Este domingo se lograron importantes acuerdos entre los prefectos rebeldes y el Gobierno. Sin embargo, durante la semana pasada los separatistas hallaron una nueva coartada: denunciar “persecución política”.

Según el informe “Bolivia: racismo, discriminación e impunidad” que publicó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “los medios de comunicación masivos se alejan de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía”.

El artículo también señala que: “La FIDH ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el recrudecimiento de los actos violentos fundados en la intolerancia, la discriminación y el racismo en Bolivia y ha denunciado también los ataques, actos de hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad, o por una repartición más equitativa de la tierra, perpetrados por actores radicales, entre los cuales aparece la Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar que no es sino el brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz”.

Tomando en cuenta el curso de los últimos acontecimientos en Bolivia, se invoca la atención del lector para responder la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre el compromiso asumido por el Gobierno boliviano y las prefecturas de la “Media Luna” para arribar a un consenso político, sin rencores por las últimas actitudes políticas, y la comisión de un delito contra la propiedad pública por parte de un dirigente cívico, pasible de sanción penal?

Quien no se oponga a convivir en sociedad bajo el imperio de la ley, deberá asumir que la única respuesta al dilema propuesto es la siguiente: no existe ninguna relación.

La contestación sólo puede variar en caso de considerarse la posibilidad de reemplazar el sistema republicano y la forma de gobierno democrática por otra estructura política. (Ver: “Bolivia al borde del precipicio”. APM 14/09/2008).

Entonces ¿cómo explicar la decisión del bloque de departamentos separatistas de Bolivia, según la cual se suspende la búsqueda de una salida pacífica a la crisis institucional debido a la detención del principal acusado de provocar la explosión de un gasoducto en la zona del Palmar, al sur de Tarija?

Fácil (según los prefectos). Según Mario Cossío, mandatario del departamento de Tarija, la suspensión de la mesa de diálogo se debió a la “violación” del artículo 2, por parte del Ejecutivo nacional, del acuerdo firmado con los líderes secesionistas hace poco más de dos semanas.

El mencionado artículo dispone que el Gobierno de Morales “no impulsará acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades departamentales”. Claro que, a pesar de no haber sido advertido por los prefectos, ningún convenio puede incluir la amnistía política cuando el bien general y la justicia son pasados por encima.

Menos aun sería admisible la tesis de Cossío teniendo en cuenta que la detención del cívico tarijeño fue realizada por intervención de la Policía Nacional de Bolivia a partir de una orden judicial, que vino a sumar un nuevo caso de la cadena de actos de terrorismo promovidos por los cívicos de las regiones rebeldes y que son investigados por la comisión nacional especial que designo la Fiscalía General de la República.

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico de dicho departamento, Branko Marinkovic, insisten en presentar la acusación judicial contra Vaca como “un caso más de persecución política”.

Más aun: líderes de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), llegaron a calificar el hecho judicial como una “medida fascista” que habría impulsado Evo Morales.

Entre tantas acusaciones vaciadas de fundamento, es preciso apelar a los acontecimientos y a la prudencia informativa, herramienta de técnica periodística que parecen haber olvidado los principales medios privados de Bolivia.

La prensa corporativa no ha reparado hasta el momento que no es posible aceptar la destrucción deliberada de un bien público como un hecho ligado a lo que los separatistas consideran “un reclamo legítimo por la reivindicación autonómica regional”. Más grave se presenta la situación si el principal sospechoso del delito es un dirigente de una agrupación política, pues el acto de salvajismo da indicios de verdaderos movimientos desestabilizadores y golpistas.

Cabe recordar las imágenes de la Unión Juvenil Cruceñista durante su “accionar cívico” en las inmediaciones de la ciudad de Santa Cruz, cuando los prefectos opositores pretendían imponer, con grupos de choque, la efímera e impopular huelga del mes de agosto. (Ver: “‘Paro cívico’ como arma de la ilegalidad”. APM 24/08/2008).

En aquella ocasión, los medios masivos poco hicieron por aclarar de qué “civilidad” hablaban los líderes del movimiento reaccionario en Bolivia. Por el contrario, con el correr de la jornada de protesta agregaban confusión y silencios en torno a la magnitud de la convocatoria (muy reducida y localizada), y nivel de violencia de las bandas armadas cruceñistas.

En cuanto al episodio que ocupa estas páginas, es evidente la falta de rigor y responsabilidad profesional que se desprende del titular de una nota publicada por la edición digital del diario boliviano La Razón: “El Gobierno secuestra a José Vaca en el Chaco”.

En primer lugar, ningún Gobierno democrático del mundo tiene facultad de detener a nadie, y menos de secuestrar. Es el poder judicial quien actuó en el caso del dirigente cruceñista, con intervención del Ministerio Público.

