La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dejó dos vacíos que luego resentirían la vida política del país. Uno, fue el relacionado con la seguridad, en particular de las fuerzas militares. Otro, la restricción de la revocatoria del mandato solo a gobernadores y alcaldes. La que hiciera del congreso de ese momento dejó, en gran parte de la ciudadanía y de la opinión pública del país, un sabor amargo. Porque alentó la idea de que también debía haberla incluido como mandato dentro de la constitución que producía.

Sabemos que la revocatoria de alcaldes y gobernadores ha sido un imposible. Tanto por los requisitos establecidos en la ley de mecanismos de participación ciudadana, el amplio poder de quienes tienen el control del gobierno para frenarlo, la connivencia de partidos políticos con la corrupción o el despilfarro, y la ausencia de una mayor conciencia y organización ciudadanas y sociales. Sin embargo, de todas maneras es un mecanismo que está allí y que aviva en la sociedad civil la posibilidad de establecer controles al ejercicio del gobierno.

La experiencia reciente, relacionada con la reforma a la justicia, dejó en amplios sectores de la sociedad frustración e impotencia por no tener la opción de radicalizar la protesta hasta lograr la revocatoria del congreso. Porque, lo menos que se podía esperar era que siquiera los miembros de la comisión de conciliación asumieran el costo político y renunciaran a su investidura. Aunque con ello se hubiera relegado la responsabilidad de una gran mayoría de congresistas que, a conciencia de lo que estaban votando, le dieron respaldo a la reforma.

Es cierto que la revocatoria del congreso en 1991 no produjo una transformación en la posterior elección que se hiciera para renovarlo. Los mismos caciques políticos y candidatos respaldados por el narcotráfico fueron de nuevo quienes retomaron las riendas del parlamento para perpetuarse en él. Argumento suficiente para la defensa de algunos de la tesis del sin sentido de una reforma constitucional que le de ese mecanismo al pueblo. Planteamiento que se cae por su peso cuando encontramos reacciones de la ciudadanía, organizaciones y redes sociales, y partidos de izquierda como las que dieron al traste con ese engendro de reforma aprobada.

No podemos seguir alimentando el olvido, como suele suceder con la larga estela de violencia que campea en el país. Produce pánico la sospecha de que la formación del próximo parlamento; todavía a poco menos de dos años para su renovación, consagre de nuevo con esa investidura a quienes han demostrado legislar a favor de sus propios intereses, la impunidad y la corrupción. Pero como, generalmente, la memoria ciudadana se vuelve débil, y es importante que se tengan los mecanismos para poder establecer los controles a quienes así actúan, se vuelve perentorio avanzar en un referendo que reforme la constitución habilitando el poder ciudadano para revocar el congreso. Paños de agua tibia, dirán unos; indiscutiblemente, un refuerzo del poder popular.

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