El pasado 11 de septiembre una masacre conmovió al país y redefinió el escenario político boliviano. El hecho tuvo lugar en El Porvenir, una pequeña localidad en el departamento de Pando. Allí, funcionarios de la prefectura y—según el gobierno—sicarios peruanos y brasileños, emboscaron y asesinaron al menos a 18 campesinos. Quizá incluso sean más, el ejercito al día de hoy sigue buscando los cuerpos de cientos de desaparecidos.

El grave hecho derivó en la inmediata intervención del ejecutivo en el departamento: se dictó el Estado de sitio y se procedió a detener al prefecto, Leopoldo Fernández por desacato. En un futuro cercano la perspectiva es avanzar en un juicio por terrorismo y genocidio.

Las consecuencias de "la Masacre de Porvenir" se sintieron a nivel nacional. Sucede que el gobierno asegura que lo que se escondía detrás de dicha asonada era la avanzada definitiva de un golpe "cívico-prefectural". Pero la solidaridad internacional expresada en la reunión de UNASUR del lunes 15 en Santiago de Chile y la constante movilización de las bases MASistas hicieron retroceder a la "Media Luna". Es por eso que por la noche del martes 16 los prefectos, rodeados e incapaces de controlar a sus propias bases en un marco de violencia que ellos mismos fogonearon, no tuvieron más opciones que aceptar el "Gran Acuerdo Nacional" propuesto por el gobierno para discutir el destino de las regalías gasíferas y petroleras, las designaciones de los cargos vacantes en el poder judicial y, fundamentalmente, consensuar la compatibilización de los estatutos autonómicos con la Nueva Constitución Política del Estado.

La diferencia con las anteriores convocatorias fue que esta vez las condiciones para sentarse a negociar llegaron del Palacio Quemado: los cívicos debían abandonar inmediatamente los cortes de ruta y las tomas de las oficinas públicas e instalaciones petroleras invadidas en el Oriente. A su vez, a pesar de que no figura formalmente en el texto del acuerdo, el gobierno se anotó otra victoria: en los hechos los prefectos aceptaron soltarle la mano al detenido Leopoldo Fernández, ahora "cacique de Pando". Es que, como explicó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, "llegó el momento de ajustar cuentas".

El 10 de agosto pasado, a dos años y medio del inicio de un mandato repleto de obstáculos y resistencias, Morales logró superar el ya histórico 53,7 obtenido en 2005 al ser ratificado con el 67,41% de los votos en el referéndum revocatorio. En aquel momento, el mandatario entendió que para quebrar el famoso "empate catastrófico" que tiene en vilo al país hace años, la iniciativa debía volver al Ejecutivo. Fue por eso que desde el balcón presidencial, a pesar del incendiario discurso del prefecto cruceño Rubén Costas y de las exigencias de los suyos de "mano dura", el mandatario se mostró conciliador y convocó a los prefectos opositores congregados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) al diálogo en un marco de profundización del modelo nacionalizador: "Estamos convencidos de que es importante unir a los bolivianos. Esto fue para unir a oriente y occidente y eso se hará juntando a la Nueva Constitución Política del Estado con los Estatutos Autonómicos", aseguró. Días después asistirían todos, menos Costas. Como era previsible, no hubo acuerdos.

Arrinconados y a sabiendas de que en términos políticos no podían entregarle la iniciativa al ejecutivo, los cívicos se atrincheraron en sus regiones, con paros, bloqueos y tomas de instituciones públicas en muchos casos violentas. El gobierno, por su parte, decidió aguardar inmutable mientras hacía malabares para justificar ante los medios (en su mayoría en manos de los opositores) los "desbordes" por izquierda de sus propias bases.

Hasta que, el 28 de agosto, retomó la iniciativa al convocar a unas mega-elecciones el 7 de diciembre venidero en lo que se ha dado a conocer como el "decretazo". Según dicha resolución, ese día se votaría por el texto constitucional conformado por 447 artículos a la par que se realizaría el referéndum dirimidor que resolverá si se debe comprender a latifundio como una superficie mayor a las 5,000 o 10,000 hectáreas.

Pero eso no es todo. En el mismo acto se elegirían nuevos prefectos para La Paz y Cochabamba (ambos revocados el 10 de agosto) y se celebrarían también comicios para los consejeros departamentales y subprefectos de las 112 provincias de los nueve departamentos, factores todos que representarían un contrapeso al poder prefectural.

