Costa Rica es el único país potencialmente miembro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) que todavía no lo ha ratificado. Y la apuesta del movimiento popular y social es a mantener esta situación.

Después de una corta negociación a lo largo de 2003, los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos (posteriormente también República Dominicana) suscribieron este acuerdo, parte de la estrategia del gobierno de Bush para imponer por la vía bilateral la profundización del libre comercio, que no ha logrado resolver en espacios multilaterales como la OMC o el ALCA. Esto ha desatado una enorme discusión en todo el territorio nacional y una articulación popular diversa y creciente, que cuestiona la esencia misma del modelo económico promovido desde el Norte y busca abrir puertas para un modelo de desarrollo más congruente con la historia costarricense y las necesidades de los países del Sur. Junto con la rígida posición del gobierno que pretende imponer el TLC a toda costa, el año 2007 se perfila como definitorio para el futuro de este país centroamericano.

De dónde partimos

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde se aplicó casi literalmente el Consenso de Washington desde hace años, en Costa Rica la inversión pública en servicios sociales y en sectores estratégicos de la economía ha sido un factor determinante para tener una calidad de vida relativamente mejor que la que tienen otros países hermanos: hablamos de un país sin ejército, que invirtió en salud, seguros y educación, en energía y telecomunicaciones, durante los años en que Centroamérica se desangraba en guerras civiles por derechos humanos básicos. El índice de desarrollo humano costarricense es de 0.838 (ocupa el lugar 47 en todo el mundo), el índice de pobreza se mantiene alrededor del 20% desde hace quince años (no disminuye, pero tampoco aumenta), el analfabetismo es apenas del 7.4%, el desempleo (abierto) ronda el 6%, y la cobertura del seguro de salud abarca aproximadamente a un 82% de la población. La cobertura del agua potable es de 75.7% y de 98.3% para la electricidad, la densidad telefónica es de casi el 60% y la red de Internet se extiende por todo el país; se cuenta además con unas de las tarifas más bajas en el continente para la electricidad, telefonía fija, celular e Internet.1 Esto ha sido posible en el contexto de un Estado Social de Derecho respaldado constitucionalmente, que garantiza que ciertos servicios estratégicos puedan ofrecerse desde el Estado, bajo una lógica solidaria y con amplia cobertura, independientemente de la capacidad adquisitiva de las familias.

Sin embargo los Programas de Ajuste Estructural, en los años 80, marcaron el inicio de un viraje sostenido de este modelo. En los últimos 25 años y a pesar de sus efectos negativos para la mayoría de la población, el proyecto neoliberal ha ido ganando espacio con la implementación de un Estado con menor intervención en la economía nacional, que cede espacio al libre mercado como regulador de las relaciones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales. Esta tendencia se ha expresado en un importante deterioro de la institucionalidad pública, a través de límites a la inversión, corrupción e impunidad, y una enorme presión por el traslado paulatino de actividades al sector privado bajo la idea de que lo público es ineficiente y se requiere, por lo tanto, que la iniciativa privada se haga cargo directamente de servicios que hasta ahora han estado en manos del Estado como administrador del interés colectivo.

Otro elemento importante ha sido la apuesta casi exclusiva a las exportaciones y a la inversión extranjera directa como mecanismos dinamizadores de la economía (en detrimento de políticas públicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas o al crecimiento del mercado interno). Sin embargo estas actividades han crecido al mismo tiempo que el desempleo y han demostrado su incapacidad para generar o distribuir riqueza, en razón de sus prácticamente nulos encadenamientos fiscales, productivos o sociales con la economía nacional.

La concentración de la riqueza viene aumentando de forma sostenida en el país: entre 1988 y 2005 los ingresos del 20% de la población más pobre cayeron un 13.9%, y los del 20% más rico aumentaron un 67.9%. En cuanto al empleo, el sector informal sigue siendo el de mayor aumento cada año (absorbió el 65% de los nuevos empleos en 2005), lo que se refleja en un deterioro en la calidad de las condiciones de trabajo para la mayoría de las personas en el país. En este contexto, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos expresa la consolidación de una tendencia que no es nueva y que ya ha demostrado sus enormes limitaciones para generar un sistema sustentable, solidario y justo. Con el TLC, eso sí, esta tendencia se convertiría en permanente y prácticamente en la única vía de “desarrollo” permitida.

