En las negociaciones para acordar el V Programa con el FMI, que se iniciarán próximamente, se establecerá el marco que delimitará, de manera muy estricta los márgenes de acción que tendrán las políticas públicas para los próximos 3 años. Estas negociaciones serán decisivas para determinar si Nicaragua podrá alcanzar o no el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en los campos de la educación, salud, vivienda, acceso al agua potable y saneamiento, y la infraestructura básica. Estos elementos constituyen derechos básicos e inalienables de los seres humanos.

En el caso de Nicaragua, la inversión en capital humano, la cual debe además de asegurar el derecho a una educación y salud de calidad para todos, pasa a revestir una importancia de la mayor envergadura. Esto adquiere especial relevancia en un contexto en que el país está atravesando una etapa de profundos cambios sociodemográficos, que tendrán repercusiones decisivas, y difícilmente reversibles, para el futuro del país.

El ultimo censo de población muestra que la población en edad de trabajar está creciendo de manera muy acelerada –mas rápido que el crecimiento global de la población–. Por un lado, esto aumenta las posibilidades de reducir la pobreza. Esto significa que en el seno de los hogares habrá cada vez mayor número de personas en edad de trabajar, y un menor número personas dependientes –sobre todo niños– que sostener, lo cual, si la población en edad de trabajar encuentra empleos dignos, adecuadamente remunerados, permitiría un ingreso mucho mayor en los hogares, y una mayor inversión en educación y salud por cada niño o persona dependiente; y por otro lado, si esta creciente fuerza de trabajo encontrase ocupación en empleos de alta productividad, el potencial de crecimiento de la economía se expandirá considerablemente, generando un círculo virtuoso.

Sin embargo, esto supone que la enorme y creciente masa de jóvenes que se incorpora anualmente al mercado de trabajo, encuentra empleos de alta productividad. Pero este tipo de empleos demanda una alta calificación de la fuerza de trabajo. En efecto, el que esta "ventana de oportunidad" resulte beneficiosa depende en gran medida de las oportunidades de empleo existentes y de la preparación que tengan quienes entran a la fuerza de trabajo. De lo contrario, se pueden más bien generar problemas sociales de difícil solución

Como ha dicho un Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP): "La oportunidad demográfica que se está abriendo es por una sola vez y por un tiempo limitado. Su aprovechamiento exige desde ahora flujos de inversión suficientes y bien dirigidos. Exige también políticas públicas adecuadas para garantizar que los jóvenes entren a los mercados laborales con un buen nivel de educación, capacitación y salud. Si esto no se hace a tiempo, es decir, desde ahora, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social por los altos niveles de desempleo, inseguridad ciudadana y de emigración masiva al exterior que sin duda se agudizarían".

En Nicaragua, frente a este más rápido crecimiento de la población en edad de trabajar, que constituye la fuerza de trabajo potencial del país, lo que la economía nicaragüense está generando no son empleos de alta productividad y adecuada remuneración, sino fundamentalmente empleos precarios e informales, de muy baja productividad, frecuentemente caracterizados por el auto-empleo, que proporcionan a quienes los desempeñan una pobrísima remuneración y que únicamente demandan para su desempeño de una fuerza de trabajo de muy baja calificación.

Lo que está ocurriendo es que, al haberse cerrado a lo largo de estos años a los niños y niñas de los hogares de menores ingresos –que constituyen la mayoría absoluta de los niños– el acceso a una educación suficiente y de calidad, se condenó al país a tener hoy una fuerza de trabajo de bajísima calificación, la cual únicamente puede ser absorbida por el tipo de empleos que, de manera predominante, está generando nuestra economía. En efecto, la economía nicaragüense no puede comenzar a generar, de manera predominante, empleos de buena calidad, porque estos demandan la existencia de una fuerza de alta calificación, que no existe en Nicaragua.

En los pasados 16 años, más de un millón de jóvenes se incorporó al mercado de trabajo con un nivel de escolaridad de 2, 3, 4 o cuando mucho 5 anos, muy por debajo del mínimo necesario para tener suficientes probabilidades de no verse condenados a sobrevivir los siguientes 50 años de su vida adulta bajo el umbral de la pobreza absoluta. Si no se hacen los esfuerzos necesarios y no se invierte en la magnitud necesaria, con el crecimiento mucho mas rápido de la población en edad laboral que se está produciendo, muy pronto lo que estaremos presenciando será otro millón de jóvenes más, condenados irremediablemente a entrar al mercado laboral con una escolaridad tan exigua que los condenará por el resto de su vida adulta a encontrar ocupaciones que los mantendrán, sin alternativas, bajo el umbral de la pobreza absoluta.

