja, marihuana detrás o en el medio, algún pequeño laboratorio rural para tratar la cocaína y otros productos, “todo bajo el control de comandos sicarios con el sello de guardias civiles, protegidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas Policía-Ejército”, de acuerdo con Marcial Gómez, Sub-Secretario General de la Federación Nacional Campesina.

“Los terratenientes brasileños hacen aquí lo que no pueden hacer en su país, y además de los grupos de capangas que traen, reclutan trabajadores paraguayos en situación de miseria, para centinelas en el empaquetado de cigarrillos, con insumos brasileros, en una manipulación delictiva”, supervisada por especialistas en el terrorismo y la represión, provenientes de Estados Unidos, Israel y Colombia.

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