En el mundo de la teoría y la práctica política, hay acuerdos y consensos.

 

Los acuerdos son de corto plazo y comprometen a las fuerzas políticas involucradas.  Los consensos son de mediano o largo plazo y comprometen a las fuerzas y sectores sociales.

 

El Perú necesita acuerdos y consensos.

 

Los acuerdos, los compromisos entre fuerzas políticas distintas, no deberían obstaculizar los consensos entre fuerzas sociales porque la sostenibilidad, es decir, la duración y legitimidad de los acuerdos, no reside en ellos mismos sino en los consensos.

 

Sin los consensos, los acuerdos acaban en simples componendas.  Entre las dos candidaturas que disputarán la segunda vuelta es imposible el acuerdo.  No se puede ni se debe pactar con ladrones de fondos públicos y privados.  Cualquier acuerdo con el fujimorismo político significaría un acto de receptación, es decir, un delito.

 

Sabedores de eso, los hombres de los poderes fácticos siguen presionando a Ollanta Humala para hacerlo pasar por el aro.  Antes querían “toledizar” a Humala, pero Toledo ya es parte del pasado.   Ahora quieren “fujimorizarlo”.  Fujimorizarlo significa obligarlo a decir que no tocará el modelo económico, que no afectará el poder de los grandes medios, que no pondrá impuestos a las mineras, en fin.  Todo deberá seguir igual con la diferencia de que habrá otro inquilino en el Palacio de Gobierno.  Los medios y voceros de los poderes fácticos trasladan sus temores, odios e intereses a los demás.  Pero se equivocan.

 

Los votantes del fujimorismo, como los de Toledo y Castañeda, perdedores de la primera vuelta, son gente del pueblo, muchos están en los sectores C y D.  Si los líderes fujimoristas pretenden la supervivencia de las mafias, los votantes de Fujimori y Castañeda quieren programas sociales y obras públicas, acción asistencial y asistencialista del Estado.  Hospitales de la solidaridad, escaleras en los cerros, carreteras para las comunidades, colegios, pensiones para los viejos, programas sociales.  Sobre todo, quieren empleo.

 

El programa de “No a Chávez, no tocar a los canales de televisión ni a las mineras” los tiene sin cuidado.  Son líos de blancos.  Por eso, el blanqueo ante los grupos de presión y la derecha pueden tener sentido para los grandes electores, pero no importan necesariamente a los millones de electores que quieren un Estado social (como debería ser, además).

 

Levantar el veto de la derecha económica no lleva necesariamente a ganar el electorado que vota por la derecha.  Para llegar al gobierno puede ser necesario lograr que el semáforo de los dueños del país cambie de rojo a verde.

 

Pero para gobernar y aun antes para ganar las elecciones es necesario lograr dos consensos.

 

El primero es el consenso social.  Que la gente sepa que se puede convertir el actual Estado protector de las empresas en un Estado de servicios sociales.

 

El segundo es un consenso multi e intercultural.  Gobernar no sólo para Lima sino para provincias, no sólo para la costa sino para la sierra y selva.

 

La democracia de los políticos debe convertirse en democracia del pueblo.  Eso significa una política de reconocimiento de los ignorados por el oficialismo de todos los colores.

 

El Perú necesita un consenso entre costeños, serranos y amazónicos, criollos, indígenas y afrodescendientes, hombres y mujeres.  Un país de todas las sangres debe tener un sistema político y una política de todas las sangres.

 

El problema es que eso lleva al equilibrio de la compleja balanza peruana del poder que ahora tiene todas las pesas puestas en el platillo de los ricos.  Es decir, equilibrio social, justicia social.

 

- Héctor Béjar es Abogado y Sociólogo, Candidato a Doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. www.hectorbejar.com