La reconstrucción de la democracia en Brasil, ha exigido,  desde hace treinta años, enormes sacrificios de los trabajadores. Desde la reconstrucción de sus organizaciones, destruidas por dos décadas de represión de la dictadura militar, hasta la invención de nuevas formas de movimientos y de luchas capaces de responder el desafío de enfrentar una de las sociedades más desiguales del mundo: esto ha implicado, también, presentar a los herederos e la cultura esclavista de cinco siglos, los trabajadores de la ciudad y del campo, como ciudadanos y como participantes legítimos no solo de la producción de la riqueza del país (como ha ocurrido siempre) , sino también como beneficiarios del reparto de la riqueza producida.

 

El odio de las oligarquías rurales y urbanas no pierde de vista ni un solo dia, uno de esos nuevos instrumentos de organización y lucha creados por los trabajadores brasileños a partir de 1984: el Movimiento e los trabajadores Rurales sin Tierra-MST. Y ese Movimiento paga diariamente con sudor y sangre- como ocurrió hace poco en Río Grane do Sul, por su osadía de cuestionar uno de los pilares de la desigualdad social en el Brasil: el monopolio de la tierra. El gesto de levantar su bandera en una ocupación, se traduce en una frase simple de entender y por eso, intolerable a los oídos de los señores de la tierra y del agronegcio. Un País, donde el 1% de la población tiene la propiedad del 46% del territorio, defendida por cercas, agentes del estado y matadores de alquiler, no lo podemos considerar una República. Y aún menos, una democracia.

 

La Constitución de 1988 determina que los latifundios improductivos y las tierras usadas para la plantación de materias primas para la producción de drogas, se deben destinar a la Reforma Agraria. Pero, desde la aprobación de la nueva Carta, los sucesivos Gobiernos, han evitado su cumplimiento. La osadía del MST de garantizar esos derechos conquistados en la Constitución, presionando a las autoridades a través de ocupaciones pacíficas, se suma otra osadía, igualmente intolerable para los señores del gran capital del campo y de las ciudades: la disputa legitima y legal del Presupuesto Público.

 

En cuarenta años, desde que se creara el INCRA (1970), casi un millón de familias rurales se han asentado. Más de la mitad, entre 2003 i 2008. Para viabilizar la actividad económica de esas familias, para integrarlas en el proceso productivo de alimentos y divisas en el nuevo ciclo de desarrollo, es necesario impedir la disputa diaria por los recursos públicos. De ahí sale el odio de los ruralistas y otros sectores del gran capital, habituados desde siempre al acceso exclusivo a los créditos y subsidios y a la condonación periódica de sus deudas.

 

El compromiso del gobierno de examinar los criterios de productividad para la agricultura brasileña, responde a una bandera de cuatro décadas de luchas de los movimientos de los trabajadores del campo. Al exigir la actualización de esos índices, los trabajadores del campo están solo exigiendo el cumplimiento de la Constitución Federal, y que los avances científicos i tecnológicos ocurridos en las últimas cuatro décadas, sean incorporados a los métodos de medición de la productividad agrícola de nuestro País.

 

Es contra esta bandera que el grupo Ruralista del Congreso Nacional reacciona, y ataca al MST. Como represalia, buscan una vez más, articular la creación de una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) contra el MST. Seria la tercera en cinco años. Si la agricultura brasileña es tan moderna y productiva –como fanfarronea el agronegcio, porque temen tanto la actualización de esos índices?

 

Y, ¿porque no se crea una única CPI para analizar los recursos públicos destinados a las organizaciones de la clase patronal rural? Una CPI que respondiera, por ejemplo algunas preguntas, tan simples como: ¿Qué pasó a lo largo de esos cuarenta años en el campo brasileño en términos de ganancia de productividad? ¿Cuánto ha invertido la sociedad brasileña para que una verdadera revolución – desde el punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías. Volviese a la agricultura brasileña capaz de alimentar nuestro pueblo y se afirmara como una de las mayores exportadoras de alimentos? ¿ Cuantas condonaciones de la deuda agrícola se han ofrecido por los tesoros públicos a los grandes propietarios de tierra, en ese periodo?

 

El ataque al MST extrapola la lucha para la Reforma Agraria. Es un ataque contra los avances democráticos conquistados en la Constitución de 1988-  como el que establece la función social de la propiedad agrícola- i contra los derechos imprescindibles para la reconstrucción democrática de nuestro País. Es por tanto, contra esa reconstrucción democrática que se levantan los líderes del agronegocio y sus aliados en el campo y en las ciudades. Y esto es grave. Y esto es una amenaza no solo contra los movimientos de los trabajadores rurales y urbanos, como para toda la sociedad. Es la propia reconstrucción democrática de Brasil, que está siendo violentada.

 

Es por esta razón que se arma, hoy, una nueva ofensiva de los sectores más conservadores de la sociedad contra el Movimiento e los Sin Tierra- sea en el Congreso Nacional, sea en los monopolios de comunicación, sea en los lobbies de presión en todas las esferas de poder. Se trata, así una vez más, de criminalizar un movimiento que se mantiene con una bandera encendida, inquietando la conciencia democrática del país: nuestra democracia solo será digna de ese nombre, cuando incorpore a todos los brasileños y les confiera, como ciudadanos y ciudadanas, el derecho a participar del reparto de la riqueza que producen a lo largo de sus vidas, con sus manos, su talento, y su amor por la patria de todos nosotros.

 

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA.

 

POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE DEFINEN LAS TIERRAS DESTINADAS A LA REFORMA AGRÀRIA.

 

POR LA DOPCIÓN INMEDIATA DE LOS NUEVOS CRITÉRIOS DE PRODUCTIVIDAD PARA FINES DE REFORMA AGRÁRIA.

 

 

Brasília, 11 de setiembre de 2009.