Una alternativa al régimen global de inversiones que otorga excesivos poderes a las corporaciones

Aldo Orellana López, Thomas Mc Donagh

02/09/2014

Opinión

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Desde inicios del nuevo milenio América Latina se ha caracterizado por resistir la imposición de políticas globales y regionales de libre comercio. La victoria más importante ha sido por supuesto la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), hasta ahora el proyecto comercial más ambicioso en el mundo que ha sido abandonado gracias a la movilización de la sociedad civil a lo largo del continente. Sin embargo, desde hace algunos años y bajo una nueva estrategia de expansión, se ha producido una nueva ofensiva global para la liberalización del comercio y las inversiones. Las dos iniciativas más grandes son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y Europa (TTIP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), en el que están involucrados algunos países latinoamericanos, entre otros proyectos.

Ante este panorama global y con un continente Americano claramente dividido entre países que promueven el libre comercio y la desregularización de las inversiones extranjeras, y otros que apuestan por otro tipo de integración y mayor direccionamiento de las inversiones, la sociedad civil nuevamente se encuentra en medio de un debate en donde ya no sólo es importante protestar, sino proponer. En ese sentido quisiéramos presentar una importante propuesta lanzada recientemente por el “Grupo de Trabajo sobre Inversiones de las Américas”[1], que lleva por título: “Llamamiento a la construcción de un marco legal alternativo a los acuerdos internacionales de inversión. Superando la Impunidad de las Corporaciones Transnacionales a favor del interés público”.

En nuestra serie de conversaciones sobre estrategiaen las campañas contra las reglas de inversión global y el poder corporativo, el Centro para la Democracia contactó a dos miembros de la Organización ATTAC Argentina, para conversar sobre los objetivos de esta propuesta alternativa, cómo se la utilizará y lo que se va a hacer con ella. Hablamos con Luciana Ghiotto y Javier Echaide[i], dos activistas que junto a ATTAC forman parte del grupo más amplio que elaboró esta propuesta.

Un llamado al cambio de régimen, un llamado a la alianza

Empezamos la entrevista preguntando sobre el origen y los objetivos de esta iniciativa. Según Luciana Ghiotto, la idea de elaborar esta propuesta es parte de un proceso acumulativo de trabajo, pero se remite específicamente a la semana de Acción Global contra las Transnacionales, llevada a cabo en Bruselas en 2011. Nos dijo que “uno de los puntos centrales de esa convocatoria fue abordar la forma en que las transnacionales utilizan el sistema de inversiones globales para proteger sus inversiones en otros países…y se concluyó que existe una necesidad de elaborar un documento conjunto de todas las organizaciones que estaban ahí presentes…”. Ghiotto señala también que “el documento se enmarca dentro de una campaña de más largo plazo que se viene desarrollando al menos en las Américas. Para eso debemos remontarnos a la campaña de las organizaciones compañeras de México, Estados Unidos y Canadá en contra del TLCAN[2], la posterior campaña en contra del ALCA, y la reciente campaña en contra del CIADI y los TBI lanzada Asunción en 2010 durante el Foro Social de las Américas”.

El documento fue redactado a partir del acopio de un sinfín de propuestas elaboradas durante años en el seno de la sociedad civil, de organizaciones sociales, activistas, académicos, etc. Como dice Luciana Ghiotto “es una propuesta que se la intentó elaborar de la manera más amplia, democrática y diversa posible… y no significa que sea un documento definitivo ni cerrado, sino que continuará un proceso de transformación, recibiendo aportes y nuevos insumos, miradas y propuestas. Ya estamos recibiendo respuestas de organizaciones que les interesa ser parte del llamamiento. Sabemos que a nivel internacional hay otros espacios que también están trabajando el tema de inversiones, entonces la idea es sumar organizaciones, sumar alianzas”.

Objetivo del llamamiento: material de campaña e incidencia

Como se puede leer en el titulo del documento, esta propuesta es producto de una necesidad de desmantelar el excesivo poder que tienen las corporaciones en el régimen global de inversiones.

Luciana Ghiotto nos dijo que lo que se quiso hacer “en primer lugar fue presentar un análisis pormenorizado, un diagnóstico del actual sistema de inversiones que nos permita tener una posición común sobre la forma en que vemos el actual sistema. En segundo lugar la idea fue presentar una propuesta alternativa a los acuerdos globales de inversión, una propuesta para un sistema alternativo”. Lo que se quiere lograr con esto, según la activista, es “por un lado profundizar la campaña y lograr que se sumen otras organizaciones, pero también es hacer lobby, porque la propuesta sirve para trabajar en la intervención frente a los gobiernos, para tratar de intervenir en los espacios de decisión en donde se pueda presentar esta mirada alternativa”. Y continúa, “me parece que sería un éxito que se logre esta doble incidencia… por un lado que el llamamiento se constituya en un material de campaña, que pueda instalarse en varias organizaciones latinoamericanas y de otros continentes… pero también incidir en niveles de decisión gubernamental, la idea es que llegue a ser recogido, por ejemplo, por algunos disputados, algunos negociadores internacionales en cancillería….”.

Javier Echaide por su parte nos comentó que la idea es “trabajar en la construcción de un marco alternativo a la regulación de las inversiones, en donde exista paridad justa y equitativa, para que la garantía que un Estado le da a un empresario extranjero no se constituya en privilegios para los inversionistas en desmedro de los pueblos locales… es decir, que los pueblos no terminen pagando los beneficios extras que las empresas se llevan al exterior… en ese sentido, hace falta una regulación a nivel internacional que lo que haga es volver a poner esta balanza en equilibrio…”.

