Después de aprobada la Constitución de Montecristi, cuando la Asamblea empezó a debatir y elaborar las nuevas leyes que regirán el destino del país, el Gobierno de la Revolución Ciudadana fue poco a poco, y últimamente de forma acelerada, mostrando su verdadera identidad político-ideológico. Ya no queda duda alguna del proyecto político burgués-oligárquico que lleva adelante Alianza País y de la ideología neocolonial y racista que lo acompaña. Las últimas cadenas nacionales que ha puesto a circular el gobierno en contra de la movilización indígena y popular por la defensa del agua y de la vida, no muestra otra cosa que el verdadero sentido de la llamada Revolución Ciudadana, que en rigor debería ser llamada Ciudadanía del Siglo XXI. Es decir, un “cambio” que instaura el derecho y la disposición de participar en la nueva articulación del capitalismo mundial, en las viejas y nuevas lógicas de acumulación, que exigen de las periferias, como siempre, la entrega irrestricta de sus bienes naturales, sociales y  humanos .

En las últimas cadenas nacionales, en torno al conflicto desatado por la ley de agua, el gobierno ha dejado claro en contra de quien está y a quien considera su enemigo. Lejos está aquella época en la que el gobierno quería mostrar como el enemigo de su “revolución” a la oligarquía nacional y a la burguesía internacional, ahora su discurso y su política represiva deja en claro que su principal enemigo es el movimiento indígena-campesino junto a los otros sectores populares organizados. El discurso del gobierno busca interpelar a la población y conseguir su apoyo recurriendo a viejas estrategias discursivas del poder colonial y oligárquico muy usadas y conocidas a lo largo de la historia de este país y de América Latina. Una vez más se quiere usar el argumento racista de que los indios: o son muy pocos o, siendo muchos, son inferiores y por lo tanto no tienen que opinar sobre las decisiones que afecta a una “mayoría” blanco mestiza “superior”. Repiten y repiten que los indios no son el país, ¿entonces quién es el país? ¿Acaso las transnacionales mineras y petroleras o ¿quizás los empresarios que se han adueñado del agua como es el caso de Interagua, u otros que usas los bienes naturales como propiedad privada? ¡¡¡Por favor!!! En éste país la mayoría de la población somos indios, negros, montubios; la mayoría somos pequeños y medianos campesinos, y sobre todo, la gran mayoría somos trabajadores asalariados.

Este no es un país de ciudadanos, no nos hemos creído el cuento de la participación ciudadana que estos últimos años ha servido únicamente para legitimar las decisiones tomadas por un pequeño grupo de ciudadanos (propietarios privados de los medios de producción nacionales) al mando del ciudadano presidente. No hemos creído la trampa de la participación de una ciudadanía abstracta y atomizada, menos aún cuando tenemos una larga historia de organización política e ideológica del pueblo, cuando somos herederos de gestas populares que han peleado en contra de los intereses coloniales y neocoloniales del capital.

Hoy para el régimen la lucha del pueblo indígena y campesino es un acto de barbarie y terrorismo, cuando en los primeros meses de su gobierno las mismas manifestaciones que derrocaron a anteriores gobiernos eran consideradas justas exigencias populares. ¿Qué paso? ¿Qué cambio?  En la lucha popular nada, el pueblo subordinado, violentado, humillado a lo largo de la historia siempre ha resistido y ha luchado con las únicas armas que tiene para enfrentar un poder totalitario, su organización política, su deseo de otro mundo y su movilización callejera. El que ha cambiado es el Gobierno, la implementación de su proyecto burgués-capitalista le obliga a sincerar su discurso y armonizarlo con su política económica y con su práctica represiva.

En el gobierno de Alianza País se puede observar las mismas prácticas políticas de los peores gobiernos de los últimos 30 años. El mismo autoritarismo racista y anti popular de la época de Febres Cordero; la misma política divisionista que buscaba fragmentar a las organizaciones sociales y populares que tuvo el gobierno de Gutiérrez, incluso se está utilizandolas contra marchas que intentan enfrentar al pueblo contra el pueblo, como sucedió cuando Gutiérrez trajo población de la Costa para oponerla a la población que se movilizaba en Quito. La última amenaza del presidente Correa es movilizar a las “bases” indígenas en contra de sus dirigentes, insinuando además que la dirigencia indígena no tiene respaldo de sus bases, cuando en realidad lo que se busca es enfrentar al pueblo indígena entre sí. Se ha desplegado toda una política represiva bajo el argumento racista de que los indígenas son violentos, bajo el argumento burgués de que es necesario defender la “sagrada” propiedad privada; ambas explicaciones usadas por el poder colonial y el poder burgués en contra de la lucha popular. Se quiere aplicar a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores la ley antiterrorista concebida por el imperio norteamericano, a quien supuestamente el Gobierno critica. En fin, todas estas prácticas han sido usadas por el poder como forma de dominación política de la población.      

Despejado el escenario político, queda claro que el gobierno de Alianza País de revolucionario no tiene nada, por lo tanto no hay duda de que aquella idea de un gobierno en disputa no tiene sentido alguno; así, las cosas vuelven a estar claras para la izquierda. No es posible no oponerse y mucho menos seguir apoyando un gobierno neocolonial y racista que trabaja para el capital mundial en nombre de una revolución que nunca existió, pues ni siquiera hubo una intención real de poner en marcha un proyecto desarrollista que, dicho sea de paso, no tiene posibilidades reales de implementarse, no solo por la estructura del capital global, sino principalmente por el límite ecológico al que nos enfrentamos. La única opción para la izquierda, que no ha renunciado a la idea de la revolución, no es otra que apoyar la movilización indígena-campesina-popular, e ir hacia la construcción de un bloque popular plurinacional o, como ya se ha dicho, a la construcción de un parlamento plurinacional de los pueblos que  transite hacia la creación de Otro Mundo, realmente Otro, y no al reciclaje funcional del Capitalismo en cualquiera de sus formas.

- Natalia Sierra, socióloga, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.