En el día internacional del niño/a, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades peruanas a respetar el derecho de todos los niños y niñas a una identidad y a cumplir con su obligación de garantizar que todos y todas reciban gratuitamente su Certificado de Nacido Vivo.

Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional reflejan que algunos establecimientos de salud niegan a niños y niñas en comunidades marginadas sus Certificados de Nacido Vivo cuando sus madres no pagan las multas de hasta 50 nuevos soles (US$15) que les imponen por no acudir a los centros de salud a atenderse el parto o a hacerse los controles pre y posnatales. Estas multas que se imponen principalmente a las mujeres en algunas zonas rurales del país, no son sólo ilegales sino que están muy por encima de su capacidad de pago.

Esta práctica discrimina a los niños y niñas más vulnerables y les niega su derecho a ser reconocidos como ciudadanos y a disfrutar de libertades fundamentales.

"Para los niños y niñas en Perú, no tener un Certificado de Nacido Vivo significa no tener una identidad y por tanto se les niega el acceso a derechos básicos como la salud y la educación," dijo Nuria García, Investigadora de Amnistía Internacional para Perú.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para entregar documentos de identidad a través del Plan de Restitución de la Identidad, el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), estimó en septiembre del 2006 que más de 1.200.000 personas en Perú están indocumentadas, incluidos más de 300,000 menores de 18 años de edad.

"Las desigualdades sociales y la pobreza son elementos que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de muchos niñas y niñas en el Perú. No es casual que éstas sean las principales características de los menores a los que se les niega un Certificado de Nacido Vivo, vulnerándose así su derecho a la identidad," dijo Nuria García.

Los profesionales de la salud en las zonas rurales informaron a Amnistía Internacional que las multas y la no entrega gratuita del Certificado de Nacido Vivo son vistas como una forma de motivar a las mujeres a acudir a los centros.

"Esta práctica no sólo contraviene las leyes peruanas sino que además demuestra que el Estado no está tomando este problema seriamente ya que ha fallado en garantizar que los profesionales de la salud conozcan la legislación y reciban capacitación sobre su obligación de entregar Certificados de Nacido Vivo de forma gratuita," dijo Nuria García.

"Las mujeres que viven en comunidades marginalizadas enfrentan barreras económicas y culturales que les impiden, en algunos casos, acudir a los establecimientos de salud para atenderse el parto y a los controles pre y postnatales. Estas barreras incluyen las distancias a los centros y los costos indebidos que deben asumir, así como el temor a procedimientos que difieren de las prácticas tradicionales de dar a luz en sus comunidades", dijo Nuria García.

"Las autoridades deben dar la máxima prioridad a esta problemática que afecta a miles de niños y niñas en el Perú y garantizar que el Perú sea un país donde todos los niños y las niñas, sin discriminación, sean reconocidos como ciudadanos y puedan disfrutar de todos sus derechos y libertades fundamentales," dijo Nuria García.

Información general

En julio de 2006, Amnistía Internacional publicó el informe "Perú: Mujeres pobres y excluidas la negación del derecho a la salud materno-infantil" (AMR 46/004/2006) en el contexto de la III Conferencia Nacional de Salud en Lima, Perú.

En este informe, la organización revela que la discriminación en los servicios de salud materno-infantil hace posible que cientos de mujeres, niños y niñas pobres mueran cada año en Perú y niega a muchos de ellos el derecho a una identidad.

La mortalidad materna e infantil en Perú es una de las más elevadas de la región, cifra que se duplica en las zonas rurales. Las mujeres pobres, especialmente aquellas en las zonas rurales, que corren un riesgo mayor de sufrir problemas de salud durante el embarazo y el parto, y los niños y niñas marginados, que deben hacer frente a mayores riesgos de padecer enfermedades durante los primeros años de vida, son quienes reciben menos protección.

A pesar del establecimiento de un servicio de salud oficial gratuito para las comunidades marginadas, la atención de la salud efectiva no llega a las mujeres y los niños y niñas pobres, y a menudo, las pocas personas que acceden a los servicios de salud son maltratadas.

En su informe, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las nuevas autoridades peruanas para que: garanticen la no discriminación y la distribución de información relativa al servicio de salud materno-infantil gratuito disponible para las personas socialmente excluidas; garanticen que no se imponen multas a las mujeres marginadas por dar a luz en su domicilio; garanticen que todos los niños y niñas tienen acceso a partidas de nacimiento; y garanticen unas condiciones laborales adecuadas, así como formación en derechos humanos para los profesionales de la salud.