“Cae la máscara, la cara asoma, y la tormenta arrecia”

Eduardo Galeano

1. Introducción

México se encamina hacia un nuevo cambio de gobierno el próximo mes de julio de 2006. Habrán transcurrido, casi dos décadas y media de políticas de ajuste y de reformas neoliberales, desde la crisis de la deuda externa de 1982. El predominio de políticas económicas fundamentalistas de mercado, así como una inserción pasiva y subordinada en los esquemas de integración y de globalización neoliberal, se han traducido en procesos de lento crecimiento económico; escasa absorción de empleo en el sector formal de la economía; crecimiento desbordado de la economía informal y de la migración; desarticulación del sistema productivo y del sistema financiero; mayor vulnerabilidad externa; pérdida de soberanía económica y política; y aumento imparable de la concentración del ingreso, de la pobreza y de la exclusión social.

El gobierno de Vicente Fox ofreció en su campaña electoral un cambio de rumbo, modificar el modelo económico, recuperar el crecimiento y fortalecer el sistema democrático. Los resultados de la alternancia política no habrían podido ser más decepcionantes. En materia económica, se mantuvo sin cambio la política económica neoliberal (los mismos hombres, los mismos funcionarios, tecnócratas neoliberales del salinismo y del zedillismo, siguieron haciendo lo mismo) y se trató de avanzar, en medio de una creciente resistencia de algunos partidos políticos opositores y de la sociedad civil, en la agenda de la reforma neoliberal, con las llamadas reformas de “segunda generación”. Se siguieron aplicando políticas monetarias y fiscales restrictivas de carácter procíclico, cuyo objetivo explícito es controlar la inflación, pero cuyo propósito implícito es favorecer la atracción de flujos externos de capital y complacer al capital financiero internacional; se continuó con una política cambiaria de “flotación administrada” de la moneda que provoca la apreciación persistente del peso y alienta la especulación financiera y bursátil; se mantuvieron los topes salariales y la práctica de fijar los aumento de salarios en función de la inflación esperada y no de la inflación pasada; se ha pretendido, hasta ahora sin éxito aprobar una reforma laboral – la llamada “ley Abascal”, cuyos propósitos son “flexibilizar” más el mercado de trabajo cercenando derechos y prestaciones de los trabajadores; se conservó sin cambios la política comercial de apertura externa indiscriminada, y sigue sin existir una política industrial digna de ese nombre; se piensa que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no debe revisarse y en su lugar se propuso un TLCAN plus, en el que a cambio de un plan migratorio lejano e insuficiente, se entregue al capital trasnacional, por la vía de la privatización formal, o, paso a paso, por la vía de los hechos, y al margen de la Constitución, el sector energético, además de comprometerse a apoyar sin reservas la política estadounidense de seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo; la apertura de la cuenta de capital y del sector financiero se mantiene sin alteraciones: los flujos privados de capital de cartera especulativo siguen siendo, junto a las remesas de trabajadores en el exterior y los recursos del narcotráfico, el principal mecanismo de financiamiento del desequilibrio externo; se prosigue un endeudamiento acelerado tanto interno como externo (principalmente por la vía de PIDIREGAS), sin considerarse algún cambio en los esquemas de pago del servicio de la deuda externa, ni una revisión de los onerosos programas de rescate de la banca, carretero, etc.

En materia de fortalecimiento de la democracia, el gobierno de Fox tiene también poco de que ufanarse. Si bien la alternancia partidista pareciera haber ganado carta de naturalización y la existencia de un partido único de Estado ser cosa del pasado, existen numerosos retrocesos que amenazan con reducir la democracia a un ejercicio hueco y costoso del voto, mientras se refuerzan las tendencias a la centralización y descomposición del poder. De manera meramente ilustrativa se podrían citar los siguientes hechos: la utilización del Poder Judicial por el Ejecutivo con fines políticos o represivos (desafuero del Jefe de Gobierno del D. F, otorgamiento de poderes al Poder Ejecutivo en materia presupuestal que la Constitución no le concede; intento de encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, etc.); el uso abusivo de los medios masivos de comunicación para mantener la hegemonía del proyecto neoliberal y para fabricar e implementar escándalos políticos en contra de adversarios políticos; retrocesos en la ciudanización de los órganos electorales; la refuncionalización del movimiento obrero oficial de acuerdo con las necesidades del nuevo gobierno y del bipartidismo (PRI-PAN) neoliberal; la legalización de los fraudes bancarios bajo el cobijo del IPAB; el financiamiento ilegal de las precampañas y campañas políticas; el aumento escandaloso de la corrupción pública y privada; el ascenso imparable del narcotráfico y de su vinculación con el poder estatal; y tantos otros signos ominosos que revelan no sólo una regresión democrática, sino un preocupante proceso de descomposición social y moral de nuestro país.

En corto, el régimen foxista podría ser caracterizado como uno de continuidad del modelo neoliberal y de regresión democrática.

Nada, quizá, resulta más urgente en el momento actual en el plano económico que superar el estancamiento económico y recuperar la capacidad de crecimiento de la economía mexicana y la generación de empleos en el sector formal de la economía. Durante 23 años de experimento neoliberal el producto interno bruto por habitante creció a una tasa de 0.6% anual, la sexta parte de lo conseguido en la década de los sesenta y setenta, cuando el mismo indicador aumentó 3.5 y 3.8%, respectivamente. Durante la administración de Vicente Fox el PIB ha crecido a una tasa inferior al 2% (menos de 1% en términos percápita) y se sufren todavía, en muchos aspectos, los estragos de la crisis de 1994-1995.