En segundo lugar, la diferencia entre un secuestro y una detención radica en la fuente de donde surge la coacción: así, los particulares secuestran y el Estado (por autoridad legal) detiene.

Así mismo el mencionado periódico parece no tener muy claro los objetivos y aspiraciones de los bolivianos.

En la editorial de la publicación digital del 30 de septiembre, que intenta subrayar la importancia del diálogo y pacificación nacional, se lee: “Temas trascendentales para la vida de los bolivianos, como la devolución del IDH, las competencias de las autonomías y, principalmente, los cambios en el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), ¿acaso no merecen un diálogo sereno, fuera de todo ímpetu de exigencias sociales, políticas e ideológicas?”.

Según la extraordinaria cifra que arrojó el referéndum revocatorio del pasado 10 de agosto (impulsado por los prefectos rebeldes), los “temas trascendentales para la vida de (más del 67 por ciento) los bolivianos” son aquellos contenidos en el texto constitucional que aun espera ser sometido a la voluntad general para su puesta en vigencia, y no los intereses sectoriales e ilegítimos que menciona la reflexión corporativa del medio.

Este es sólo un ejemplo del rol que cumplen los servicios informativos de la región frente a los procesos de cambio y de autodeterminación de los pueblos.

Pero, ¿Por qué querrían los separatistas agotar la última posibilidad de arribar a una respuesta a su reclamo? Quizás no consideren la mesa de diálogo como la última instancia, y pretendan reactivar los actos de presión e inestabilidad. Es sólo una especulación, pero con ciertos episodios que, como la masacre de Pando, la sustentan.

Cabe decir que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó el jueves 2 de octubre la detención preventiva del dirigente cívico José Vaca Ortiz, en el penal de San Pedro, por los cargos de delitos de terrorismo, sedición, organización criminal y atentado contra bienes públicos del Estado.

Respecto a la supuesta “persecución política” sostenida por los prefectos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana recordó que antes de iniciar el diálogo con las autoridades departamentales el Gobierno dejó en claro a los prefectos que la destrucción y atentados contra el Estado y la muerte de ciudadanos “son innegociables”.

Así mismo, aclaró que la Fiscalía General de la República, en el marco del respeto de poderes, inició los procesos en contra de aquellas personas que cometieron actos de sabotaje y terrorismo en el que se enmarca el sumario en contra del cívico Vaca.

“Ningún delito común cometido debe quedar en la impunidad, peor aún ser objeto de negociación política”, insistió a su vez el Ministro Quintana.

Este domingo se avanzó en el diálogo entre el Gobierno nacional y los prefectos y el debate pasará al Congreso para viabilizar la convocatoria a referéndum aprobatorio por la nueva Constitución Política del Estado.

Según informó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), las mesas técnicas de Autonomías-Constitución Política del Estado (CPE) y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) lograron más del 90 por ciento de avances que esperan ser concluidos en las próximas horas y se logre posteriormente la suscripción del acuerdo.

Estos acuerdos preliminares -que se distribuyeron a la prensa- contemplan tres tipos de gobiernos autónomos; departamental, municipal e indígena con sus competencias legislativas.

Sobre el IDH, si existieran excedentes en el fondo de la renta Dignidad en la gestión 2008, el Gobierno Nacional devolverá a cada entidad su cuota aparte.

Además se realizará un análisis jurídico complementario de la Ley de la Renta Dignidad en su artículo 9 para el uso de los dividendos de las empresas capitalizas durante la gestión 2007.

Días antes, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, señaló que “con los informes que presenten ambas mesas temáticas (en el parlamento) se cerrará un primer ciclo de este diálogo, sin duda estén o no los prefectos quienes darían una pésima señal si no se hacen presentes”.

A partir de allí finalizarán todas las opciones legales para la resolución del conflicto interno boliviano. El presidente Evo Morales anunció el jueves 3 de octubre que esperará la presencia de los prefectos en el Congreso, detalle que -hasta el cierre de esta edición- aun no se confirmó.

Lo cierto es que 14 días de negociación entre el Gobierno Nacional y los departamentos separatistas (con avances que parecían conciliar las posturas encontradas), han sido interrumpidos por un argumento absurdo.

En rigor de verdad, por un argumento que pretende legitimar la impunidad. Esto es, dejar sin castigo una conducta delictual en el marco del Estado de derecho, a cambio de continuar con el “diálogo democrático” que aseguran promover.

Un nuevo disfraz a la impunidad secesionista. Por fuera, un proceso político y social histórico que pretende sumarse a la magna empresa constitucional que acaba de concretar el pueblo ecuatoriano. Seguramente la historia juzgará este capítulo (y esta nueva coartada) como uno de los últimos resabios del salvajismo liberal en Bolivia.

- Sebastián Pellegrino | Desde la Redacción de APM

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4056