Sin embargo, ante las presiones del Consejo Nacional Electoral, días después el presidente aceptó desagregar las consultas. Así, las fechas para el referéndum constitucional y el dirimidor quedaron en manos del Congreso—cuya cámara alta es controlada por la oposición—y, mediante un decreto supremo, fijó para el 25 de enero la elección de autoridades en Cochabamba y La Paz. A su vez, el Parlamento también tiene en sus manos la modificación del Código Electoral y de la Ley de Descentralización para que el gobierno convoque a la elección de subprefectos y de consejeros departamental.

Pero nada, hasta la "Masacre de Porvenir", logró amainar las reacciones opositoras, que fueron cada vez más violentas. Es por eso que, a modo de respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera fue claro: "Con decreto o con ley vamos a convocar a aprobar la nueva Constitución. Esto es irreversible. Hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños, hagan terrorismo, quemen casas, no nos van a detener".

Más allá de los pertinentes debates técnicos en torno a la nueva constitución, en términos políticos los actores son conscientes de que lo que allí se juega es la institucionalización definitiva del "proceso de cambio". Y esta es la causa por la que también Linera, sin tibiezas, advirtió: "Va a haber complicaciones, porque aún hay una derecha minoritaria, arrinconada en algunas provincias, pero se ha vuelto violenta, rabiosa, desesperada. La victoria está segura, pero va a requerir movilización, concientización y apoyo para que el presidente Evo continúe adelante".
Sobre la riqueza del oriente

Corría enero de 2005 y Evo Morales había aceptado recibirme para una entrevista en su despacho del Congreso. Como líder de la oposición al por entonces presidente Carlos Mesa, sus tiempos eran cortos. Pero no le importó; "Don Evo insistió en que vinieras" me explicaría luego su secretaria privada. Sin embargo, una vez en el lugar se percibía una tensión creciente. Al tiempo que las chicharras sonaban insistentes para que los diputados asistieran a sesión, entre corridas y gritos los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) entraban y salían del sitio. A pesar de que discutían todo a puertas cerradas, en un momento la puerta se entreabrió y logré escuchar: "Si Santa Cruz se levanta en armas, nosotros debemos ...". El silencio posterior fue sepulcral. El temor no era antojadizo: aquel 28 de enero la causa autonomista alcanzaba uno de sus más contundentes y masivos actos en dicha ciudad del oriente con su segundo Cabildo Abierto. La puja era entre dos agendas: la nacida al calor de aquella convocatoria, la autonomista, "la de enero" frente a la de los movimientos sociales, la indígena y nacionalista, "la de octubre".

Como lo evidenció el referéndum del pasado 10 de agosto, la disputa en Bolivia sigue siendo la misma, con dos polos y dos modelos. Uno con un proyecto concreto, que gobierna desde el Palacio Quemado con referentes y una representación nacional. El otro, desorientado, sin líderes nacionales ni partido político que pueda servir de expresión institucional, pero con discurso arraigado entre su población y cuantiosos recursos económicos disponibles. Pero, ¿como surge y se desarrolla este polo de poder? ¿Cuáles son sus intereses y las raíces de su ideología autonomista?

En la historia boliviana, el poder económico-político con proyección nacional de "los barones del Oriente" es más bien reciente. Según diversos estudios, entre 1880 y 1914 el fundamento económico en la aislada región había sido la goma. Sin embargo, paradójicamente, el despegue comenzará a raíz de la política agrarista del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la revolución de 1952. Con un occidente destruido producto de los sucesivos enfrentamientos armados, el nuevo gobierno precisaba materias primas con las que abastecer al país.

En ese marco, y con la lógica imperante en aquel entonces—tanto el socialismo como el capitalismo consideraban imperioso el desarrollo de la producción a gran escala para modernizar la agricultura y generar riqueza nacional—se llevó adelante "la revolución democrático burguesa en el campo a fin de que en lugar del latifundio improductivo se instaure la empresa de tipo capitalista". Así, en Oriente la reforma agraria, esa misma que tan hondo caló en occidente, tuvo como principal objetivo la liberación de mano de obra del régimen hacendal que luego sería captada por la empresa agrícola. La producción se orientaría hacía el azúcar, el algodón y el arroz que se transportarían por la nueva ruta que uniría Cochabamba con Santa Cruz. El MNR se transformaría entonces en el gran unificador de Oriente y Occidente.