Los resultados en materia de empleo son deplorables. Se calcula que se para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo se debería crear 1 millón 500 mil empleos anualmente. Sin embargo, el número de asegurados permanentes del IMSS - que es un indicador imperfecto pero que refleja la creación de empleos en el sector formal de la economía -, sólo se incrementó en 21,501 plazas en el periodo 2001-2005 (cuadro y gráfica). Mientras tanto, se estima que la economía informal ocupa alrededor del 50-60% de la PEA y que emigran cada año entre 400,000 y 500,000 trabajadores a los Estados Unidos (Guillén, 2005)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

El objetivo de este capítulo es presentar y analizar algunas propuestas en torno a lo que considero son aspectos críticos de la política económica, que resulta imperativo cambiar para avanzar en la dirección de un proyecto nacional de desarrollo alternativo orientado a recuperar un crecimiento alto, estable y equitativo de la economía mexicana. En el apartado 2 se presenta un breve resumen de los que considero serían los objetivos y ejes centrales de una estrategia alternativa del desarrollo, los cuales han sido desarrollados por el autor en trabajos previos (Guillén, 2000 y 2006). En los apartados 3, 4 y 5 me refiero a lo que llamo “el nudo crítico del cambio económico”, cambios sin los cuales la tentativa de instaurar un proyecto alternativo, podría trabarse. En mi opinión estos son: a) redistribuir el ingreso hacia los grupos de menores ingresos de la población, como condición del desarrollo económico, y no sólo como consecuencia del mismo; b) la necesidad de aplicar una política monetaria, fiscal y salarial compatible con un crecimiento económico alto y duradero; y c) el imperativo de movilizar el excedente económico y reducir sustancialmente el peso de la deuda externa e interna, para liberar, de esa manera, recursos para la inversión y el gasto social. En el apartado 6 se ofrecen algunas conclusiones

2. Ejes centrales de un proyecto alternativo de desarrollo

La estrategia económica de México reclama cambios de fondo, no sólo de forma. Se requiere de un nuevo proyecto nacional de desarrollo, no meros ajustes al modelo neoliberal vigente, que ha demostrado su incapacidad para asegurar el desarrollo económico del país y resolver los acuciantes problemas sociales.

Los objetivos básicos de un nuevo proyecto nacional serían en mi opinión:

• La obtención de una tasa de crecimiento del producto nacional alta y duradera, que permita elevar los niveles de empleo formal, así como reducir sustancialmente el desempleo y el subempleo de la fuerza de trabajo

• Revertir el proceso de concentración del ingreso y el deterioro de los ingresos reales, así como reducir sustancialmente los niveles de pobreza de las grandes mayorías

• La satisfacción de las necesidades de las necesidades básicas de la población

• La construcción de un sistema productivo y financiero más eficiente y articulado

• Retomar el mercado interno como el centro dinámico de la economía, sin descuidar la competitividad externa y la importancia de exportar.

• Recuperar los espacios de soberanía política y económica perdidos con la reforma neoliberal

• Hacer descansar el financiamiento del desarrollo en el ahorro interno, movilizar el excedente económico y reducir el peso del servicio de la deuda externa e interna

En el centro del proyecto nacional debe estar la idea del desarrollo. Este es un proceso multidimensional que abarca y atraviesa la economía, la sociedad, la política y la cultura. Por ello, el desarrollo no puede ser alcanzado mediante la acción espontánea y exclusiva del mercado, sino que es el resultado de un proyecto social y político que permita la transformación estructural del sistema productivo, el mejoramiento cualitativo de la sociedad y la preservación de la identidad cultural de la nación. Los impulsores del Consenso de Washington – entre ellos los gobernantes mexicanos neoliberales que contribuyeron a su arquitectura y han sido fieles seguidores - supusieron que una vez que la reforma neoliberal se implementase, se recuperaría el crecimiento económico y éste “gotearía” hacia el resto del sistema y al conjunto de la población mejorando progresivamente sus condiciones de vida y eliminando gradualmente la pobreza. Los resultados alcanzados demuestran la futilidad de esperar el desarrollo confiando en el mercado o en la apertura indiscriminada de la economía al exterior.

El modelo económico tiene que cambiar su eje de la lógica de los medios - es decir, de la lógica de la acumulación de capital - a la lógica de los fines (Furtado, 1998). El paso de una estrategia de desarrollo basada en la lógica de la acumulación de capital a otra fundada en los fines y en la satisfacción de las necesidades sociales, será todo menos fácil. Por un tiempo quizás largo, coexistirán dos lógicas contradictorias: la lógica de la acumulación capitalista y de la ganancia, junto y frente a la lógica del desarrollo nacional y de las necesidades sociales (Aguilar, 1999). El éxito de un proyecto nacional de desarrollo alternativo requerirá por ello de la construcción de una democracia avanzada, de un sistema político en donde el pueblo se organice por su propia cuenta y participe activamente en las decisiones; donde aquella no se reduzca a ser un mero escenario electoral, un “cascarón vacío”, como acertadamente la califica Borón (2005), dominado por los dueños del dinero. Como afirmaba Furtado (2002: 47):

“(La) voluntad colectiva requiere el reencuentro de los líderes políticos con los valores permanentes de nuestra cultura. Por lo tanto, el punto de partida del proceso de reconstrucción que tenemos que enfrentar deberá ser una mayor participación del pueblo en el sistema de decisiones”.

La economía mexicana carece de motor interno. Es falsa la visión oficial en el sentido de que la recuperación se consolidará solamente si se concretan las llamadas reformas estructurales (reforma eléctrica, reforma energética, reforma fiscal y reforma laboral), las cuales no se traducirían en una expansión significativa del aparato productivo, aunque sí implicarían una pérdida irreparable de lo poco que queda del patrimonio nacional y una precarización aún mayor del mercado de trabajo.

La estrategia exportadora unilateral seguida en el modelo neoliberal (MN) no podrá sacar a México del subdesarrollo, ya que no imprime dinamismo al conjunto de la economía, desarticula el y hace más vulnerable el sistema productivo y reproduce la concentración de la renta y la exclusión social.

