Las políticas de ciudadanía universal y de subvención económica frente a su mercado laboral
17/01/2012
- Opinión
Para aquellos que desconocen sobre el concepto de “ciudadanía universal, es una idea relacionada a la extensión o ampliación de derechos. Desde un enfoque más ejemplificado y relacionado específicamente con la inmigración extranjera a Panamá. Es el otorgamiento de derechos que realiza el Estado panameño nacionalizando a los extranjeros (que se encuentran indocumentados), los cuales son reconocidos como ciudadanos con derechos iguales a los panameños. De ese modo, dichos extranjeros reconocidos legalmente obtienen todos los derechos, incluyendo el derecho al empleo. En ese caso, apoyando la opinión del investigador Tola Valdés (2011), a simple análisis se comprende que la importación de mano de obra extranjera ha servido para el desarrollo y crecimiento económico de muchos países, entre esos Panamá.
Cabe mencionar, en el tiempo que ha transcurrido la gestión del presente gobierno se han nacionalizado más de 17,500 extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüense, dominicana, y estadounidense (SNM, 2011). A pesar, que la política se percibe como positiva en materias de seguridad, normalización del status migratorio de los extranjeros y su aseguramiento de derechos dentro del territorio. Ese hecho, puede llegar a ser preocupante.
En otro punto, existe la aplicación de políticas de subvención económica hacia determinados sectores de la población. Donde el gobierno, “tal vez” sin darse cuenta y cumpliendo los lineamientos de políticas de consenso internacional está perjudicando a la misma población panameña a la que destina algunos de esos beneficios económicos. Ahora bien, entre esos beneficios que pueden llegar a ser positivos siempre y cuando, se apliquen de manera adecuada; se encuentran los siguientes: “los 100 a los 70”[1]; las “Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)”[2]; y el “Programa de Beca Universal”[3]; entre otras más. En su conjunto, son políticas que benefician económicamente a la población a la que va destinada; pero sin embargo, realizando un análisis simple sumatorio eso puede equivaler a un salario o ingreso económico familiar mensual (suponiendo que una familia puede llegar a estar constituida bajo un mismo techo por: adultos mayores por encima de los 70 años de edad; una madre soltera; y sus hijos). En ese sentido, la política puede llegar a ser positiva, siempre y cuando, su aplicación no recaiga en una acción populista. Donde no existe la intención de la transferencia de información para el uso adecuado de ese dinero; el cual puede ser la autogestión que contribuya a mejorar o alcanzar buenos niveles y calidad de vida.
Asimismo, esos beneficios otorgados por el Estado pueden estar ya percibidos por la población, como derechos legítimos. Donde una vez, sí estos se suspenden pueden generar antagonismos; lo cual provocaría la formación de nuevos movimientos sociales.
Pero el caso también es que esos beneficios económicos ya estén generando una población asentada, y acomodada; es decir, holgazana. Esto último, contribuyendo de forma negativa a reproducir una población con una mentalidad adversa a trabajar, y que ya no desea llenar las vacantes laborales destinadas a mano de obra no calificada.
Ahora bien, dichos beneficios económicos ¿Hasta cuándo permanecerán?; los posteriores gobiernos electos ¿Continuarán dichas políticas?; y si no, ¿Qué sucederá después?...
Sin embargo, el actual gobierno ha optado por una solución que realmente aparenta resolver varios problemas. Dicha solución, ha sido nacionalizar a los extranjeros indocumentados; es decir, concederles “ciudadanía universal”; lo cual aparenta resolver los siguientes problemas: 1) bajar el índice de indocumentados extranjeros dentro del territorio nacional; 2) Aumentar la mano de obra no calificada para que llenen los espacios laborales disponibles, y exigidos por los medianos y grandes empresarios; 3)Recoger fondos rápidamente para seguir gestionando y financiando sus mega proyectos; y por último, 4) los nuevos ciudadanos formen parte de la población que pagan impuestos formalmente.
- Andrés Barrios Lópezes magíster en Ciencias Sociales por la FLACSO (Guatemala); Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Panamá; y actualmente investigador y docente.
[1] Consiste en la entrega de B/ 100.00 balboas a personas mayores de 70 años de edad, que no gozan de una jubilación o pensión laboral formal.
[2] Es una política subalterna que forma parte de la política denominada “Red de Oportunidades”. Dicha política subalterna, consiste en la transferencia de dinero a mujeres-jefas de familias consideradas en situación de extrema pobreza; las cuales ellas deben invertir dicho dinero en función de satisfacer las necesidades básicas.
[3] Es la entrega monetaria de B/ 180.00 balboas anuales a cada uno de los estudiantes de escuelas primarias y colegios secundarios públicos con la finalidad que el dinero sea destinado a sufragar los gastos relacionados a la actividad escolar.
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