En este caso, se habrá perdido definitivamente esta única ventana de oportunidad, la cual solamente tendrá una duración limitada. Una vez cerrada esta, se va a iniciar un nuevo proceso de acelerado cambio demográfico, mediante el cual lo que comenzará a crecer con mayor rapidez será la población mayor de 64 anos, con todas las enormes exigencias y responsabilidades que ello implica, sin que el país cuente, ni siquiera mínimamente, con los medios necesarios para enfrentarlas.

Habrá que enfrentar además grandes desafíos, en términos de la necesidad de asegurar el acceso de las mayorías excluidas y marginalizadas de la población –que se localizan principalmente en las zonas rurales– a los servicios sociales y la infraestructura básica. El acceso a estos servicios, como ya se dijo, se constituye en un derecho humano básico, que el Estado tiene la obligación de atender.

Por lo tanto, en atención a estas consideraciones, y en ejercicio de nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, demandamos que el Gobierno de la República de Nicaragua ante todo asuma frente al el FMI la representación de las necesidades, angustias e intereses de los y las nicaragüenses, y la defensa firme y decidida de los derechos humanos indivisibles, inalienables e irrenunciables de los que somos portadores los más de 5,000,000 de personas que habitamos el país.

En tal sentido, en estas negociaciones debe asegurarse el logro de una serie de objetivos fundamentales, tales como:

• Que los presupuestos nacionales orientados a educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, vivienda e infraestructura básica, se eleven hasta el nivel que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en estos campos fundamentales.

• Que el salario de los trabajadores que prestan los servicios públicos de educación, salud y seguridad ciudadana, se eleve hasta llegar a alcanzar en los próximos 5 años un nivel similar al de sus homólogos centroamericanos.

• Que, en aras de que el sector público pueda contar con los recursos indispensables para ello, se reestructure la onerosa deuda pública interna, porque el servicio de la misma está estrangulando las posibilidades que tiene nuestro país de efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica, que constituyen prerrequisitos y elementos indispensables para su desarrollo.

• Que se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y sobre todo alcance la progresividad del sistema tributario, asegurando que los sectores que concentran el ingreso paguen proporcionalmente más y se genere con ello los recursos necesarios para invertir en el futuro.

• Que la Cooperación de la República de Venezuela apoye los esfuerzos presupuestarios requeridos para alcanzar el derecho cada vez mas universal a servicios sociales y públicos

• Se propone utilizar, como criterio para evaluar la "sostenibilidad de la deuda pública", el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La "deuda sostenible" sería aquella que permitiese alcanzar el cumplimiento de dichos Objetivos, tal como lo propuso el ahora Ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

• Que estos acuerdos respeten estrictamente, y en todas sus dimensiones, la Autonomía de los Gobiernos Municipales y de las Universidades de Servicio Público, y las asignaciones presupuestarias establecidas por mandato constitucional.

Todo acuerdo con el FMI debe partir de un respeto irrestricto e innegociable a la Constitución Política y las Leyes de la República de Nicaragua.

No se puede admitir, bajo ningún concepto, que las exigencias del FMI violenten el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, que incluye cualquier demanda de actores externos orientado a cambiar el ordenamiento jurídico que el país se ha dado a sí mismo (siempre y cuando el mismo no violente los derechos humanos).

Para finalizar, consideramos que el gobierno nicaragüense debe tomarse el tiempo necesario no solo para preparar un programa económico y social que cumpla con estas características, sustentado en una sólida argumentación técnica, sino también –lo cual resulta de fundamental importancia– para construir un fuerte consenso nacional, para que la postura negociadora frente al FMI sea una posición de país. Para ello, deberá abrirse un proceso deliberativo nacional abierto y ampliamente participativo, plenamente informado, que involucre a la mayor parte de sectores nacionales.

Estos asuntos no pueden dirimirse únicamente a través de encerronas con los grandes grupos de poder, económicos y políticos. Estos asuntos nos afectan a todos y cada uno de los seres humanos que habitamos Nicaragua. Aquí es donde cobra todo su sentido la participación, y la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas.