El ataque al poblado de Atenco, al oriente de la capital mexicana por los efectivos militares de la policía federal preventiva, revela el proceder de las células secretas del ejército nacional y la extensión en México de la estrategia militar norteamericana. En el debate tan limitado que se realiza en el establishment político y mediático norteamericano, en relación a los distintos programas de espionaje que han sido desvelados a lo largo de los últimos meses, un hecho fundamental ha sido aceptado por todos los participantes: la administración Bush, aparte de los errores en que pueda incurrir o de los derechos fundamentales que pueda violar, ha desencadenado una lucha contra el terrorismo, un objetivo principal que debe ser apoyado por todos. Por un lado, el gobierno Bush insiste en que el pueblo americano debe creer si vacilar en la palabra de sus políticos o de sus administradores; debe creer que el gobierno utiliza los novedosos recursos del espionaje que surgieron con especial dedicatoria para el combate a Al Qaeda. Pero el gobierno no ha proporcionado ninguna información concreta sobre la naturaleza de los centros de espionaje que han entrado en funciones. Por lo pronto, esos programas han sido elaborados para crear las bases de datos relacionadas con las comunicaciones telefónicas y electrónicas de decenas de millones de ciudadanos norteamericanos (incluyendo a los de México y Canadá). Otros programas permanecen fuera del conocimiento de la población. La supuesta justificación para guardar secretos sería que toda información disponible para el público ayudaría a los terroristas a evitar detección. Por otra parte, la supuesta oposición oficial en el interior del establishment político supone siempre que las autoridades administrativas llevan a cabo una lucha permanente contra el “terrorismo” que a toda costa debe ser ganada. Las tácticas a emplear pueden sufrir el alcance de la crítica y ser merecedoras de los comentarios demoledores de propios y extraños, sobre si son o no necesarias, pero los motivos fundamentales jamás hasta hoy han sido replanteados. El 14 de mayo último, Patrick Leahy, presidente demócrata del Comité judicial del Senado, ha hecho la declaración típica que suele hacerse a los servicios de espionaje: «Deberíamos espiar a los terroristas y no a los norteamericanos inocentes. Deseo nuestra seguridad, pero no creo que esta administración se proponga conseguirla.» Veamos cómo se construyen los canales de seguridad norteamericana Con el antecedente de que el Comando norte, que es coordinador del esfuerzo de seguridad en los tres países norteamericanos (México, Canadá y Estados Unidos), es el responsable de la seguridad del área de cara al terrorismo y las migraciones incontroladas, por lo que el estilo de control social adoptado en uno de ellos puede ser el modelo de lo que se hará en los otros dos. En esta carrera modélica lleva la delantera, por supuesto, Estados Unidos. Un artículo publicado por la revista mexicana Proceso, bajo la firma de Jorge Torres, nos indica como ocurrirá el control en la zona norte del continente americano y la naturaleza militar de los dispositivos de control social. Dice Torres que el ejército mexicano tiene células secretas “antiterroristas” con instrucciones de desplazarse “sobre cualquier estructura u organización” y “realizar las operaciones que sean necesarias” en el caso de una amenaza. Tales unidades son de “alta confidencialidad”, y aunque se desconoce su número de efectivos, se sabe que están integradas por pequeños comandos entrenados para realizar actividades clandestinas y que tienen su base en la Sección segunda del ejército de tierra, es decir, la inteligencia de ese sector armado. La revista Proceso ha tenido acceso a un documento elaborado por estrategas de la secretaría de la Defensa Nacional, que se refiere a las células militares antiterroristas que, junto con las unidades de contraespionaje, se enlazan con una organización de “contrainteligencia especializada” que busca neutralizar la obtención clandestina de información y hacer frente a grupos terroristas que actúen en el territorio mexicano. El documento es un Manual de contrainteligencia de 220 páginas que lleva impreso el sello de “confidencial”, que puntualiza: “la secretaría de la Defensa Nacional dispone, en el sistema de inteligencia militar del ejército