Los dos principales candidatos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos deben comprometerse a trabajar para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos bajo custodia estadounidense. También deben comprometerse a establecer una comisión independiente que investigue todas las políticas de interrogatorio y detención de Estados Unidos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al presentar un nuevo informe de 200 páginas sobre la cuestión de la tortura y los malos tratos perpetrados por fuerzas estadounidenses en la "guerra contra el terrorismo". La organización de derechos humanos ha declarado: "En sus debates presidenciales, el presidente Bush y el senador Kerry no han abordado el trato que Estados Unidos da a los detenidos en Irak, Afganistán, Guantánamo y otros lugares secretos en el resto del mundo. Cada candidato debe ahora prometer que, si resulta elegido, tomará medidas inmediatas para abordar directamente este asunto". "Nuestro mensaje central es que la prevención de la tortura y los malos tratos es básicamente una cuestión de voluntad política -ha manifestado Amnistía Internacional-. Teniendo esto en cuenta, instamos a los candidatos presidenciales a que se comprometan a crear una comisión de investigación y a introducir salvaguardias completas contra la tortura y los malos tratos." El informe de Amnistía Internacional -Human Dignity Denied: Torture and accountability in the "war on terror"- expone las prácticas de violaciones de derechos humanos que se extienden desde Afganistán hasta Abu Ghraib, pasando por Guantánamo. Describe cómo, pese a las afirmaciones del gobierno de que las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 trajeron un "nuevo paradigma" que exige una "nueva forma de pensar", Estados Unidos ha caído en una práctica históricamente familiar de violar los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. La organización de derechos humanos ha manifestado: "La negación del hábeas corpus, el uso de la detención secreta y en régimen de incomunicación (que en algunos casos constituye 'desaparición'), y la autorización de duras técnicas de interrogatorio son respuestas clásicas pero fallidas. Al reducir las salvaguardias, demonizar a los detenidos y despreciar sus propias obligaciones legales internacionales, el gobierno está, en el mejor de los casos, sembrando la confusión entre los encargados de los interrogatorios, y en el peor dando luz verde a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes". Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las investigaciones oficiales iniciadas desde que las fotografías de Abu Ghraib movieron al gobierno a adoptar una actitud más receptiva hacia las denuncias de tortura que la que había mostrado en los dos años anteriores. Estas investigaciones han echado por tierra las afirmaciones del gobierno de que la tortura y los malos tratos se limitaban a Abu Ghraib y a unos cuantos soldados aberrantes. No obstante, Amnistía Internacional cree que aún se necesita una comisión de investigación más amplia, no sólo porque las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora no pueden ser consideradas realmente independientes, sino también porque no han sido exhaustivas y porque han incluido una tolerancia hacia las técnicas de interrogatorio abusivas. A la comisión de investigación le beneficiaría una aportación internacional, por ejemplo del relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. Amnistía Internacional ha venido pidiendo una comisión de este tipo desde el pasado mes de mayo. Una comisión así, compuesta por expertos dignos de crédito, podría ser nombrada por el Congreso, pero debe ser independiente del gobierno. Para garantizar la plena rendición de cuentas, debe gozar del poder necesario para investigar exhaustivamente todas las políticas, prácticas y centros de detención establecidos en todo el mundo por Estados Unidos en su "guerra contra el terrorismo". También debe poder investigar todos los niveles y agencias del gobierno. Por ejemplo, hasta la fecha, las actividades de la Agencia Central de Información (CIA) permanecen sumidas en el secreto, al igual que la cuestión de las presuntas entregas secretas de detenidos entre países. "Quedan muchas preguntas por responder, y las políticas que facilitan la tortura siguen vigentes -ha declarado Amnistía Internacional-. Las repetidas aseveraciones del gobierno estadounidense respecto a que la dignidad humana es un derecho no negociable suenan a falso ante su negativa a garantizar un cambio fundamental de orientación tras el escándalo de Abu Ghraib." Además de reiterar el llamamiento de Amnistía Internacional en favor de una comisión de investigación, el informe sugiere un marco con el que Estados Unidos podría avanzar en la prevención de futuras torturas y malos tratos a detenidos bajo su custodia. Este marco es el Programa de 12 puntos de Amnistía Internacional para la prevención de la tortura a manos de agentes del Estado, elaborado a partir de más de 30 años de trabajo contra la tortura. El informe demuestra que Estados Unidos no ha mantenido las salvaguardias fundamentales contra la tortura y los malos tratos, y ofrece más de 65 recomendaciones a las autoridades. El punto 1 del Programa de 12 puntos es "Condena de la tortura": las máximas autoridades de cada país deben demostrar su total oposición a la tortura y los malos tratos en cualquier circunstancia, incluidas la guerra o cualquier otra emergencia pública. Los documentos gubernamentales que han salido a la luz en los últimos meses muestran que el gobierno estadounidense ha abandonado por completo este principio al embarcarse en la "guerra contra el terrorismo". "Lo que estos documentos muestran es una estrategia de dos caras respecto a la tortura -ha declarado Amnistía Internacional-. En público proclamas tu oposición, mientras en privado debates cómo puede tu presidente ordenar torturas y cómo pueden los agentes de tu gobierno eludir la responsabilidad penal por dichas torturas." Entre los miembros del gobierno estadounidense -cuyos documentos anteriormente secretos hablan de cómo limitar la definición de tortura- hay una fuerte reticencia a llamar tortura a lo sucedido en Abu Ghraib, y prefieren calificarlo de "abusos". La condena inequívoca por parte de un gobierno de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes debe querer decir exactamente lo que dice. Si un gobierno se opone realmente a la tortura y los malos tratos, debe actuar conforme a ello. De esta simple premisa se derivan los 11 puntos restantes del Programa de 12 puntos de Amnistía Internacional para la prevención de la tortura a manos de agentes del Estado. "El gobierno estadounidense ha repetido una y otra vez que el respeto por los derechos humanos es la vía para la paz y la seguridad -ha manifestado Amnistía Internacional-. Sin embargo, sus políticas de detención e interrogatorio sugieren que considera los derechos humanos fundamentales como un obstáculo. Debe cambiar este enfoque." Estados Unidos y otros países se enfrentan a graves amenazas a su seguridad, incluidas las que plantean los grupos decididos a alcanzar sus fines perpetrando abusos sin límite contra los derechos humanos fundamentales. Los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos de las personas frente a esas amenazas. Sin embargo, al hacerlo, no deben perder de vista otros derechos humanos, y tampoco su propia obligación de respetarlos. El derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es un derecho humano fundamental. En virtud de la legislación internacional, no pueden invocarse circunstancias excepcionales de ningún tipo para justificar las violaciones de este derecho. Estados Unidos ha desempeñado un importante papel en el establecimiento de esta prohibición legal. No debe permitir que este sistema de protección, largamente establecido, se desmorone.