No obstante, en este período que surgieron el Comité Cívico y la Falange Socialista Boliviana que gobernaba Santa Cruz entre 1957 y 1959. En lo que sería el primer enfrentamiento del siglo XX entre ambas regiones, en ese período intervino el ejército para ocupar militarmente la ciudad. No fue el primer desencuentro.

Ya en el siglo XIX, en búsqueda de un nuevo vínculo con el Estado Central, ante el sentimiento de aislamiento, marginación y avasallamiento (las mismas banderas que los teóricos del autonomismo hoy enarbolan) la región se había levantado dos veces: entre octubre de 1876 y mayo de 1877 el federalista Andrés Ibáñez con un discurso igualitarista llevó adelante una revuelta contra el presidente Hilarión Daza; y un domingo de 1891 tuvo lugar "la revolución de los domingos" encabezada por los militares Domingo Arcaya y José Domingo Ávila. Por dos meses tomaron la ciudad con la intención de crear una nueva república o la transformación de Bolivia en un Estado Federal. Ambas fracasaron.

El destape económico definitivo tardaría en llegar. Tuvo lugar recién con el gobierno dictatorial del cruceño Hugo Banzer Suárez (1971-1978), quien dio créditos estatales, avanzó en una devaluación que ayudó a los exportadores, repartió casi 18 millones de hectáreas de manera clientelar y puso un tercio de ministros cruceños. Una prueba irrebatible del crecimiento es que en los últimos 30 años, la población de la capital del departamento pasó de 50,000 habitantes a 1.3 millones.

Algo similar haría entre 1989 y 1993 el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) encabezado por Jaime Paz Zamora: casi 7.5 millones de hectáreas fueron entregadas, producto de una escandalosa alianza con el viejo régimen para obtener la tan preciada gobernabilidad. El fundamento del escándalo radica en que justamente el MIR fue la organización que en los años de la dictadura más batalló contra el sistema opresivo erigido por Banzer. "La mejor manera de reivindicar a nuestros compañeros muertos es que su sangre no sea derrotada, sino que sea una sangre victoriosa. ¿De qué manera los reivindicamos? Llegando al gobierno, triunfando, avanzando", le explicaría años después Paz Zamora al periodista Martín Sivak.

Hoy la llamada "Media Luna" es rica en hidrocarburos (cuyo boom comenzó con las reformas neoliberales a partir de 1985) y producción de soja en las tierras más fértiles de país, justamente en momentos en que estos commodities alcanzan precios records en el mercado mundial. En el plano estructural, ese es el debate que las elites están dando con el gobierno de Morales. La nueva constitución pretende replantear el control de estos recursos. La respuesta de las elites regionales son los estatutos autonómicos.

Por eso, desde Ernesto Laclau, se podría afirmar que este "populismo de derechas" esconde sus intenciones y aglutina tras de sí a amplios sectores populares mediante variados "significantes vacios" como son las autonomías, la lucha dada por la capitalía en Sucre (Chuquisaca), o la actual disputa por el retorno del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Así lo planteó el ex constituyente y politólogo Raúl "Chato" Prada: "Hoy el tema de discusión son las autonomías, el principal es el de la tierra y el de fondo es la historia de descolonización".
La faceta ideológica del poderío económico

El ascenso de Morales al poder implica sobre todo una ruptura simbólica. Se trata de lo plebeyo, de los sectores subalternos, de "una nueva izquierda indígena" que supo captar el espacio abandonado por el MNR y su brutal giro neoliberal y que, desde el poder, se plantea hoy la disputa de la dirección cultural y política de la sociedad boliviana. Así lo conceptualizó García Linera en su articulo "El evismo: lo nacional popular en acción": "Estaríamos ante una revolución política que tiene su impacto en el ámbito económico, pero no de manera estrictamente radical. El propio Morales ha conceptualizado al proceso que encabeza como una revolución democrática cultural o revolución democrática descolonizadora, que modifica las estructuras de poder, modifica la composición de las elites del poder y los derechos, y con eso las instituciones del Estado, y eso tiene un efecto en la propia estructura económica, porque toda ampliación de derechos significa la redistribución de la riqueza".

