Las víctimas del paramilitarismo en Colombia (de masacres, desplazamientos, torturas e intimidaciones de toda clase) aspiran a contar con su propia ley, si la Cámara de Representantes (Cámara baja) aprueba antes de diciembre de 2008, el proyecto discutido y aprobado en primera instancia por el Senado de la República (Cámara alta). Mientras que los víctimarios cuentan desde hace tres años con su instrumento legal, la Ley 975 de 2005: "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley".

Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto de ley a favor de las víctimas, miembro de uno de las colectividades de oposición al Gobierno nacional, el Partido Liberal, reconoce que el país no cuenta con leyes para las víctimas, sino para los victimarios. A su turno, las víctimas reclaman insistentemente toda la verdad, justicia y reparación necesarias para su reubicación y solicitan garantías al retornar a sus tierras, con plenos compromisos por parte de los actores a no repetir estos actos delictivos, y le reclaman al mismo Estado colombiano por su indiferencia ante los hechos mencionados que para muchas y muchos raya en complicidad.

Del “Perdón y Olvido” a “Justicia y Paz” reemplazando la “Verdad, Justicia y Reparación”

Para bien de los que han masacrado, torturado e intimidado en amplias zonas del país a poblaciones enteras (o de quienes cohonestaron con semejantes procederes, siendo autoridades territoriales o políticos de profesión) de manera pronta el Gobierno nacional, impulsó e hizo aprobar por el Congreso de la República una ley que terminó denominándose de "Justicia y Paz", con amplios beneficios para los generadores de tan descomunal e incomparable violencia; los que de pagar 40 ó mas años de prisión pasan a cumplir penas de cuatro a seis años que en muchos casos, por el paso del tiempo y los descuentos legales ya han obtenido su libertad.

En primer término, los partidos de oposición, tanto Liberal, como Polo Democrático Alternativo, habían presentado un proyecto de ley que llevaba por nombre: "VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN", expresando concisamente lo que en su contenido estaba plasmado. Por su parte, el Gobierno nacional hace una contrapropuesta con otro proyecto de ley, al que bautiza: "PERDÓN Y OLVIDO", del que la población afectada, legisladores, defensores de Derechos Humanos, miembros de la academia y de medios de comunicación manifestaron su inconformidad por lo laxo que sería la justicia con los victimarios, en el evento de aprobarse tal iniciativa gubernamental. Finalmente, luego de intensos debates en ambas cámaras legislativas, quedó aprobada la Ley 975 de 2005: "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley". Las manifestaciones de inconformidad a la misma se han hecho sentir por tantas bondades concedidas a los victimarios, y con poca o ninguna consideración a favor de las víctimas.

Máxime que se insiste permanentemente en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por quienes resultan favorecidos con las disposiciones acordadas en dicho ordenamiento legal. Las estructuras paramilitares que debían ser desmontadas desde la aprobación de la ley 975 han quedado vigentes, según muchas autoridades locales y regionales, y el sentir de ciudadanas y ciudadanos del común. "Perviven algunos estamentos de nuestro entorno institucional marcados por alianzas y permeados por la presencia de actores criminales", indica el gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, en la quinta audiencia de las diez convocadas por el Congreso de Colombia, autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con tal de debatir públicamente el proyecto de ley que actualmente cursa su trámite en la Cámara de Representantes, luego de cumplirse con los trámites de rigor en el Senado de la República.

La pretensión de las audiencias que se realizarán en las diversas regiones del país es el de "socializar el proyecto y escuchar iniciativas y sugerencias, pero, en segundo lugar informar a la gente de la Ley, de sus derechos para que una vez sea expedida, la gente sepa como acceder a los beneficios de la reparación integral que contempla la norma. Esperamos que antes de terminar el mes de diciembre podamos tener una ley general de víctimas en Colombia que por primera vez el Congreso de la República estará legislando a favor de las víctimas y no de los victimarios", dijo el senador ponente, Juan Fernando Cristo.

Por su parte, representantes del Gobierno nacional solicitaron el cambio o modificación e inclusive la supresión casi del veinte por ciento de los ciento veinticuatro artículos propuestos, al estimar que al aprobarse la iniciativa radicada y sustentada por el senador Juan Fernando Cristo, se generarían efectos fiscales graves en el mediano y largo plazo. Los artículos más cuestionados, cerca de quince, luego de arduas polémicas finalmente fueron suprimidos del proyecto de ley, al lograrse un acuerdo entre Congresistas opositores al Gobierno nacional, quienes se muestran a favor del proyecto inicial y Parlamentarios pertenecientes a las bancadas oficialistas que se encontraban en contra del proyecto propuesto inicialmente.

En total las personas desplazadas en el país suman más de cuatro millones, según informes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, mientras que para el Gobierno son dos millones trescientas. De igual manera, se estiman en más de seis millones ochocientas mil hectáreas de tierra que han perdido las familias por el desplazamiento forzado interno, de las que según Acción Social de la Presidencia de la República, solamente seis mil se han reasignado a sus legítimos propietarios y/o verdaderos poseedores.

Por lo que, la ley en discusión ojala corrija tantas injusticias e inequidades.

- Fabio Monroy Martínez es Abogado-Periodista

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org