y la fuerza aérea mexicana, de los órganos de contrainteligencia, que están en condiciones de aplicar las medidas activas de acuerdo con los requerimientos propios del ámbito militar.” Y como la mayor parte de los oficiales, jefes y generales de estado mayor han sido formados por mayor o menor en academias militares estadounidenses, ya podemos imaginarnos lo que significa “requerimientos propios del ámbito militar”: sometimiento obediente a la estrategia del gobierno Bush organizada por Dimitri Negropone, de guerra sin cuartel a un terrorismo que sólo estos dos conocen. Pero como la estrategia militar norteamericana, que será puesta en acción por el Comando norte, lleva un apéndice relativo a las migraciones, impuesto como obligatorio por la estrategia del ejército norteamericano a sus dos socios del TLC, debemos suponer que el muro de contención migratoria y la militarización de la frontera méxico-norteamericana están aprobadas por el ejército nacional mexicano. De tal manera, el 4 de mayo último, los defensores de los derechos humanos asociados en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que fue fundado y es operado por jesuitas, expresaron su opinión sobre el asalto al pueblo de Atenco llevado a cabo por la policía federal preventiva y la secretaría de Seguridad Pública del estado de México. Dice su portavoz Miguel Velasco: “El despliegue de una fuerza “desmesurada” los días 3 y 4 de mayo en Atenco fue un mensaje al neozapatismo “para que no generen un territorio autónomo o provoquen otras sedes”. Sigue Velasco diciendo: “Evitar que Atenco sea un territorio liberado y tratar su ocupación militar (la policía federal preventiva está integrada casi en su totalidad por militares) como un rescate para contener un movimiento social como el EZLN”. En Estados Unidos, mientras esto sucede en México, al margen de aceptar la premisa básica que es la guerra al terrorismo, las declaraciones y tomas de posición “democráticas” son apreciadas como deshonestas, y la deshonestidad incluye a los demócratas, que oportunamente fueron informados sobre los alcances del Patrot Act y y todos los aspectos del programa de control de población mediante el espionaje doméstico y fronterizo. ¿No es acaso viable la suposición de que el gobierno Bush espíe al pueblo norteamericano con el deliberado propósito de controlar a todo tipo de opositores, desde su nombre hasta su localización laboral, y que en nombre de la lucha contra el terrorismo se prepare la excusa para someter a quienes cuestionan la eficacia de la élite norteamericana aún en el poder? El simple hecho de plantear esta pregunta en Estados Unidos resulta sumamente sospechoso y el curioso podría verse sometido a un procedimiento acusado de complot. Negroponte, el personaje clave Es necesario echar una ojeada al dossier de John Negroponte, actual director de Investigación nacional, encargado de la coordinación de varias agencias estadounidenses de espionaje. Negroponte ha hecho su aparición como personaje crucial en el amplio espacio de la vigilancia interior de Estados Unidos bajo la sombra republicana de Bush. Su última actuación consistió en lograr la dimisión de Porter Goss como director de la CIA. Para sustituirlo, la administración Bush ha designado a Michael Hayden, quien fue asesor de Negroponte y es antiguo director de la Agencia nacional de seguridad. Negroponte fue designado director de investigación nacional en febrero de 2005. Un cargo que nació sobre la base de una recomendación del comité que se había encargado de investigar el ataque terrorista del 11 de septiembre. El objetivo real de ese cargo que Negroponte no tardó en ocupar es el de lograr el control absoluto de la población norteamericana de acuerdo a los designios económicos, financieros, militares y religiosos del establishment neoliberal. Uno de los motivos de la promoción de Negropone fue haber sido en el período de 1981 a 1985 embajador en Honduras, cargo en el que contribuyó a supervisar la intervención de su país en apoyo de la «contra» nicaragüense, que llevaría a una guerra irregular e ilegal contra el gobierno sandinista y nacionalista de Nicaragua. Durante esta guerra financiada par la CIA y operada por el Mossad, 50 mil personas resultaron muertas, entre otras cosas porque los contras emplearon métodos brutales consistentes en tortura y asesinatos.