Las compañías petroleras que quieran operar en el país andino tienen hasta ése día para firmar los nuevos contratos. Las versiones sobre qué va a pasar son encontradas. Petrobras es la principal inversora en Bolivia

Los 180 días que estipulaba el Decreto Supremo 28701 como plazo para que las compañías privadas acepten las nuevas condiciones tras la nacionalización de los hidrocarburos que esa normativa establecía se vencen este sábado. Aunque todavía ninguna corporación extranjera ha firmado contrato alguno con el Estado boliviano, las declaraciones expresadas en un sentido y otro son similares a las que se pueden observar en situaciones similares: un intento por parte de las empresas por detener el proceso como hipótesis de máxima, y obtener el menor perjuicio como piso.

Los cierto es que la Administración del presidente Evo Morales decidió atenerse al espíritu de ese decreto firmado el 1º de mayo pasado y anunció que la fecha límite no se va a alterar. Y anunció que va a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la entidad que va a asumir la operatoria en aquellos campos que las empresas privadas desistan de manejar.

No obstante, el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, expresó su confianza de que las compañías firmen los nuevos contratos y para ello se va a esperar hasta el último minuto. Señaló que es muy posible que “faltando 5 o 10 minutos para el cumplimiento de plazo las empresas están esperando la suscripción del contrato o algunas desistiendo”.

En una conferencia de prensa realizada ayer en Palacio de Gobierno con medios extranjeros, Morales aseguró que la decisión de no ampliar el plazo fue asumida en reunión de gabinete de la mañana de ayer en el marco del respeto al decreto de nacionalización de los hidrocarburos.

“Las leyes bolivianas deben ser respetadas y estamos abierto a las negociaciones. Tenemos la fórmula propuesta para todas las empresas que maneja el Ministro de Hidrocarburos, los asesores y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y, por tanto, hay una decisión de la reunión que tuvimos esta mañana de hacer respetar nuestro decreto supremo”, aseguró el Jefe de Estado.

El Decreto Supremo 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo, puso 180 días como plazo, el que se cumple este 28 de octubre, para que las compañías petroleras transnacionales se adecuen a las nuevas reglas del juego.

Los nuevos contratos de servicios a ser suscritos entre YPFB y las compañías extranjeras que operan en Bolivia va a consignar la obligatoriedad de hacer inversiones en exploración a partir del primer día después de la firma de los contratos este 28 de octubre para garantizar el consumo interno y la exportación de gas natural a Brasil y Argentina.

El ministro Villegas explicó que la decisión para el desarrollo de campos está dentro de la política de Estado en materia energética para cumplir con los compromisos asumidos con Brasil y Argentina, además de la demanda de consumo interno y la ejecución de otros proyectos de industrialización.

“Las empresas tienen la obligación de descubrir nuevas reservas a través de planes de exploración e inversiones en aumento de inversión a través de planes de desarrollos de campo”, dijo Villegas, que agregó que su gobierno se mantiene firme en la implementación de dos líneas fundamentales en la política hidrocarburífera y que está relacionada a las consumir las reservas actuales, pero también descubrir otras para no enfrentar a futuro problemas como ocurrió en otros países.

El principal inconveniente que debe atravesar la nacionalización llevada a cabo por el Movimiento al Socialismo (MAS) es con un gobierno vecino. La mayor inversión de todo tipo llevada adelante por una empresa en Bolivia fue realizada por Petrobras, empresa privada pero cuyo mayor accionista es el estado federal brasileño. Para graficar, la petrolera carioca era responsable del 20 por ciento del Producto Bruto Interno boliviano.

Aunque el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, había dicho el lunes que su país y Bolivia están próximos a llegar a un consenso sobre los servicios que va a prestar Petrobras en el país andino, uno de los más cercanos asesores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que si no hay "un acuerdo óptimo, Petrobras se retira de Bolivia".

En Sao Paulo, el coordinador de la campaña de reelección del presidente Lula da Silva y uno de sus más cercanos colaboradores en temas internacionales, Marco Aurelio García, indicó que si las partes llegaban a "un acuerdo, óptimo, estableceremos un nuevo contrato", pero que si no hubiera ese acuerdo "Petrobras se retira de Bolivia. Es muy simple".

Petrobras o "será indemnizada por voluntad del Gobierno boliviano o será indemnizada en función de decisiones de los tribunales internacionales", agregó García en la declaración de más alto tenor entre Brasilia y La Paz desde el Día del Trabajo pasado.

El modelo de contrato que el Gobierno negocia con las petroleras dispone que en caso de presentarse una controversia sobre el cumplimiento del acuerdo, su situación se va a resolver en un arbitraje en idioma español, que tendrá como sede La Paz, será celebrado con base en la Constitución Política del Estado de Bolivia y cuyo resultado será de cumplimiento obligatorio para las partes. Esa cláusula está contenida en una de las últimas versiones del convenio de operación que el Ejecutivo prevé firmar con las empresas petroleras.

El modelo de contrato también define que la propiedad del gas y del petróleo (debajo y sobre la superficie) es de Bolivia, por lo que las compañías no tienen derecho sobre los hidrocarburos producidos como lo tenían antes.

El canciller brasileño, Celso Amorim, advirtió de que su país no va a aceptar "decisiones unilaterales" en las negociaciones con Bolivia. "Brasil no aceptará decisiones unilaterales" y pretende que en la negociación se llegue a un "entendimiento en un contexto de beneficios para ambos países", dijo el titular de Itamaraty a los periodistas.

Y coincidió con el asesor de Lula da Silva en el sentido de la recurrencia a un tribunal internacional en caso de que no se arribe a una solución consensuada.

Amorim dijo que "hay que buscar el equilibrio adecuado", aunque admitió que "no es una cosa fácil", dado el conflicto de intereses existente.

Brasil "no quiere radicalizar esta historia" dijo Amorim, y pretende "conversar" hasta encontrar una solución. "El contexto (antes de la nacionalización) era uno y ahora es otro", reconoció, quien no obstante insistió en que "se debe tener presente que no puede haber decisiones unilaterales y arbitrarias" en torno a la situación de Petrobras.

Según el ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, la negociación está a cargo de técnicos de Petrobras y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que viajaron a la Paz el pasado martes.

Como repetimos en otras oportunidades, el plazo está a la vuelta de la esquina y no creemos necesario hacer futurología. Sí debemos destacar que lo que se expresa por parte del lado empresario se asemeja a las operaciones de prensa para defender un privilegio o prebenda, similar a lo oído en estas tierras en oportunidad de las renegociaciones de los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados: una discusión por márgenes de ganancias.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
http://www.prensamercosur.com.ar