Para los países de gran dimensión geográfica y fuerte heterogeneidad estructural como México, no existe otra alternativa que el reconvertir al mercado interno en el centro dinámico del sistema productivo y en el motor de la economía. Al situar al mercado interno en el centro de la estrategia de desarrollo, no se trata de volver atrás y de reeditar las condiciones – tarea imposible, por otro lado- que hicieron posible el modelo de sustitución de importaciones (MSI). Se trata, más bien, de aplicar una estrategia dual que combine el fomento de las exportaciones y la búsqueda de mercados externos con la sustitución de importaciones y el desarrollo del mercado interno. En última instancia, su objetivo sería crear una base endógena de acumulación de capital, capaz de estimular la creación, asimilación y difusión de los avances tecnológicos. El fomento de las exportaciones sería un objetivo subordinado de la política de desarrollo.

Sin desconocer la importancia de contar con un sector exportador eficiente, en la estrategia de cambio estructural, deberá privilegiarse el restablecimiento de las cadenas productivas internas, el redespliegue de procesos de sustitución de importaciones, así como la reorganización de las economías campesinas y el establecimiento de programas de autosuficiencia alimentaria. Una estrategia de ese tipo sólo es factible si se aplica una política industrial y una política agropecuaria activa y planeada. Ello implica por fuerza revisar la apertura comercial y el TLCAN. Particular importancia reviste la revisión del capítulo XI de este tratado, que impide la aplicación de cualquier norma de comportamiento a las empresas transnacionales, así como una renegociación a fondo del capítulo agropecuario.

Una nueva estrategia basada en el crecimiento sostenible de la economía y del empleo, no resolverá en el corto plazo la restricción externa – es decir, la tendencia estructural al desequilibrio externo -, ya que ésta es una manifestación de la desarticulación y orientación hacia fuera del sistema productivo. Ello se traducirá en la persistencia del desequilibrio en la balanza en cuenta corriente, aunque decreciente si se sustituyen importaciones, se elimina la sobrevaluación de la moneda y se reduce el servicio de la deuda externa.

En otras palabras, el objetivo de la estrategia alternativa no puede ser otro que la creación de una base endógena de acumulación de capital y de un sistema productivo más integrado, ya que sin la consecución de estos objetivos, no puede haber desarrollo económico, como lo demuestra la experiencia exitosa de Corea, único país de la periferia que ha logrado trascender, en buena medida, su condición de país subdesarrollado. No existe otra fórmula para la superación de la heterogeneidad estructural y de la pobreza.

Una estrategia de ese tipo no implica voltear la cara a la globalización y aislarse de la misma. En realidad, México y América Latina siempre se han desenvuelto en el marco de una economía-mundo. El problema no es la globalización en si misma, sino la forma en que cada país se inserta en la misma. Como afirma Ferrer (2005: 647):

“El resultado desde la perspectiva de cada país, radica en el estilo de inserción en el orden global o, dicho de otro modo, en la calidad de las respuestas a los desafíos y oportunidades de la globalización”.

La calidad de la respuesta en el caso mexicano ha sido mala, en la medida de que se ha tratado de una inserción pasiva y subordinada. Una estrategia como la que se propone, centrada en el mercado interno no puede descansar en el funcionamiento espontáneo del mercado, sino que reclama una acción deliberada por parte del Estado, la aplicación de una política industrial activa y la utilización de técnicas de programación económica, de manera de concentrar la acción en las inversiones básicas.

3. Redistribuir el ingreso desde el comienzo, no sólo como resultado del crecimiento económico

La concentración del ingreso y de la riqueza es un rasgo estructural que se ha reproducido y perpetuado en los distintos modelos de desarrollo por los que ha atravesado México. Desde la Colonia, el Barón de Humboldt describió a México como el país de la desigualdad.

La concentración de la renta en manos de unos cuantos multimillonarios que se han enriquecido con el neoliberalismo, es evidente en la mayoría de los países latinoamericanos, pero especialmente aguda en los más grandes: Brasil y México. De hecho, durante las últimas dos décadas de globalización neoliberal, el ingreso se ha concentrado en todos los países, incluidos los países desarrollados. Como plantea Harvey (2005), el neoliberalismo ha sido un instrumento fundamental para la restauración y recomposición de los grupos en el poder, en detrimento de los trabajadores y otros grupos sociales subordinados.

Sin equidad social no puede haber ni libertad ni democracia. Como bien apunta Wallerstein (2003: 237):

“Nadie puede ser ‘libre’ para elegir, si sus elecciones están constreñidas por una posición desigual. Y nadie puede ser ‘igual’, si él o ella no tienen el grado de libertad que otros tienen, esto es si no gozan de los mismos derechos políticos y el mismo grado de participación en las decisiones reales”

La concentración del ingreso debe ser revertida tanto por razones económicas, con el objeto de validar una estrategia de desarrollo centrada en el mercado interno, como también por razones sociales y políticas, porque los riesgos de ingobernabilidad que provoca el estancamiento económico y la desigualdad social son reales.

La persistencia de la concentración del ingreso condiciona la existencia de patrones de consumo suntuario que no se corresponden con el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas; configura un sistema productivo funcional con esos patrones; implica la desviación del excedente económico hacia fines distintos a la acumulación de capital; y al limitar el aumento o reducir los ingresos reales de los trabajadores y de las grandes mayorías, traba el crecimiento del mercado interno y genera tendencias al estancamiento de la economía.

