Complejo panorama es el que vive actualmente el movimiento mapuche al sur de Chile. Con nueve comuneros presos que estuvieron en huelga de hambre —cuatro mantuvieron la huelga por más de 60 días—, junto a violentos enfrentamientos entre comunidades mapuche y fuerzas policiales en el sur del país, el gobierno de Sebastián Piñera firmó el 8 de octubre un decreto supremo que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en la comuna de Ercilla, decreto que fue aceptado por 37 de las 42 comunidades de la zona.

Las ADI fueron establecidas por la Ley Indígena de 1993, y son definidas como “espacios territoriales en los que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”. De acuerdo con lo señalado por el gobierno, las ADI contemplan programas de adquisición de tierras, asesorías para plantaciones agrícolas, apoyo para el desarrollo de emprendimientos, recursos para mejorar la infraestructura vial y de salud.

Piñera señaló a la prensa que con el ADI se cumple la promesa de generar caminos de diálogo como única vía para solucionar el conflicto mapuche.

“Este es el camino que nos va a dar frutos, el camino del diálogo, el camino de la acción, no el de la violencia ni el de los atentados”, dijo Piñera. “Por eso, con la misma fuerza reitero mi compromiso de luchar con todas las armas del Estado de Derecho, contra los delincuentes y los violentistas que lejos de favorecer, solamente causan daño y dolor a la causa del pueblo mapuche y a la causa de nuestro país”.

Sin embargo, cinco comunidades de Ercilla, a unos 600 km al sur de Santiago, no aceptaron ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por el gobierno, entre las cuales están la Comuna Tradicional de Temucuicui y la comunidad Wente Winkul Mapu. Es en esta última localidad de donde son originarios los comuneros presos Erick y Rodrigo Montoya, Paulino Levinao y Daniel Levipan, quienes estuvieron en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 27 de agosto hasta el 25 de octubre. Levinao y Levipan fueron condenados en agosto pasado a penas de 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado de Carabineros y 541 días por porte ilegal de arma de fuego en la comuna de Ercilla en noviembre de 2011, mientras que los otros dos comuneros están siendo procesados por otros delitos.

Con la huelga de hambre, los presos políticos mapuche en Angol buscaron la anulación de los juicios por parte de la Corte Suprema y demandaron además “la aplicación del Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo], la devolución total del territorio que hoy están ocupando las empresas forestales y los latifundistas, y la desmilitarización de las comunidades”, según informaron en comunicados emitidos desde la cárcel.

Después de mantener por más de dos meses esta medida de presión, la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto el juicio contra Levinao por el delito de homicidio frustrado en contra del general de Carabineros Iván Bezmalinovic y ordenó realizar un nuevo juicio oral de este proceso atendiendo la falta de fundamentación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, manteniéndose la condena de 541 días de presidio, por porte ilegal de armas. La sentencia contra Levipán se anuló, determinando una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional de la pena y se ordenó su puesta en libertad una vez que se notifique de la sentencia al tribunal de primera instancia.

Por su parte los cinco comuneros que mantenían la huelga en el penal de Temuco bajaron su medida de presión unos días antes que los comuneros de Angol, una vez que la directora del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Friés, lograra un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para trasladar a los comuneros a la cárcel de Angol en donde se encuentra el resto de los presos políticos mapuche.

“Hay cuatro hermanos mapuche en la cárcel de Angol [a 45 kilómetros de Ercilla], en la cual dos de ellos han sido condenados injustamente por testigos pagados por el Ministerio Público, más dos que están a la espera de juicio oral, en el que con testigos protegidos, quieren condenar a nuestra gente. Al gobierno no le conviene hablar de esta situación”, denunció Jorge Huenchullán, werkén (vocero) de la comunidad de Temucuicui.

Para Huenchullán, el ADI “es parte de la estrategia del Ejecutivo para ocultar el verdadero conflicto, que se enfoca en la devolución total de los terrenos demandados por las comunidades y para ocultar una serie de atropellos de violencia y de negación de las movilizaciones que estamos llevando las comunidades mapuche aquí en Ercilla. Los mapuche no estamos luchando para que empiece una serie de asistencialismo para nuestra gente, por eso repudiamos la ADI, no tiene validez para nosotros”.

Historia del conflicto

El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche se agudizó en 1974 con la promulgación por la dictadura militar [1973-90] del decreto 711 para la promoción de la industria forestal que puso fin a la propiedad comunitaria indígena. Los sucesivos gobiernos utilizaron una ley antiterrorista de 1984 para responder a la resistencia del pueblo mapuche.

