El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, confirmó el lunes que no se ha registrado a muertos ni desaparecidos en la acción policial que la víspera disolvió la marcha de originarios de 20 de las 64 comunidades que habitan la reserva Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

 

    "Acabo de conversar con el comandante general de la Policía boliviana (Jorge Santiesteban) que me ha informado que no existe ningún reporte, por lo menos de parte de la Policía, de personas desaparecidas ni de que habrían menores, como lo han informado medios, fallecidos", sostuvo durante una conferencia de prensa en La Paz, donde insistió en que la acción policial de la víspera, cerca de Yucumo, apuntó a evitar choques "entre civiles" de "consecuencias impredecibles".

 

    Llorenti, que explicó reiteradas veces que la fuerza pública fue desplazada sobre Yucumo y sus alrededores por "requerimiento fiscal", expedido en La Paz, ante una espiral de violencia creciente desde el sábado entre los marchistas, que mantuvieron por horas retenido al canciller David Choquehuanca, anunció, asimismo, sanciones a quienes hayan incurrido, entre los uniformados, en desmanes contra los indígenas marchistas.

 

    "En caso de que se hubiera cometido algún abuso al margen de los que establece la autoridad competente, entonces, por supuesto, esos abusos, tendrán que ser individualizados, procesados de acuerdo a nuestros ordenamiento jurídico", sostuvo.

 

   La Policía también dispersó a grupos de colonos apostados en Yucumo, ante la potencialidad de un choque con los marchistas contra el proyecto oficial de tender la vía de 306 km entre los departamentos inconexos de Cochabamba y Beni.

 

    El subcomandante de la Policía, Oscar Muñoz, informó la víspera que no existen detenidos, a contrapelo de los 15 uniformados alcanzados por cortantes y punzantes y objetos contundentes.

 

    Dispersados hacia el final de la tarde, los marchistas, galvanizados por la Central Indígena del Oriente Boliviano, la Asamblea del Pueblo Guaraní y una fracción del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo, los marchistas fueron trasladados a San Borja y, tras la resistencia de la población de esa ciudad amazónica, alojados finalmente en Rurrenabaque, en la frontera de Beni con La Paz.