La causa última de la concentración del ingreso es la existencia una oferta ilimitada de mano de obra en el sector de subsistencia, lo que impide el aumento de los salarios reales en el sector moderno. Esto fue así desde el modelo primario exportador, vigente hasta la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. El modelo de sustitución de importaciones (MSI) no resolvió la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra ni eliminó el carácter heterogéneo del sistema productivo y de la estructura social. El excedente estructural de mano de obra sin dejar de seguir presente en el sector rural, se trasladó a las grandes ciudades. Sin embargo, la industria, a pesar de su dinamismo, no logró absorber a los vastos contingentes de mano de obra, dando lugar al surgimiento del subempleo urbano y a nuevas formas de marginación. Los patrones de consumo suntuario se reprodujeron en el MSI, ahora bajo la acción del las empresas trasnacionales (ETN) que trasladaron a la periferia las normas de consumo que se masificaron en los centros durante el auge de la posguerra.

La reproducción de la heterogeneidad estructural y de la dependencia externa obedeció a factores no sólo de orden económico, sino también políticos. Aún en México donde hubo una revolución armada, la industrialización, a diferencia del modelo clásico europeo, se dio sin provocar una ruptura entre la oligarquía exportadora y la burguesía industrial. La industrialización entrañó una recomposición del bloque dominante, más que un desplazamiento de las viejas élites. Un proceso parecido se ha dado ahora con el modelo neoliberal (MN).

El MN reprodujo la heterogeneidad estructural y la dependencia externa, así como las tendencias a la concentración del ingreso. En efecto, la inserción pasiva en la globalización agravó y volvió más compleja la heterogeneidad estructural del sistema productivo y de la estructura social, lo que empeoró las ya de por sí abismales disparidades de ingresos. En un trabajo reciente (Guillén, 2004) he planteado que en el caso de México, el MN ha significado la constitución de un sistema productivo más desarticulado y vulnerable que el que prevaleció durante el MSI. El sector exportador, que es el eje dinámico del nuevo modelo, se encuentra separado del resto del sistema productivo, siendo incapaz de arrastrar al conjunto de la economía. La economía carente de un motor interno, de una base endógena de acumulación de capital, resulta incapaz de absorber el progreso técnico y de irradiarlo al resto del sistema

La heterogeneidad estructural en vez de atenuarse, se ha reproducido en forma ampliada, haciendo más complejas las relaciones entre el sector “moderno” y el sector “atrasado”. Han cobrando inusual fuerza fenómenos como la informalidad y la migración hacia Estados Unidos. En lugar de producirse la creación de empleos de “mayor calidad”, ha habido una expansión sin precedente de la economía informal y una creciente “informalización” del sector formal de la economía. Además, se ha registrado un escaso dinamismo en la creación de empleos en la economía formal.

La debilidad del mercado de trabajo está vinculada con los bajos niveles de inversión y con factores diversos que traban ésta, entre los que destacan: la baja capacidad de arrastre del sector exportador; el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), donde ha predominado la compra de pasivos existentes dentro de los flujos de IED totales; la aplicación de políticas monetarias y fiscales restrictivas; el peso del endeudamiento externo e interno en el gasto y la inversión públicas; así como las crisis recurrentes vinculadas con la apertura y desregulación financiera.

El escaso dinamismo del mercado de trabajo, así como la expansión de la economía informal, han sido elementos de primer orden en el aumento de la pobreza. La economía informal constituye el marco objetivo que determina el bajo nivel de los salarios reales. La acumulación de capital transcurre, sin que se genere un incremento de los salarios reales, debido a la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra. La economía informal no sólo es un refugio de quienes no encuentran un lugar en la economía formal, sino que constituye, también, el piso del valor de la fuerza de trabajo. Este proceso bajista de los salarios reales se ve reforzado por factores institucionales, como la existencia de topes salariales, los menores niveles de sindicalización y organización de los trabajadores y la poca disposición de estos a luchar por mejoras en sus condiciones, debido a la inseguridad en los empleos y el temor a perderlos.

El empleo es un objetivo central sino es que el principal, de un proyecto nacional alternativo de desarrollo. Se requieren enormes esfuerzos de inversión, no sólo para absorber a la mano de obra que llega a la edad de trabajar, sino para reducir de manera persistente el desempleo y la economía informal. Esta última no constituye como se piensa en los enfoques neoliberales (De Soto, 1986), el futuro de los países subdesarrollados, sino un resultado de su falta de desarrollo. Sin menospreciar la posibilidad de organizar productivamente y legalizar algunos segmentos de la economía informal, la solución tiene que provenir de un crecimiento dinámico del sector formal.

La única manera efectiva de redistribuir el ingreso es mediante un crecimiento sustancial y perdurable de la tasa de inversión que absorba de manera paulatina pero persistente, el excedente estructural de mano de obra que pulula en las grandes ciudades, el cual es la base de los bajos salarios reales y de la consecuente concentración del ingreso. Resulta indispensable que la tasa de crecimiento del empleo en el sector formal sea más alta que la de la población económicamente activa (Rodríguez, 1998), lo cual implica un aumento sustancial de la tasa de inversión. Como afirmaba hace casi treinta años Aníbal Pinto (1976:139), pero sigue siendo válido ahora:

“(…) Lo esencial de una alternativa residiría en la traslación rotunda de acento de acento desde un crecimiento precariamente asentado… hacia otro cuyo pivote y objetivos centrales sean la extensión del progreso técnico, la ampliación del mercado interno, la homogeneización del sistema (…)

México necesita elevar entre cuatro o cinco puntos porcentuales del PIB la tasa de inversión bruta para salir del estancamiento y aumentar sustancialmente el empleo formal. Este salto en la formación de capital deberá provenir, en un primer momento, de la inversión pública. Pero ello no será factible si no se modifican la política fiscal y los esquemas de servicio de la deuda externa e interna. Ese aumento autónomo de la inversión pública inducirá un incremento de la inversión privada. En el arranque sería conveniente impulsar el establecimiento de un programa emergente de empleo con recursos públicos (en la industria de construcción, en obras públicas, en la ampliación de la infraestructura, etc.). mientras se alcanza un crecimiento alto y durable; una relación distinta entre mercado y Estado. Para que esa estrategia será necesario negociar e implementar una profunda reforma fiscal que eleve la captación tributaria y que redistribuya el ingreso hacia los grupos más desfavorecidos.

