En el día de ayer, el juez Jorge Ballestero dispuso el procesamiento del ex presidente Fernando De la Rua, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y diversos integrantes del gabinete económico, entre ellos Daniel Marx, secretario de Finanzas y Jorge Baldrich, secretario de Hacienda, imputándolos como coautores del delito de administración infiel en la causa iniciada por el megacanje de la deuda externa producido a mediados del 2001. El juez federal asegura en su dictamen, que tanto De la Rua como Cavallo, obraban con absoluta conciencia en perjuicio de los intereses nacionales. Para lograr una reducción de unos 12.000 millones de dólares hasta el año 2005, se incrementaron los vencimientos en más de 55.000 millones de dólares hasta el año 2031. A lo que debemos sumarle los 150.000.000 dólares que en concepto de comisiones que se le pagaron a distintos bancos y banqueros que intervinieron en la operación. En los hechos, el megacanje consistió en cambiar títulos de la deuda que estaban por vencer, por otros a largo plazo pero con una mayor tasa de interés y jugosas comisiones, lo que incrementó aun más la deuda como lo demuestra la resolución judicial. Desde un primer momento, desde Diálogo 2000 denunciamos la ilegitimidad tanto del blindaje financiero como del megacanje de la deuda, fundando nuestra oposición en varios de los argumentos que ahora la justicia tiene en cuenta para dictar el procesamiento de los culpables. Deciamos en ese entonces que "el espectacular megacanje de deuda orquestado por el mismo Cavallo y sus amigos banqueros, significaba una pequeña quita en el monto de los pagos a efectuar durante los próximos meses de 2001, pero al costo de un aumento sensible en las tasas de interés aplicadas. Es decir, patear para adelante una enorme bola de nieve." Y así fue. La bola de nieve estalló en diciembre de 2001, provocando la peor crisis socioeconómica que Argentina tenga memoria y cuyas secuelas aún hoy, continúan marcando el presente y futuro de la mayoría de nuestro pueblo. Hoy seguimos padeciendo la carga que representa la deuda pública sobre nuestras vidas. A pesar que el Gobierno insista que con el pago por adelantado realizado a fines del año pasado al FMI, lográbamos la recuperación de nuestra soberanía financiera, vemos como en el presupuesto nacional para el año 2007, girado al Congreso Nacional para su tratamiento, se aumenta en un 10 % las partidas destinadas para el pago de los servicios de la deuda, mientras se siguen tomando nuevos créditos con el Banco Mundial, el BID y en los mercados de capitales, hipotecando aún más el futuro de nuestro país. Por eso volvemos a afirmar que el único camino es hacer JUSTICIA frente a los fraudes producidos tanto por el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los grandes capitales financieros, en complicidad con la clase política argentina y los grupos financieros locales, SANCIONANDO a los responsables, SUSPENDIENDO la sangría de recursos que sigue representando el pago de una deuda ilegítima y poniendo en marcha una AUDITORÍA integral y participativa para demostrar fehacientemente que en realidad no somos deudores, sino acreedores de una deuda que ya hemos pagado varias veces con creces y a costa del sufrimiento de miles de argentinos y argentinas.