Negociando el futuro

La negociación del TLC se desarrolló a lo largo de nueve rondas en el año 2003, junto con los otros países centroamericanos, y una ronda adicional en 2004 exclusivamente entre Costa Rica y Estados Unidos. Estuvo a cargo de un equipo de profesionales del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) profundamente condicionados en su pensamiento por el interés corporativo, y que en varios casos, como después se sabría, recibieron sus salarios de la fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA), heredera de la USAID (Agencia Gubernamental de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). La Fundación CR-USA, que administra dinero proveniente del gobierno estadounidense, donó al Ministerio de Comercio Exterior ¢470 millones ($901,460 USD) para mantener al equipo de negociación costarricense en el TLC.2 El país depositó así una negociación estratégica en personal pagado por la contraparte con quien se estaba negociando.

Esta etapa no fue para nada sencilla. Desde un inicio diversos sectores reclamaron la posibilidad de participar en la definición al menos de los pisos mínimos o techos máximos de negociación, y de dar un seguimiento cercano al proceso. El Comex estableció un mecanismo de “consulta” mediante el cual recibió cientos de recomendaciones sin comprometerse definitivamente con ninguna. Los contenidos y textos específicos de las distintas rondas de negociación se declararon oficialmente confidenciales “para no divulgar la estrategia nacional”, incluso para diputados que demandaron el acceso a textos oficiales.

Los costarricenses conocieron los acuerdos solamente cuando el TLC ya había sido firmado, y ni siquiera en ese momento se facilitó la documentación correspondiente al proceso de negociación, que “se extravió” con el cambio de Ministros en la pasada administración. Aunque el entonces Presidente de la República, Abel Pacheco, aseguró desde el inicio de las negociaciones que las mismas no incluirían los monopolios públicos de seguros y telecomunicaciones, ambos sectores fueron abiertos a la “libre” competencia en la última ronda de negociación, en la que además se asumió el compromiso de suscribir el Convenio UPOV-91 (que establece la propiedad intelectual privada sobre las plantas) y que también estaba excluido de la negociación según los documentos oficiales.

Así, a lo largo de todo un año el pueblo costarricense se mantuvo ignorante de las importantes y definitivas decisiones que un grupo de funcionarios estaba tomando en su nombre. En enero de 2004 concluyeron las negociaciones y el TLC fue suscrito por el Presidente en agosto siguiente. Pacheco conformó posteriormente una Comisión de Notables para analizar el texto firmado, la cual concluyó que el Tratado no era positivo ni negativo por sí mismo, pero también que no debería implementarse sin tomar antes una serie de medidas para paliar sus previsibles impactos negativos sobre los sectores más empobrecidos del país. La creciente discusión y presión del movimiento social y popular respecto al tema, la renuncia de prácticamente la totalidad del equipo negociador cuando se denunció que sus salarios eran financiados por CR-USA, y la insistencia del Presidente en la necesidad de un Pacto Fiscal que permitiera redistribuir los supuestos beneficios del Tratado como requisito previo a su aprobación, ayudaron también a que el texto del TLC no fuera enviado por el Ejecutivo a discusión en la Asamblea Legislativa sino hasta octubre de 2005.

La situación legislativa

El impulso definitivo al TLC viene del actual gobierno de los hermanos Arias, que asumieron el poder en mayo de 2006 en medio de una gran marcha de rechazo por primera vez en la historia costarricense, después de un ajustadísimo resultado electoral (cerca de 1% de diferencia respecto al Partido Acción Ciudadana) y entre enormes cuestionamientos sobre la figura de la reelección presidencial, reinstaurada por la Sala Constitucional del Poder Judicial al anular una decisión de la Asamblea Legislativa de 1969 (Oscar Arias ya había sido presidente en el período 1986-1990). Para este gobierno el TLC es un tema central y está dispuesto a conseguir su aprobación de cualquier forma.