4. Aplicar políticas monetarias, cambiarias y fiscales y salariales compatibles con el crecimiento económico y la generación de empleos

4.1. Política monetaria

A lo largo de todo el periodo neoliberal ha prevalecido en México una política monetaria restrictiva de carácter procíclico. Es decir, la tasa de interés sube durante las fases recesivas del ciclo, con el propósito de evitar, dentro de un mundo de finanzas globalizadas, la fuga de de capitales y estimular la atracción de capitales desde los centros. En las fases de “auge” aunque bajan las tasas de interés nominales, las tasas reales se conservan en niveles altos, superiores a los prevalecientes en los países del centro, mientras que el peso se aprecia por el influjo de capitales. Es evidente que una situación de esta naturaleza lesiona al capital que opera en la esfera productiva y entra en contradicción con cualquier propósito de fortalecer el mercado interno.

Enmarcada en objetivos antiinflacionarios, esta política monetaria restrictiva, que forma parte del recetario del Consenso de Washington, ha sido una condición para atraer flujos privados de capital del exterior. En el contexto actual de apertura comercial y financiera, la política monetaria es un instrumento que favorece los intereses del capital financiero internacional y la concentración del ingreso en unos cuantos rentistas nacionales y extranjeros.

La entrada de capitales del exterior ha provocado la sobrevaluación persistente de la moneda, a pesar de la existencia de un régimen de flotación. Tasas de interés reales altas y tipo de cambio sobrevaluado se convierten así en el tributo indispensable que reclaman los capitales externos para ingresar al país, lo que, sin embargo, tiene un impacto desfavorable en el crecimiento económico y en la creación de empleos. Félix (2003:17) demuestra que el alza de las tasas reales de interés es un resultado de la apertura de los mercados financieros, ya que “su alza coincide con la fecha aproximada en que la eliminación de los controles de capital se había producido en la mayoría de los países industrializados para permitir la formación rápida de un mercado internacional en instrumentos de deuda de corto y largo plazo”.

Es urgente modificar la política monetaria restrictiva y sustituirla por una política contracíclica orientada al crecimiento económico y al empleo. La existencia de tasas de interés reales exorbitantes constituye un tributo al capital especulativo, injustificable en una economía estancada que requiere retomar el camino del desarrollo. Además, dichas políticas restrictivas y procíclicas son insostenibles, porque la historia reciente de México y de América Latina, nos demuestra que las sobrevaluaciones persistentes, combinadas con altos niveles de endeudamiento externo, conducen inevitablemente a crisis del sector externo.

Particular importancia reviste recuperar soberanía monetaria. Con el MN y su secuela de crisis, el sistema financiero ha sido entregado al capital extranjero, que controla más del 90% de la banca comercial. Un peligro quizá mayor es la “independencia” de los bancos centrales. Esa contrarreforma - la que pretendidamente daría autonomía técnica al banco central para despojarlo de cualquier “utilización indebida de los intereses políticos” y para evitar el “populismo”, constituye un candado para la continuidad de las reformas neoliberales. Al dejar los bancos centrales de ser una instancia del poder ejecutivo, cesaron de ser, de hecho, parte del Estado nacional, para convertirse en prolongaciones del poder del Consenso de Washington (que no es otro que el poder de los centros), ejercido por intermedio de los organismos multilaterales y del Tesoro estadounidense.

Me parece necesario, como plantea el candidato a la presidencia de la Alianza por el Bien de México, Andrés Manuel López Obrador, sacar a los tecnócratas neoliberales del área financiera del gobierno y frenar los intentos de dar autonomía al SAT y a otras instancias financieras. Durante el gobierno del “cambio” de Fox, fueron los mismos funcionarios del salinismo y del zedillismo aplicando las mismas políticas. Pero poco ganaríamos con que otros funcionarios siguieran aplicando las mismas políticas restrictivas.

Es indispensable modificar de raíz la política monetaria, así como recuperar el control estatal del Banco de México, o en su defecto aprobar una reforma que incorpore entre sus funciones no solamente el objetivo de alcanzar la estabilidad de precios, sino también el de coadyuvar al crecimiento económico y el empleo, aumentar la competitividad de las exportaciones, como sucede en varios bancos centrales en el mundo Y si nos interesa fortalecer la democracia, cabría la pregunta ¿Quién elige, quién vota, quién vigila y exige cuentas a los gobernadores de los bancos centrales? Porque bien o mal, populistas o no, los gobiernos federales y locales tienen que pasar al menos por la prueba de las urnas.

2. Fin del “populismo cambiario”

La definición de un régimen cambiario es fundamental en el trazo de un proyecto nacional de desarrollo. Se requiere de una política cambiaria realista que coadyuve al objetivo de alcanzar un crecimiento alto y durable con creación dinámica de empleos. Es decir un tipo de cambio que estimule a las exportaciones, frene las importaciones y haga factible la sustitución de importaciones. Para ello, como se dijo arriba, la política monetaria debe dejar de jugar, en la medida de lo posible, el papel de mecanismo único de estabilización del tipo de cambio y de los precios, lo que se ha traducido en una sobrevaluación del peso respecto al dólar de más del 30%.

