Con su decisión de desaforar a Pinochet, la Corte Suprema de Chile ha expresado la clara voluntad de avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, dijo hoy Amnistía Internacional tras la decisión del máximo tribunal chileno de confirmar el desafuero de Augusto Pinochet con respecto a sus responsabilidades en el Plan Cóndor. La decisión de la Corte demuestra que Augusto Pinochet puede y debe responder ante la justicia de la misma forma que cualquier otro ciudadano. Este es un paso valioso que devuelve la confianza en el poder judicial tras dos décadas de espera para hacerle frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno militar. El fallo corona el incesante trabajo de abogados y abogadas, de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los familiares que han persistido a pesar de serias postergaciones y múltiples retrocesos. Esta decisión brinda renovadas esperanzas de que su larga lucha no ha sido en vano. "Para combatir la impunidad que se ha venido registrando desde los años de gobierno militar se requiere la activa y decidida acción de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial" "Las violaciones de derechos humanos -- "desapariciones", tortura y ejecuciones extrajudiciales -- que se llevaron a cabo durante el gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile constituyen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto deben ser castigadas. La decisión de la Corte Suprema es un primer paso para lograr justicia y envía un mensaje poderoso a todos los perpetradores de violaciones de Derechos Humanos," concluyó Información General En estrecha votación -- 9 votos contra 8 -- el Pleno de la Corte Suprema decidió desaforar a Augusto Pinochet Ugarte. El máximo tribunal resolvió levantar la inmunidad de la que goza como ex presidente de la República, abriendo cauces jurídicos para que se impulse su enjuiciamiento criminal por las violaciones de derechos humanos cometidas en la denominada "Operación Cóndor" durante su gobierno. La Operación Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares del cono sur -- Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay -- para eliminar a sus "opositores" en los años 70' y 80'.