Que un anciano desee tener una fiesta de cumpleaños en sus 80 años no es novedad para nadie. Pero que lo haga Guillermo Suárez Mason, uno de los represores más temidos de la dictadura argentina que está bajo arresto domiciliario, es un escándalo, con el agravante de que existen indicios ciertos de que fue "ayudado" a salir de su casa hacia el club de fútbol donde supuestamente se realizó el festejo con la ayuda de un diplomático extranjero. El amigo resultó ser el embajador de Ecuador en Argentina, Germánico Molina Alulema. La rápida dimisión de este diplomático, que se concertó entre la cancillería argentina y su par ecuatoriana, impidió que se dañaran las relaciones entre ambos países. La denuncia anónima del hecho había llegado a la cancillería y también a las Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini, presidenta de la entidad, comunicó la novedad a los medios. El ex general Guillermo Suárez Mason fue jefe del I Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1979. Bajo su jurisdicción funcionaron campos de concentración de opositores políticos a la dictadura, en los que existían torturas y otros tratos inhumanos a los prisioneros. También se practicaron la desaparición forzada de personas, los fusilamientos disfrazados de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los allanamientos ilegales de viviendas con el requisamiento de bienes de los opositores y el robo de bebés. No por nada al retornar la democracia en 1983, Suárez Mason abandonó el país con el objetivo de permanecer en el exterior sin ser identificado y evitar el juicio a los jefes militares que habían violado los derechos humanos durante la dictadura. INTERPOL lo arrestó en San Francisco, Estados Unidos, en 1987, y un año después fue traído al país donde fue juzgado por 635 delitos de lesa humanidad. Su detención duró escasos 2 años porque se vio beneficiado por el indulto que el ex presidente Carlos Menem otorgó a la cúpula militar de la dictadura y a otros militares violadores de los derechos humanos en diciembre de 1990. La ideología de extrema derecha de Suárez Mason le jugó una mala pasada en 1996, cuando expresó sentimientos antisemitas en un reportaje. La principal organización judía del país decidió denunciarlo por violación a la ley antidiscriminación. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva en 2003. Pero para ese entonces ya cumplía arresto por la causa del robo de bebés. En 1999 fue acusado de ser parte de un plan sistemático de apropiación de recién nacidos en los campos clandestinos donde se detenía a los opositores a la dictadura. Por su activa participación en la represión, Suárez Mason tiene pedidos de extradición de España, Italia y Alemania por la desaparición y/o asesinato de ciudadanos de esos países. En Roma fue sentenciado en ausencia a prisión perpetua en 2000. Si bien la "escapada" de Suárez Mason para celebrar su cumpleaños fue noticia de tapa de todos los diarios, no sorprendió demasiado a los argentinos. La población está acostumbrada a que, cada tanto, se denuncie que los jefes militares que están bajo arresto domiciliario por ser mayores de 70 años, acogiéndose a un beneficio de la legislación para detenidos mayores de esa edad, violan la disposición y salen de sus casas en secreto. Los organismos de derechos humanos han reclamado innumerables veces que los militares que violaron los derechos humanos deben cumplir su detención en una cárcel y no en sus cómodas viviendas, sin importar su edad. En esta oportunidad, la justicia no se hizo esperar y los fiscales a cargo del caso dictaminaron en pocas horas que Suárez Mason volviera a prisión, esta vez a una cárcel federal en las afueras de la ciudad de Buenos Aires a cargo del Servicio Penitenciario, con capacidad para 1500 presos. Fue alojado solo, en una celda de alta seguridad. El director de la cárcel se encargó de señalar que en esa institución nadie tiene privilegios. Educar para los derechos humanos La sociedad argentina, a casi treinta años del último golpe militar, continúa enfrentando las consecuencias de la impunidad lograda por los violadores a los derechos humanos gracias a varias leyes que los privilegian, como las de Punto Final (1986) y "Obediencia Debida", que frenaron los juicios y demandas, y el indulto presidencial de 1990. Esta impunidad ha permitido que los responsables de crímenes atroces continúen transitando por las calles como ciudadanos comunes y los que se supone que están presos, transgredan cada tanto su detención. Pero también, ha creado una suerte de coraza protectora para los miembros de las fuerzas de seguridad que continúan atropellando los derechos ciudadanos. En los últimos años, la justicia ha sido más dura con las fuerzas policiales involucradas en torturas y castigos a los detenidos o que aplican lo que aquí se conoce como "gatillo fácil", cuando los uniformados tiran a matar por mera sospecha, brutalidad o reacción desmedida. A esto hay que agregar que, lamentablemente, también hay policías que se involucran en delitos comunes y hacen uso de sus armas para robar y cometer atropellos. Se creen resguardados por el uniforme y confían en que sus compañeros no los denunciarán ni investigarán. Como parte de las medidas para prevenir estas conductas por parte de los policías y luchar contra la impunidad, la Policía Federal con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comenzó un ciclo en el cual familiares de víctimas de la violencia policial hablan a los cadetes en clases abiertas donde exponen sus casos. En la primera reunión de este tipo, tres madres de jóvenes que fueron asesinados por la policía o en circunstancias en la cual la fuerza encubrió los crímenes, hablaron ante los cadetes. Sus relatos fueron muy emotivos y en ellos reclamaron a los futuros policías que "piensen muy bien antes de usar el arma. No maten a nuestros hijos". No es sencillo educar para los derechos humanos a fuerzas de seguridad que han estado tantas décadas amparadas por la impunidad. Exige mucha fuerza y valentía por parte de la ciudadanía para denunciar y exigir sus derechos y también de las autoridades que la representan para rechazar componendas y encubrimientos y trabajar por políticas públicas en las que la población se sienta protegida por sus fuerzas de seguridad y no amenazada por ellas.