PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL CLIMA DE TENSION SOCIAL PROVOCADO POR LAS ACTIVIDADES DE MINERA YANACOCHA EN CAJAMARCA Desde hace más de 12 años, la empresa Minera Yanacocha SRL ha venido desarrollando actividades mineras en el departamento de Cajamarca con obtención de importantes ingresos. Sin embargo, se han generado impactos ambientales y sociales negativos, que perjudican más a los campesinos de las zonas aledañas. El malestar de la población ha ido creciendo debido a que Cajamarca, continúa siendo uno de los departamentos más pobres del Perú, teniendo indicadores en analfabetismo, desnutrición, mortalidad materna infantil e indocumentación que se encuentran entre los peores a nivel nacional. En setiembre del 2004, el intento de Minera Yanacocha de realizar exploraciones mineras en el Cerro Quilish generó honda oposición de la población urbana y rural de Cajamarca, que temía se contaminaran las fuentes que abastecen de agua potable a la población urbana y rural. La empresa Minera Yanacocha reconoció públicamente que había cometido muchos errores en su relación con la comunidad, así como lamentó la conducta prepotente de muchos de sus representantes. A la fecha, sin que se haya aun resuelto el clima de tensión social existente, Minera Yanacocha está realizando labores de exploración en el Cerro San Cirilo lo que ha provocado la oposición de varias comunidades campesinas, debido a que en este lugar existen numerosas lagunas que proveen de agua a las comunidades de Yanacanchilla y la cuenca del Río Llaucano. Los campesinos de Yanacanchilla y otras diez comunidades han venido exigiendo que se retire la maquinaria de exploración de la zona del Cerro San Cirilo. La empresa se niega a atender estos reclamos, arguyendo que tiene los permisos del Ministerio de Energía y Minas. La maquinaria se encuentra resguardada por un contingente de más de trescientos policías fuertemente armados. Otras fuentes simultáneas de tensión son las acciones de Minera Yanacocha en el distrito de Combayo, el proyecto de transvase del Río Jequetepeque hacia la cuenca del Atlántico para reponer aguas a las comunidades que las actividades mineras han afectado debido al proyecto La Quinua y el inicio de operaciones mineras en Sorochuco y Celendín, todo lo cual genera el rechazo de la población. Frente a esta problemática nos preocupa que el clima de tensión social generado en Cajamarca por las operaciones de Minera Yanacocha pudiera traducirse en situaciones de violencia que es preciso evitar y por ello señalamos: 1. El Estado peruano tiene la obligación constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población y por lo tanto debe salvaguardar que ninguna forma de inversión privada genere el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos. Lamentablemente, esto no se ha producido en Cajamarca y en múltiples oportunidades, el Estado, lejos de promover un clima de mutuo respeto y diálogo entre Minera Yanacocha y los campesinos, ha generado en estos últimos la percepción de que su prioridad es el respaldo a la inversión minera. 2. Hacemos un llamado a Minera Yanacocha para buscar mecanismos eficaces de relación respetuosa de los derechos de las poblaciones que están siendo impactadas por las actividades mineras, absteniéndose de generar divisiones y enfrentamientos entre los propios campesinos. Igualmente, los funcionarios de la empresa deben evitar expresiones y comportamientos que busquen deslegitimar o criminalizar a los líderes y las organizaciones sociales que luchan por sus derechos fundamentales, sin intentar comprender y absolver sus legítimos reclamos. 3. Hacemos un llamado a los líderes campesinos y las organizaciones rurales y urbanas de defensa ambiental de Cajamarca a tomar en cuenta que las formas de protesta ciudadana tienen que hacerse de manera organizada y pacífica y que la violencia no constituye una solución a los problemas sociales y ambientales generados por las actividades mineras. 4. Hacemos un llamado al Ministerio del Interior para que evite que el destacamento policial emplee de manera desproporcionada de la fuerza lo que pudiera generar muertes o lesiones graves a la integridad personal. Recordamos los casos de Efraín Arzapalo (Junín, noviembre del 2003), Reemberto Herrera (Piura, abril del 2004) muertos por acción de las fuerzas policiales y el asesinato del rondero campesino Juan Montenegro Lingán (Cajamarca, La Zanja, noviembre 2004). 5. Tanto Minera Yanacocha, como los Ministerios de Energía y Minas y del Interior, las autoridades regionales y locales de Cajamarca, así como las organizaciones de la sociedad civil deben comprometer el máximo de sus esfuerzos para que la minería en Cajamarca no constituya una amenaza a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades de su entorno y termine envuelta en actos de violencia social. La vida de cualquier peruano vale más que todos los intereses económicos que pudieran estar en juego. Lima, 05 de Julio 2005