Y esto es lo que las elites de oriente no toleran. Así es que bajo la consigna autonómica, desde los Comités Cívicos y las mismas prefecturas, incitan a la violencia a los grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), despliegan un discurso abiertamente racista, polarizan entre campo y ciudad, mostrándose a sí mismos como amables, emprendedores y modernizantes mientras que estigmatizan al mundo indígena vinculándolo con el atraso, la ignorancia, la árida hostilidad. Las constantes golpizas, las recientes matanzas, los hostigamientos a los pobladores del barrio 3000 de Santa Cruz o las paredes que rezan "colas de mierda" o "haga patria, mate una llama" son sólo algunas muestras del sentimiento xenófobo que se respira en la región.

Para justificar su postura desarrollaron incluso una historiografía propia que parte desde la colonia. Según ellos, la región jamás fue "altoperuana" (cuya sede se encontraba en la Audiencia de Charcas del Virreinato de Lima, hoy Sucre), sino que su origen se funda en una expedición de Ñuflo Chavez que partió del Paraguay a mediados del siglo XVI y fundó la ciudad en 1561 que inmediatamente buscó ser una gobernación independiente.

Lo cierto es que las elites occidentales, enceguecidas primero por la plata y luego por el estaño, históricamente no mostraron mayor interés en ocupar y gobernar el oriente. De esta ausencia estatal añeja es que hoy se sujetan las elites regionales para legitimar su discurso separatista. Sergio Antelo, uno de los principales intelectuales del movimiento "Nación Camba", va más allá al afirmar que Santa Cruz es parte del "segmento del complejo histórico y etnocultural del Río de la Plata".

Sin embargo, la historia boliviana ha demostrado la incapacidad de cualquier proyecto político que al menos no intente alianzas con las mayorías indígenas. Es por eso que un discurso blancamente hispano no pudo calar en la sociedad cruceña. De ahí nació la "Nación Camba", término de origen guaraní, que, según Wilfredo Plata Quispe en su artículo El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz, "se basa en la apropiación de lo indígena para la confirmación de un sí mismo mestizo. La recurrencia al fenómeno del mestizaje para fundamentar las identidades de cruceño y camba será fundamental en la configuración del discurso autonomista de las élites cruceñas. Empero, siempre enfatizando que ese mestizaje no es similar al del altiplano andino por la preeminencia aymara".

Toda esta amalgama ideológica se condensa en el Comité Cívico Pro Santa Cruz que se postula hoy como la guía unificadora de la cruceñidad y se arroga la representación política de la región. Sin ir más lejos, el actual prefecto Costas supo ser el líder del Comité, hoy presidido por Branko Marinkovic, de descendencia croata.

Como agrega Plata Quispe, "el verdadero núcleo de este discurso separatista y racista radica en señalar que los recursos naturales, principalmente la tierra, son propiedad exclusiva de la Nación Camba". Antelo le dará la razón: "Bajo el argumento de que ´todos somos bolivianos´ y tenemos derecho a todo lo que supuestamente contiene el país, se han socializado ´las tierras sin dueño´ que se hallan ubicadas en el ´Oriente Salvaje´, (...) lo que ha dado origen a invasiones étnicas sobre territorios que no les corresponden (...) ni por historia, ni por falsos derechos constitucionales".

Lo cierto es que este discurso supo arraigarse en amplios sectores de la sociedad cruceña que día a día disminuyen, pero se radicalizan. En los últimos días la Unión Juvenil Crucenista dejó de lado sus escudos con cruces y palos y pasó a ostentar armas de fuego que no tardarían en empezar a gatillar. Como en el occidente el MAS supo crear un enemigo homogeneizante en el neoliberalismo y el imperialismo estadounidense, en la Media Luna han hecho lo propio, pero responsabilizando de todos los males al centralismo Estatal.

Así, hoy la puja es explícita: se trata de dos agendas, de dos proyectos. Uno amparado por la cobija democrática e institucional, relegitimado recientemente por más de dos tercios de la población que, según Linera, "a partir de los jirones del indianismo, lo nacional-popular, el sindicalismo y el marxismo (...) se atreve a emprender la construcción de un modelo postneoliberal ...". Del otro lado, un proyecto difuso y arrinconado, con un discurso separatista y racista, sin canales institucionales, que sólo tiene como opción la violencia más radical.

- Diego González es periodista independiente en Buenos Aires y analista para el Programa de las Américas.

Fuente: Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) http://www.ircamericas.org