Dejar que el peso se siga sobrevaluando al amparo de la tesis de que no puede hacerse nada frente a las leyes del mercado, es abonar el terreno para una crisis financiera futura, lo que daría al traste con cualquier idea de crecimiento sostenido con estabilidad. La historia reciente de México y de América Latina nos demuestra que las sobrevaluaciones persistentes conducen, temprano o tarde, a crisis financieras, con sus secuelas recesivas e inflacionarias. Los tecnócratas neoliberales tan reacios al populismo deberían admitir que su política cambiaria es populista, ya que no existe una mercancía más subsidiada que el dólar. Es hora ya de enterrar el “populismo cambiario” que se inaugura con el Pacto en la época de Salinas de Gortari y que sobrevive en estos tiempos dizque “del cambio”, y que es el resultado de la observancia fanática de políticas monetarias y fiscales restrictivas.

El establecimiento de un tipo de cambio realista y competitivo estimularía el crecimiento de las exportaciones, haría rentable la sustitución de importaciones, y fortalecería el desarrollo del mercado interno. Asimismo desalentaría las importaciones así como el gasto de los mexicanos en el exterior, lo cual evitaría un crecimiento inmanejable del déficit en la cuenta corriente. En el mediano y largo plazo, la corrección del desequilibrio externo dependería de la aplicación de una política industrial y agropecuaria que permita la construcción de un sistema productivo más articulado y coherente.

Con la aplicación de una política de tipo de cambio realista y competitivo, la lógica del modelo económico pasaría del predominio de los intereses del capital rentista y especulativo a la preeminencia de los intereses del capital productivo. En un marco de crecimiento durable y con equidad social, la mejor defensa del tipo cambio será la fortaleza de la economía y los avances de México en la consolidación de la democracia y en la erradicación de la corrupción.

4.3 Política fiscal

En otro trabajo (Guillén, 2000), he insistido que el retorno a un sendero de crecimiento alto y durable solo puede provenir del gasto público y del impulso que éste genere en la demanda agregada. La concreción de esta política requiere abandonar el mito neoliberal del equilibrio fiscal, que hunde al Estado mexicano en la inacción y en el deterioro de los activos estatales, lo cual es pretexto, además, para justificar su privatización y su traslado al dominio de las transnacionales. Es necesario sustituir el concepto de equilibrio por el de “déficit presupuestal autofinanciable”. Si éste se invierte en proyectos productivos, retornará en forma de mayores ingresos, lo que a su vez elevará los ingresos fiscales. No se trata de volver al pasado y de aplicar políticas fiscales irresponsables basadas en el endeudamiento, sino de detonar, mediante el gasto publico, el crecimiento y el empleo reorientándolo de lo financiero a lo productivo. Por el contrario, el financiamiento del desarrollo descansaría en el ahorro interno, sin contratar nuevo endeudamiento externo, y mediante la revisión de los esquemas de servicio de la deuda externa e interna.

4.4. Política salarial

Los trabajadores asalariados han sido uno de los sectores más castigados por la crisis y por la aplicación de políticas neoliberales. El deterioro de los salarios reales ha sido un fenómeno persistente durante las últimas tres décadas. Salvo en algunos periodos muy breves de recuperación, la tendencia al deterioro se ha mantenido hasta la fecha. Los topes salariales. comenzaron durante el régimen de José López Portillo, después de la firma del primer acuerdo de estabilización con el FMI a raíz de la devaluación de 1976. Sin embargo, el comienzo del declive de los salarios reales se ubica en 1982 con la irrupción de la crisis de la deuda externa. Desde esa fecha el salario mínimo real ha registrado una baja acumulada cercana al 60%.

La política salarial ha consistido en decretar los aumentos anuales del salario mínimo en función de la inflación esperada. Como en los hechos, la inflación real generalmente supera a la esperada, ello se traduce en un deterioro del salario real. A partir del piso establecido por el aumento al mínimo, los sindicatos negocian los salarios contractuales con los patrones, sin que los aumentos acordados rebasen normalmente el tope salarial. La deplorable condición de los trabajadores es el resultado también de otros factores institucionales. La capacidad negociadora de los sindicatos se ha debilitado con la ofensiva neoliberal. La tasa de sindicalización en México bajó de 35.3% en 1986-1990 a 22.4% en 1991-1995 (BID, 2003: 233). El número de huelgas estalladas también ha disminuido significativamente. La poca disposición de los trabajadores a organizarse y a luchar por la mejora de sus condiciones salariales y de trabajo tiene mucho que ver con el temor a perder su empleo y a no encontrar otro en el mercado de trabajo.

La política salarial debe ser congruente con la estrategia de crecimiento económico alto y durable. Ello implica eliminar los topes y hacer que los aumentos del salario mínimo sean moderadamente superiores a la tasa de inflación pasada. El sector exportador no saldría afectado porque contaría con el apoyo de un tipo de cambio competitivo y realista y una política monetaria anticíclica.

Como ya he señalado en otro trabajo (2000), tal política no tendría una repercusión inflacionaria. Actualmente la inflación se encuentra bajo control y no existe como a finales de los ochenta, una inflación inercial. Además, la economía trabaja con altos índices de subutilización de la capacidad instalada y los salarios representan un porcentaje muy bajo y decreciente de los costos de las empresas. La política de conceder aumentos salariales superiores a la inflación, ya fue aplicada en alguna medida por el gobierno del Distrito Federal sin efectos desequilibrantes en sus finanzas.

