Jeanine Anderson en el libro "La feminización de la pobreza" explica que "si el porcentaje de mujeres en la población considerada como pobre -que en México representan el 68%- supera el porcentaje de mujeres perteneciente a la población en su conjunto -el 52% son mujeres-, entonces, quiere decir, que las políticas económicas aplicadas por el gobierno han repercutido en mayor medida en la población femenina". Repercusión que no sólo se mide en términos de la disminución del ingreso económico de las mujeres, sino también cuando la estadística señala que cinco mujeres se mueren todos los días por causas relacionadas con la maternidad, el parto y el post parto. Entre otras cosas, por no tener con que pagar el transporte que las lleve a la clínica rural, o no contar con buenos servicios de salud y atención médica-hospitalaria gratuita, porque no pueden comprar las medicinas o por carecer de conocimientos. Es decir, se mueren de pobreza. Y el impacto de dichas políticas económicas en las mujeres y sus familias también se mide cuando el recorte a los subsidios afecta directamente la economía de las familias más pobres. En septiembre de este año, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, anunció el aumento del precio de la tortilla a tres pesos (tres centavos de dólar). De acuerdo con el investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik, 81.5% del consumo de tortilla se realiza en los hogares pobres, "que son el 78% de la población". Para este sector de la población, que destinan el 35.8% del gasto familiar a la compra de alimentos, el aumento del precio de la tortilla tiene como resultado que su poder adquisitivo disminuya en 4.5%, asegura Bolvitnik en su artículo "Lucha contra los pobres". El gobierno, escribe Bolvitnik, declara luchar contra la pobreza, pero en realidad lucha contra los pobres. Y explica: Mientras que para el 10% de la población más pobre, que dedica el 56.8% de sus ingresos para comprar alimentos, el incremento en el precio de la tortilla significa una disminución en su poder adquisitivo del 8.5%; para la población con mayores recursos que gastan el 22.6% de su ingreso en alimentos, el aumento de la tortilla representa una pérdida de su poder adquisitivo de sólo 3.4%. ¿Y qué hacemos con las y los pobres? Mientras algunos, desde el escritorio de la Secretaría de Desarrollo Social, los cuentan y subdividen en categorías eufemísticas como pobres, pobres moderados y pobres extremos, para luego elaborar programas como el Progresa, que otorga becas para que las niñas de las familias más pobres del medio rural puedan alimentarse bajo la condición de que asistan a la escuela; otros desde el escritorio de la Secretaría de Hacienda aseguran que con la eliminación de los subsidios como el de la tortilla se busca dejar de subsidiar a quienes no lo necesitan. El panorama vivido por las mexicanas, parece reproducirse en casi todos los países del Sur y esa es una de la razones por la que la Relatora Especial de Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, propone denunciar las condiciones de vida de las mujeres pobres a fin de sacar a la luz este tipo de situaciones, a menudo invisibilizadas en las grandes cifras y estadísticas generales sobre pobreza, para presionar a los gobiernos nacionales a que cumplan con la obligación de garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Derecho que está asentado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1976.