Cual reflejo condicionado, el violento terremoto que asoló Chile el 27 de febrero causó preocupación en el Perú, despertó conciencias dormidas e incluso desató decisiones políticas, algo que también ocurrió hace casi tres años tras el sismo que devastó la costa del centro-sur del Perú el 15 de agosto del 2007 y que causó la muerte de 500 personas.

 

Pocos días después del sismo chileno, el presidente Alan García anunció un “Plan Nacional de Prevención contra Sismos” y la compra de un sistema de alerta local para prevenir tsunamis.

 

Esto último había sido demandado hacía meses por Ronald Woodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú, sin que el Ministerio de Economía, el Congreso y el resto del Ejecutivo atendieran el pedido, a pesar de que luego del terremoto del 2007 existió peligro de tsunami.

 

“La verdad es que en estos asuntos seguimos siendo básicamente reactivos”, dice Pedro Ferradas, encargado del programa de prevención de desastres de la organización de apoyo técnico y desarrollo sostenible ITDG-Soluciones Prácticas.

 

Para este especialista en prevención de desastres, sin embargo, el problema es más complejo que adquirir nuevas tecnologías que, siendo importantes, no curan los vacíos institucionales. Un problema, entre varios, añade, es la “falta de criterios unificados” para enfrentar una emergencia sísmica. Hay más de una versión de lo que hay que hacer.

 

 

Ferradas anota que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), órgano rector del Sistema de Defensa Civil (SINADECI) en el Perú, debería haber determinado ya cuál es el sistema aceptado, socialmente y por las autoridades, para enfrentar un sismo.

 

“Es una autoridad vertical, que funciona de arriba hacia abajo, pero que tiene deficiencias”, sostiene.

 

El INDECI fue creado en 1973, en tiempos del gobierno militar (1968-80). Su jefe máximo siempre ha sido un militar y su estructura en sí, según Ferradas, guarda esa impronta.

 

“En las últimas gestiones, a partir del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se ha mostrado una mayor apertura, aunque eso no basta”, apunta.

 

Además, el asunto es de importancia literalmente vital ya que, tal como lo recuerda José Sato, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), en el Perú hay varias amenazas constantes y latentes. La principal de ellas, afirma, son los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones, sequías y huaycos (palabra quechua para designar aludes de tierra y agua).

 

Pero también están el fenómeno de El Niño y terremotos como el de agosto del 2007 al que le siguió una lenta y caótica distribución de la ayuda. Hasta ahora hay continuos reclamos por lo lento de la reconstrucción, especialmente la devastada ciudad de Pisco, que no ha marchado al ritmo prometido por el gobierno de García.

 

“Nuestra mayor vulnerabilidad es la pobreza”, anota Sato, para poner en evidencia que los desastres no son naturales, como se proclama, sino sociales. La falta de coordinación y los vacíos institucionales caen sobre un escenario marcado por la falta de calidad de vida de la población y por la falta de una autoridad que evite desbordes sociales de imprudencia.

 

Mucha gente en el Perú construye su vivienda sobre suelos arenosos en la costa —donde viven dos tercios de la población—, de manera precaria, o se asienta en el cauce de los ríos, al alcance de cualquier crecida.

“La falta de un vínculo más fluido entre los municipios y la Defensa Civil provoca estos escenarios”, explica Ferradas, con preocupación por la manera como proliferan estos descuidos.

 

De acuerdo con la ley vigente, todo municipio debe tener un Comité de Defensa Civil, presidido por el alcalde e integrado por otras autoridades —policiales, eclesiásticas y de otros sectores gubernamentales—, así como por organizaciones de la sociedad civil. Existe, además, un secretario técnico, que es además jefe de la Oficina de Defensa Civil distrital.

 

En los hechos, sin embargo, y como coinciden Ferradas y Sato, el puesto a veces es asumido por personas que no están capacitadas para el cargo o se le endosa a un funcionario que tiene otros deberes. Con ello, la antesala para que se otorguen licencias de construcción en sitios indebidos y otros desvaríos está lista. Y el riesgo crece.

 

En febrero de este año, numerosos turistas quedaron varados en Aguas Calientes, localidad cusqueña que está al pie del sitio arqueológico de Machu Picchu. Una turista argentina y un guía murieron arrasados por un huayco en una temporada de intensas lluvias en la que dicha ruta resultaba especialmente peligrosa.

 

Por la misma época, las localidades cusqueñas de Zurite y Taray también sufrieron inundaciones y huaycos. En esta última localidad llegaron a morir al menos siete personas. Estos dramáticos casos evidencian que la gestión de riesgos en el Perú es aún débil, insuficiente o, como dice Ferradas, “no está incluida en los planes de desarrollo”.

 

Sato agrega que no debería esperarse estas desgracias para reaccionar, que la gestión del riesgo debería ser algo “del día a día” y que la propia población debería involucrarse más. Esa mayor anticipación dependería, entonces, de los planes educativos, algo que el Ministerio de Educación tiene en cuenta, pero que en los colegios es algo relativo.

 

Depende, como observa Ferradas, de los liderazgos que surjan en las propias escuelas y de que se tome en serio los simulacros y otras medidas preventivas. De hecho, resultó muy sintomático que, sólo después del anuncio de García sobre el “Plan Nacional de Prevención contra Sismos”, este ministerio anunciara un cronograma de simulacros.

 

Es posible que éstos estuvieran previstos, pero, en todo caso, se conocieron casi repentinamente, después del terremoto de Chile. Lo claro es que los años pasan y que la gestión del riesgo en el Perú es todavía una asignatura pendiente para las autoridades y la ciudadanía, que sigue guardando en su memoria varias tragedias de gran magnitud.

 

La peor de ellas fue el terremoto de Ancash, acaecido el 31 de mayo de 1970, que causó decenas de miles de muertos debido a que generó un aluvión que sepultó casi por completo la ciudad de Yungay. Hoy, 40 años después, se habla de un probable sismo de enorme intensidad en Lima como acto reflejo de un terremoto vecino, pero sin que la gestión del riesgo sea pan de cada día.

 

Fuente: Noticias Aliadas