5. Movilizar el excedente económico y reducir sustancialmente el peso del servicio de la deuda externa e interna

En contra de lo que se afirma en los círculos gubernamentales en el sentido de que el problema del sobreendeudamiento es un asunto superado, sostengo que alto nivel de endeudamiento externo e interno sigue siendo un problema acuciante de la economía mexicana, el cual debe ser afrontado mediante su reestructuración a fondo, de manera de liberar recursos para la inversión y el gasto social. Según mis propios cálculos, la deuda total (interna y externa, sin incluir pasivos laborales) en 2004 era de 467 mil millones de dólares (MD) lo que representa el 69.1% del PIB, de los cuales 168 mil (24.9%) eran deuda externa y 299 mil (44.2%) interna (cuadro y gráfica). Es claro que si tomamos en consideración la sobrevaluación del peso respecto al dólar, de alrededor de 30% en la actualidad, la deuda total como porcentaje del PIB llegaría al 90%.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, SHCP, IPAB, INEGI y otras fuentes

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, SHCP, IPAB, INEGI y otras fuentes

En materia de deuda externa, es cierto que la deuda anterior a 1982 ha incluso disminuido (SHCP, 2005), como resultado de los refinanciamientos efectuados por las autoridades hacendarias; en 2004 significaba sólo el 11.7% del PIB. Sin embargo, en el rubro de deuda externa, existen otros rubros como la llamada deuda contingente. Dentro de ella, destacan los PIDIREGAS (esquemas de financiamiento externo de obras en el sector energético) que han crecido como la espuma y que constituyen un preocupante foco rojo. El esquema de PIDIREGAS comenzó a utilizarse en el sexenio de Ernesto Zedillo ante la carencia de recursos para inversión de PEMEX y de la CFE. Esa discutible falta de recursos sirve además para “legitimar” la tesis sobre la necesidad de privatizar esos sectores, idea que ha sido machaconamente reiterada durante la administración de Vicente Fox. Mientras en el año 2000 los PIDIREGAS representaban el 4% de la inversión pública, en 2005 absorbieron el 26% del total. A la fecha, PEMEX ha ejecutado obras mediante ese mecanismo por 40,600 MD y la CFE por 12,700, lo que totaliza 53,300 MD. Sin embargo, los recursos autorizados a ambas paraestatales asciende 133, 800 MD (Indetec, 2005). Ello significa que en los próximos meses la deuda externa superará conservadoramente los 300 mil MD, alrededor del 50% del PIB y no el 10% que alegremente nos quiere vender el Sr. Gil Díaz.

La deuda interna observa un crecimiento importante en los últimos años destacando los programas de rescate de la banca comercial, de las carreteras concesionadas y de la banca de desarrollo. En su conjunto la deuda vinculada a dichos rescates ascendía a 93, 579 millones de dólares en 2004, lo que representa el 13.9% del PIB.

Los altos niveles de endeudamiento implican una carga onerosa en materia de su servicio. El problema no es si dicho servicio puede pagarse (contratando nuevas deudas frecuentemente), sino su efecto perverso en los programas de inversión y sociales. El superávit primario de las finanzas públicas que en el caso de México es de cerca del 3 % del PIB constituye un tributo insostenible para garantizar el pago de los intereses de la deuda.

Desarrollo económico y perpetuación del endeudamiento externo son procesos incompatibles (De Bernis, 2000). Mientras haya déficit estructural de la balanza comercial, su financiamiento mediante deuda externa resultará impagable. En sentido estricto, la única solución duradera del endeudamiento externo es su cancelación. Puede sostenerse y quizás con razón, que la cancelación de la deuda exige una correlación de fuerzas internacional favorable a los países de la periferia, situación que no existe en las condiciones actuales. Lo que no se puede es soslayar el problema, como lo hacen algunos gobiernos latinoamericanos, incluyendo algunos de izquierda, y evitar la realización de una revisión a fondo de los esquemas de servicio de la deuda. La realidad es la mejor consejera; nadie podría poner en duda que Argentina abandonó la parálisis económica y la deflación, en el momento en que decidió unilateralmente suspender los pagos a sus acreedores externos privados y abandonar la camisa de fuerza de la caja de convertibilidad.

Dentro de un proyecto económico alternativo, el financiamiento del desarrollo debe descansar fundamentalmente en el ahorro interno. Uno de los argumentos favoritos de los neoliberales es afirmar que si bien los objetivos de un proyecto alternativo enfocado al crecimiento y al empleo podrían ser deseables, resultan utópicos porque se carece del financiamiento necesario para impulsarlas. Nada más lejos de la verdad. Si se moviliza el excedente económico de la nación de una manera distinta, existen los recursos necesarios para detonar el crecimiento.

Aparte de los recursos que como correctamente ha planteado el candidato a la presidencia de la República López Obrador, provendrían de un programa de austeridad republicana y de la erradicación de la corrupción, existen en la actualidad importantes excedentes petroleros – que continuarán probablemente en los próximos años- y altas reservas monetarias internacionales. Resultaría absurdo mantener esas reservas congeladas o malgastarlas en el pago de una deuda externa que ya ha sido pagada varias veces. Es indispensable utilizar una parte de ellas para financiar proyectos de inversión urgentes en el sector energético y en la infraestructura general, y para recapitalizar a la banca de desarrollo y apoyar a las PYMES. Ello se podría lograr mediante la reducción del superávit primario, lo cual permitiría elevar único en tres o cuatro puntos porcentuales del PIB la inversión pública.

Igualmente es factible liberar recursos para la inversión y el gasto social, mediante la revisión de los esquemas de servicio de la deuda. Los PIDIREGAS deberían abandonarse como mecanismo de financiamiento de los proyectos de inversión en el sector energético. Los enormes pasivos externos generados por estos esquemas deberían convertirse en deuda interna y reprogramar su amortización, en función de los objetivos de crecimiento y de creación de empleos y de la capacidad de pago del país. Resulta necesario, asimismo, revisar, con el mismo criterio los esquemas de servicio de la deuda derivados del IPAB y otros rescates, en términos de plazos y tasa de interés. La banca comercial no resultaría financieramente afectada por la reestructuración de la deuda de la IPAB, ya que está obteniendo ganancias muy altas.¹

6. Conclusiones: Necesitamos un modelo para desarmar el andamiaje neoliberal

Parafraseando al inolvidable escritor Julio Cortázar quien tenía un modelo para armar, requerimos un modelo para desarmar, urgimos de una estrategia para desmontar el andiamaje del neoliberalismo, que no es otra cosa que una estructura de poder antinacional.