En 1997, en un momento histórico en que el pueblo mapuche se encontraba debilitado, lo cual impedía avanzar en la recuperación territorial, un grupo de comunidades y lonkos (autoridades tradicionales) dieron forma a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco, Malleco y Cautín, que posteriormente tomó el nombre de Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“En ese sentido la CAM da un paso adelante al definir una nueva forma de hacer política que tiene que ver con el paso de una acción institucional a una acción directa de sabotaje como arma política. Se da el salto en el sentido de que no se debe esperar nada de un Estado que nos ha condenado a 100 años de ocultamiento y discriminación, avanzando hacia la creación de un proyecto político propio y autónomo”, señala el werkén de la CAM, que por seguridad mantuvo su nombre en reserva.

“El territorio y la autonomía pasan a ser los ejes fundamentales de la CAM”, agrega el werkén. “Esos dos ejes son conjugados en la práctica de ejercer el control territorial: recuperando los territorios y trabajándolos, generando en esos territorios prácticas culturales, políticas y económicas como mapuche. La autonomía es un orden y una forma de trabajar disciplinadamente. Y como proyecto político tiene que ver con cómo el pueblo mapuche se desarrolla al margen del Estado”.

En el año 2002 comenzó una etapa del movimiento mapuche que el historiador Fernando Pairican denomina entre la “presión y la sombra”, periodo en que se tomaron detenidos a comuneros mapuche.

“Hasta ese año no había presos políticos sentenciados ni se les había aplicado la ley antiterrorista. Así, empezó un momento —que no ha parado— donde por demandas políticas del movimiento mapuche [los comuneros] terminaron presos y eso generó la respuesta obvia que es la resistencia desde la cárcel como la huelga de hambre”, explica. “La frontera que históricamente separaba a Chile de las zonas mapuche al sur del río Bío-Bío tiene otros códigos y la justicia se aplica de otra forma, hay una aplicación racista de la ley en la Araucanía, donde sus habitantes no son seres humanos, son indios, es la continuidad del siglo XIX”.

En julio del 2010, el conflicto entre el gobierno de Piñera y los mapuche se agudizó a raíz de una huelga de hambre protagonizada por cuatro presos mapuche que formaban parte de la CAM, incluyendo a su líder, Héctor Llaitul, contra la aplicación de la ley antiterrorista en sus casos. Ya para la fecha existía un punto común en las demandas mapuche que tenía que ver con la necesidad de recuperar los territorios ancestrales, usurpados por el Estado y empresas transnacionales.

“Lo que hoy más atormenta al pueblo mapuche es la pérdida de los territorios sagrados; eso conlleva ríos y cementerios. Con los proyectos hidroeléctricos y mineros los territorios en más peligro están al sur de Valdivia hacia la precordillera y la costa de Osorno, que son los dos entes que dan la fuerza a las comunidades, el sentir mapuche. Esas zonas quieren ser inundadas por centrales hidroeléctricas”, denunció la joven machi Millaray Huichalaf, del sector del Roble Carimallin.

Lucha por el territorio

Las comunidades mapuche ven con desconfianza las propuestas del gobierno, porque intentan ocultar el conflicto de fondo: la lucha por el territorio.

“Claramente se continúa con las políticas de llevar el conflicto a otro ámbito y no se está viendo el trasfondo de por qué el mapuche hoy está en conflicto, que es por la tenencia de la tierra. Se quiere institucionalizar el conflicto y llevarlo a una negociación, pero la tierra no se puede negociar porque la tierra es una madre; uno no vende a la madre”, señaló Huichalaf.

A criterio de Pairican, “lo que está haciendo el gobierno es configurar una triada que implica modelo económico [liberalismo], sistema político y autonomía. Están mirando aquellos países como Canadá y EEUU donde las autonomías indígenas neoliberales han dado resultado sin afectar el capital. Son experiencias donde modelo y autonomía son compatibles, a través del multiculturalismo, algo que planteó [la ex presidenta Michelle] Bachelet [2006-2010] en su gobierno. Tengamos autonomía pero neoliberal”.

Sin embargo, este modelo de autonomía neoliberal es rechazado por dirigentes indígenas, ya que el proyecto político mapuche es incompatible con el capitalismo.

“No estamos solamente frente a una lucha política sino que también es una lucha ancestral, ya que el pueblo mapuche por esencia es anticapitalista”, afirma Huichalaf. “Por eso, cualquier otra forma de organizarse es peligroso para este sistema. Hoy nos estamos levantando con una clara convicción, con un fundamento político, social y espiritual, como un pueblo integral”.