La discusión en el actual Congreso inició en junio de 2006. El Tratado se conoció inicialmente en la Comisión de Asuntos Internacionales, que a lo largo de cinco meses realizó audiencias y también se negó a recibir a más de 60 grupos contrarios al Tratado; rechazó asimismo consultar del TLC a los pueblos indígenas tal como fue recomendado por la asesoría técnica legislativa en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Después de poco más de un mes de discutir 70 mociones de cláusulas interpretativas sobre los primeros capítulos del TLC y aprobar solamente 17, y sin entrar todavía en una discusión de fondo, la mayoría mecánica de la Comisión dio automáticamente por rechazadas más de 300 mociones pendientes y rindió un dictamen favorable al Tratado el 12 de diciembre de 2006.

Actualmente la oposición en el Congreso está conformada por dos diputados de fracción unipersonal (Frente Amplio y Partido Accesibilidad sin Exclusión) y 17 diputados del Partido Acción Ciudadana, que han constituido un Frente Parlamentario contra el TLC y llevan adelante una batalla unitaria en la Asamblea Legislativa. Por su parte, el apoyo al TLC se sostiene en los 25 diputados del Partido Liberación Nacional y 6 del Movimiento Libertario, con apoyo del Partido Unidad Social Cristiana (5 diputados), el Partido Restauración Nacional (1 diputado) y el Partido Unión Nacional (1 diputado). Esta mayoría mecánica de 38 votos aprobó darle “vía rápida” a varios proyectos de ley exigidos por el TLC, que serán dictaminados en un plazo máximo de un mes, y está en proceso de aprobar también una reforma al reglamento legislativo para intentar aplicar el mismo procedimiento al Tratado, a pesar de que este mecanismo está cuestionado ante la Sala Constitucional en tanto se instituyó, como se ha vuelto costumbre, violando el mismo reglamento legislativo.

Mientras tanto, el plenario legislativo sesiona dos veces al día y hasta la media noche, en un intento de acelerar el trámite y desgastar, por cansancio, a los diputados y diputadas que con valentía siguen haciendo oposición y tratando de provocar una discusión de fondo que simplemente no se hace efectiva. La intención del gobierno es que la votación del TLC se dé antes de marzo, durante el período de vacaciones en escuelas, colegios y universidades, en un intento por neutralizar la movilización del magisterio y el movimiento estudiantil, y antes de mayo cuando el Congreso entra en período de sesiones ordinarias y la Casa Presidencial ya no tiene tanta influencia sobre la agenda de discusión.

No han podido convencer, ahora intentan asustar

El pueblo costarricense es bombardeado todos los días con una millonaria campaña mediática aparentemente financiada por las grandes transnacionales farmacéuticas y respaldada por la Casa Presidencial, el Comex y el grupo Por Costa Rica, una fundación creada por los ex-negociadores del TLC. En sus inicios, la publicidad oficial se enfocó en que el TLC generaría nuevos exportadores y medio millón de empleos (“Trabajo para Los Costarricenses”), sin embargo el Tratado no ofrece a Costa Rica prácticamente ningún beneficio adicional a los que ya tiene con respecto a los Estados Unidos, y la falsedad de un impacto positivo en el empleo fue demostrada técnicamente.

Ahora los argumentos oscilan entre la expectativa general de abrir oportunidades y una campaña de miedo sobre las represalias comerciales que tomaría Estados Unidos en caso de no ratificarse el Tratado, a pesar de que los congresistas estadounidenses han indicado de forma reiterada que esa posibilidad no está siendo contemplada. De forma simultánea, la prensa comercial y los representantes gubernamentales insisten en que la única vía “democrática” es respetar la decisión de las mayorías, supuestamente expresada en el triunfo electoral de Oscar Arias y en su control mayoritario del Congreso, en un proceso en que la posible legalidad de una decisión legislativa ha empezado a chocar con la legitimidad de ese espacio para tomar una decisión tan trascendente a contrapelo del clima nacional y las crecientes movilizaciones opuestas al TLC.