En este texto sostengo que para implementar un proyecto económico alternativo orientado al crecimiento y el empleo, y cuyo eje dinámico sea el mercado interno, resulta indispensable modificar lo que he llamado “los nudos” de la política económica, en los que se asienta el modelo neoliberal: las políticas monetaria y cambiaria restrictivas y las tendencias estructurales a la concentración del ingreso.

El candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido abandonar el modelo económico neoliberal e impulsar una nueva política económica enfocada al crecimiento económico, la creación de empleos y la equidad social. Su ascenso al poder parece, a la fecha, factible. Los otros dos candidatos a la presidencia con posibilidades electorales, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, sólo representan la continuidad de la política neoliberal.

La puesta en marcha de una estrategia alternativa, convendría enfatizarlo, no es un problema meramente técnico, sino fundamentalmente político. En contra de lo que pensaban algunos pensadores radicales del movimiento antiglobalización en el sentido de que la globalización anulaba la posibilidad de aplicar estrategias alternativas en el espacio nacional y de a que los perdedores del proceso sólo les quedaba la resistencia global, la historia reciente nos muestra que la nación sigue siendo un espacio privilegiado de la lucha de clases y para el diseño y ejecución de estrategias diferentes al neoliberalismo. Ello incluye el espacio electoral. A diferentes ritmos y atendiendo a las especificidades nacionales, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Bolivia, son ejemplos vívidos de que el ascenso al gobierno de partidos y movimientos progresistas, ha creado las condiciones para la construcción de proyectos económicos alternativos. Pero al mismo tiempo esos procesos nos muestran que el ascenso al gobierno no basta y que se requiere de voluntad política y de deshacerse de dogmas, para desmontar el andamiaje del neoliberalismo. Los resultados contrastantes en materia de crecimiento económico de Argentina y Brasil son una prueba elocuente de ello. Argentina abandonó la camisa de fuerza de la convertibilidad cambiaria, comenzó a aplicar políticas monetarias flexibles y repudió prácticamente la deuda externa con acreedores privados, lo que le ha posibilitado alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 10%. Brasil, en el extremo opuesto, y sin desconocer la importancia de los cambios positivos que ha logrado el gobierno de Lula sobretodo en materia de política externa y en la promoción y defensa de los países del Sur en las negociaciones comerciales y en los procesos de integración, se ha aferrado a mantener políticas monetarias y cambiarias restrictivas, que se han traducido en tasas muy lentas de crecimiento económico.²

En el caso de México, el cambio de modelo económico no será sencillo. Atrás de las altas tasas de interés y de la sobrevaluación del peso se esconden poderosos intereses, que no son otros que los del capital financiero internacional y de las élites internas que se han beneficiado de la apertura comercial y financiera. La importancia estratégica de México para Estados Unidos, así como el grado de integración de nuestra economía con la potencia hegemónica, complica las cosas. Si bien es factible esperar que el gobierno de Estados Unidos no tratará de impedir activamente el eventual triunfo electoral de López Obrador, es un hecho que les preocupa que su gobierno pudiera introducir cambios de fondo la política de fondo. A comienzos de febrero, el halcón Jefe de la Inteligencia estadounidense y ex-embajador (en la ONU, en Irak, México y el Salvador, entre otros cargos diplomáticos), John D. Negroponte, señaló que “para finales de año 10 países habrán efectuado elecciones presidenciales y ninguna es más importante para los intereses de Estados Unidos que la elección de México en julio, (ya que) México ha aprovechado las ventajas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y su economía se ha convertido crecientemente integrada con Estados unidos y Canadá”. Además calificó al actual gobierno mexicano como un gobierno “débil, vulnerable a la corrupción e incapaz de hacer cumplir el Estado de Derecho”, y lo comparó, entre otros países, con Afganistán y Haití (Milenio, 2006).

Será un proceso arduo aplicar una política monetaria anticíclica y flexible como la que se propone en este trabajo. El Banco México, como entidad autónoma, se opondrá, seguramente, a abandonar su política monetaria restrictiva. Además, el propio López Obrador quizás preocupado por la campaña de la derecha en su contra, que trata de presentarlo como un político populista “a lo Echeverría”, ha ofrecido vigilar los “equilibrios macroeconómicos” y respetar la autonomía del banco central. Si en las elecciones del mes de julio, la Alianza obtuviera mayoría absoluta en el Congreso, ello abriría las puertas a una reforma constitucional que revisara la operación y funcionamiento del Banco de México, incorporando a sus objetivos el de coadyuvar al crecimiento económico y al crecimiento del empleo. Pero aún en ese caso, los cambios no se darían en el corto plazo.

Dentro de ese escenario, donde se abriría una suerte de “guerra de posiciones” entre el Ejecutivo y el banco central, la única alternativa para lograr detonar, en el corto plazo, un crecimiento alto de la economía, sería que el gobierno se apoyara en una política fiscal expansiva, en una revisión de la política cambiaria y salarial, y en el uso de una parte importante de los excedentes petroleros y de las reservas internacionales con fines de inversión. En el mediano plazo, la sustentabilidad de la política de desarrollo dependería de la capacidad que se tenga para llevar a la práctica una reforma fiscal redistributiva, así como una política industrial, energética y agropecuaria activa y programada.

En todo caso, más allá de la economía, el éxito del cambio en el modelo económico, y el triunfo mismo en las elecciones de julio, dependerá no solamente de la voluntad política de los dirigentes, sino, principalmente, de la participación ciudadana y de la capacidad que tengan los grupos sociales interesados en el cambio, para impulsar el proceso en la dirección correcta.

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