Al mismo tiempo se está dando un serio proceso de criminalización de la protesta social, y de represión y amedrentamiento contra quienes abiertamente manifiestan sus dudas respecto al Tratado. Recientemente ha aparecido propaganda que hace aparecer a quienes se oponen al Tratado como terroristas encapuchados y promete aplicar “todo el peso de la ley” contra quienes osen movilizarse. Los sectores opuestos, incluso académicos y personalidades políticas, son tildados de “izquierdistas trasnochados” y “contrarios al desarrollo y al interés nacional”, Arias los ha comparado con “niños que no saben lo que necesitan y deben ser obligados por sus padres -el gobierno- a aceptarlo”. Circulan documentos anónimos difamando a dirigentes sociales, ha aumentado el número de condenas e investigaciones por la participación en marchas y manifestaciones o por la denuncia de hechos de corrupción, y podría encontrarse una relación entre robos de computadoras y bienes de personas vinculadas a la lucha contra el Tratado, incluso mediante incursiones violentas en las oficinas de organizaciones sindicales. El caso más reciente es el de un sacerdote acusado por denunciar la venta irregular de dos parcelas campesinas que fueron a parar a manos de Oscar Arias, si bien afortunadamente fue absuelto aunque después de un doloroso proceso judicial.

En un país en que históricamente el Presidente ha podido caminar por la avenida central de la capital sin necesidad de tomar extraordinarias medidas de seguridad, las protestas que se dan cada vez que Oscar Arias aparece en público han hecho que ahora los actos oficiales impliquen un perímetro policial de 200 metros a la redonda y varios retenes para que las personas, eso sí debidamente autorizadas, puedan aproximarse. Aunque el movimiento popular llama a actividades pacíficas la prensa insiste en un discurso de violencia. Policías vestidos de civil se infiltran en las manifestaciones, provocan enfrentamientos y amenazan con cárcel a la dirigencia, y en las zonas rurales se ha intensificado el reclutamiento de policías y su capacitación en técnicas de choque. Recientemente se anunció incluso el entrenamiento de los oficiales de seguridad de la Asamblea Legislativa en prácticas de tiro, uso de explosivos y amenazas de bomba. Paradójicamente esto sucede en el gobierno de un Premio Nóbel de la Paz, y aunque estas medidas reflejan el temor del gobierno ante el descontento que está generando, también es clara su decisión de imponer el TLC mediante el poder formal y utilizando incluso la fuerza, ignorando no solo el malestar de la gente sino también los fundamentados cuestionamientos que siguen apuntando organizaciones populares y sectores académicos, políticos y empresariales.

La resistencia está viva y crece todos los días

Si algo ha tenido de positivo el TLC es que , al ser una amenaza tan grande, ha permitido también que la articulación en su contra sea probablemente de las más amplias y diversas en la historia costarricense. Aunque Costa Rica no aparece usualmente en las noticias internacionales a raíz de los conflictos internos, a lo largo del tiempo han existido movimientos populares importantes de contenido ecológico, productivo y de género, en defensa de derechos laborales, y en contra de la privatización de bienes o servicios públicos. Uno de los más importantes se dio en el año 2000 cuando la movilización sostenida de cientos de miles de personas obligó al gobierno a archivar el llamado “Combo del ICE”, que pretendía la apertura del monopolio en electricidad y telecomunicaciones, que actualmente todavía maneja el Estado a través del Instituto Costarricense de Electricidad.

Pero la lucha contra el TLC trasciende cualquier experiencia previa, y está llevando a una enorme diversidad de grupos y personas a confluir en una gran alianza que va más allá de preocupaciones e intereses sectoriales: es la defensa de Costa Rica como nación soberana, la oportunidad de revisar y mejorar el modelo del Estado Social de Derecho, la posibilidad de pensar país a futuro.

Se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC (CNL), definida como un espacio operativo y estratégico para articular acciones entre los diversos sectores y organizaciones en el que confluyen una serie de espacios o plataformas organizativas y políticas, además de Coordinadoras Regionales de Lucha que articulan el proceso de organización y resistencia en las distintas zonas del país. Existen también otros frentes de articulación sectorial, por ejemplo el Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC, presidido por el rector del Instituto Tecnológico (una de las cuatro universidades públicas) y que reúne a una serie de personalidades de la política, la academia, la cultura y otros espacios de la vida nacional, o el Frente Liberacionista contra el TLC que refleja el fraccionamiento alrededor de este tema a lo interno del mismo partido en el gobierno.

La oposición al TLC expresa un escenario de diversidad y multiplicidad de propuestas y acciones que es probablemente una de sus mayores riquezas. Esta lucha está siendo levantada y vivida por sectores campesinos, magisteriales, comunales, sindicales, indígenas, ecologistas, estudiantiles, académicos, religiosos, culturales, de mujeres, cooperativistas, empresarios, políticos. Si bien todavía hay muchas personas que desconocen el tema, se ha hecho un enorme esfuerzo desde los sectores que se oponen al TLC por llevar la información y la discusión a todos los rincones del país, para que la oposición sea fundamentada y consciente, y eso se refleja en el crecimiento de la oposición en las encuestas. Instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Defensoría de los Habitantes y la Conferencia Episcopal también han llamado la atención sobre los impactos negativos del TLC por medio de acuerdos y pronunciamientos oficiales.

Tanto en la capital como en las regiones se han realizado cientos de foros y debates (a los que el Comex frecuentemente se rehúsa a asistir si sabe que la posición contraria al TLC también estará presente), se han dado también marchas y manifestaciones, paros de labores, bloqueos de carreteras, distribución de volantes y material informativo, li bros, manifiestos y documentos de análisis, películas y documentales, canciones, cabildos populares y reuniones en comunidades, redes y páginas en Internet, piquetes en actos oficiales, reuniones y cab ildeo con legisladores. Hay grupos que promueven un referéndum y otros que llevan información a las comunidades por medio de conciertos y actos culturales.

La Coordinadora Nacional de Lucha ha acordado iniciar próximamente una huelga nacional escalonada que paralice la economía, y la próxima actividad masiva está programada para el 26 de febrero, en que se realizará una gran marcha en San José y actividades en varias provincias. En el país está empezando también una interesante discusión, todavía incipiente, sobre las opciones posibles para una vía de desarrollo basada en los principios del Estado Social de Derecho y alternativa al modelo expresado en el TLC.

Sin embargo la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo parece quedar pospuesta ante la dificultad de un diálogo objetivo con el gobierno, y el inevitable escenario de confrontación que se aproxima. Los intereses alreded or del TLC son tan grandes que es prácticamente imposible que el gobierno renuncie a implementarlo sin una gran presión popular, y el impacto que tendría sobre el país es también tan enorme y evidente que los sectores opuestos al Tratado simplemente no tienen opción de dejarlo pasar sin reaccionar.

Por su historia e institucionalidad, Costa Rica es probablemente el país centroamericano que tiene más que perder con el TLC, y está hoy en un momento histórico que expresa una confrontación al modelo de desarrollo impulsado por los grupos en el poder en los últimos años, un momento en el que puede estarse jugando la misma capacidad de reproducción del sistema capitalista y el modelo neoliberal, en un punto de quiebre en que, suceda lo que suceda, el país no será el mismo después.

Si se aprobara el TLC es fácil imaginar cómo será este país dentro de quince años después de sufrir los impactos del Tratado, y no es el escenario que las grandes mayorías de costarricenses quieren. Si la resistencia popular, diversa y viva, logra darle vuelta a la historia, el panorama a futuro es más incierto pero también más esperanzador: se tendría al menos la posibilidad de profundizar los aprendizajes históricos y construir un país más inclusivo, solidario y justo. Hoy la lucha es para tener, al menos, la oportunidad de intentarlo.

Notas

Datos de:

Foro Mundial sobre Educación, Educación para Todos, informe de país. En www.unesco.org

Programa Estado de la Nación. En: www.estadonacion.or.cr

Fumero Paniagua, Gerardo. “El Estado solidario frente a la globalización. Debate sobre el TLC y el ICE”, San José, Costa Rica, 2006.

La llamada CR-USA, cuya misión es “promover la colaboración entre los pueblos y gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos”, recibió un patrimonio inicial de US$56 millones. Fuente: Aportes de EE. UU. sufragan gastos del país en el TLC, Ernesto Rivera, La Nación.

Eva Carazo Vargas, psicóloga social y activista. Trabaja para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense y forma parte de la Red de Coordinación en Biodiversidad, apoya a diversas organizaciones sociales especialmente en temas relacionados con agricultura, biodiversidad y propiedad intelectual, participa en la Coordinadora Nacional contra el TLC. Correo electrónico evacarazov@gmail.com.

Fuente:  Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)

www.ircamericas.org