El documento subraya la importancia de recuperar la capacidad regulatoria de los gobiernos como un objetivo fundamental. Se apuesta a construir un marco alternativo de inversiones internacionales que esté basado en principios democráticos y que priorice el interés público por encima del beneficio privado. En ese sentido el documento lanza algunas propuestas para que se priorice los Derechos Humanos y el cuidado de la naturaleza sobre los derechos de los inversionistas, además de establecer obligaciones para las corporaciones para que se responsabilicen por sus acciones.

El llamamiento plantea una serie de principios concretos para la construcción de un marco alternativo para las inversiones internacionales, que incluyen pautas para el establecimiento de un sistema diferente de resolución de disputas entre inversionistas y estados. Propone eliminar el concepto de “expropiación indirecta”, las cláusulas de ultra–actividad de los Acuerdos de Inversión, permitir los controles de capital, levantar la prohibición a la exigencia de requisitos de desempeño, impedir el flujo de capitales ilícitos, además de privilegiar las inversiones productivas respetuosas del medio ambiente por encima de las inversiones especulativas, entre otras propuestas concretas.

Mientras se van desarrollando nuevos marcos de inversion basados en estos principios, el llamamiento plantea una agenda común de acciones intermedias, que incluye las siguientes: impedir la firma de nuevos acuerdos de esta naturaleza; realizar auditorías de los impactos de estos acuerdos y los casos de demandas en cada país; anular o denunciar los TBI y los capítulos de Inversión de los TLC que se hayan firmado; denunciar el CIADI y restringir el uso de otros tribunales internacionales y regular la inversión extranjera y someter las disputas que pudieran surgir en tribunales y cortes nacionales y locales.

Mensajes y Audiencias: traducir el tema y vincularlo con otras luchas

También hablamos con nuestr@s entrevistad@s sobre el desafío de “traducir” el lenguaje técnico jurídico que se suele usar cuando se habla del sistema de reglas de inversión global. Es importante referirnos al tema en un lenguaje que permita a la gente percibir los efectos que las decisiones internacionales respecto del sistema tienen en sus vidas, hacer visible y conectar los vínculos.

En ese sentido Javier Echaide sostiene que “el llamamiento está destinado no solamente a especialistas, sino principalmente a las comunidades, porque se tienen que enterar que esto va más allá de la cuestión local, que hay una garantía al poder transnacional corporativo… entonces ahí se puede establecer un nexo entre lo que es el actuar local con el pensar global”. También subraya la importancia de entender cómo funciona el sistema de inversiones actual para poder desmantelarlo, “si no entendemos cómo es que las empresas vienen, saquean, contaminan y se van, no va a pasar nada. Debemos entender que las empresas hacen lo que hacen porque tienen garantías, entender que sus derechos hoy están por encima de los derechos de los pueblos afectados. Entonces es ahí a donde apunta este llamamiento, para que los pueblos sepan que esos derechos no son naturales, no son inmodificables, sino que pueden ser desarmados, desmantelados, y que precisamente es a eso que apunta el documento: a generar una alternativa… en ese sentido no solamente es una propuesta de alternativa técnica, sino que es un llamado fundamentalmente político”.

Por otro lado, Echaide señala que “el llamamiento es específico en materia de inversiones por dos motivos: primero porque es un tema complejo y que no está lo suficientemente tratado, pero que sin embargo tiene vinculación con muchísimos otros temas y asuntos regionales y locales… cuando uno pelea contra una empresa minera, por ejemplo, u otro tipo de actividad extractivista, esos grupos territoriales que están peleando quizá no perciben la otra lucha que está en frente de ellos. Si bien están ubicados en el territorio y perciben los efectos en carne propia, es posible que no perciban los efectos de lo que sucede en sus territorios y lo que significa en la maraña a nivel internacional. Y esto no solamente con la cuestión del extractivismo, sino que se trata de un sistema que brinda al modelo de producción y de consumo una serie de garantías que están jurídicamente convalidadas… esas garantías se pueden ver en los TLC y en los TBI”.

Javier Echaide también nos dijo que “lo que se quiere es alertar a la sociedad civil de nuestro hemisferio y más allá, de que esta excesiva protección a las inversiones extranjeras, es una forma de transferir los recursos públicos a manos privadas. Esto significa que las demandas que las corporaciones les hacen a los Estados en tribunales internacionales, las terminan pagando el pueblo”.

Lecciones y Oportunidades

En primer lugar destacamos el doble objetivo de la propuesta planteado por Luciana Ghiotto, en sentido de usar el documento como un recurso informativo en las campañas, pero también como una herramienta para incidir en los niveles de decisión local y nacional, que en última instancia es en donde los grupos nacionales tienen un margen de acción concreto. Es por eso que según Ghiotto “la idea es que cada organización se encargue de difundirlo en sus países y espacios, planteárselo a diferentes organizaciones, llevarla a instancias gubernamentales que correspondan para difundir este tema. Ese es el proceso”.

Posteriormente, y como señala Javier Echaide, es importante reducir el tema a un lenguaje popular y vincularlo con otras áreas para llegar a nuevos públicos y ampliar la base social que cuestiona el sistema. Mientras este vínculo no sea visible no podrá lograrse cambios. Para esto es importante entender que éste no es un tema técnico jurídico, sino esencialmente político, y que afecta a la vida cotidiana de la gente en varios aspectos. Entonces es importante lanzar los mensajes en una manera en que la gente se identifique con ellos, esto ayudará a construir una agenda común para la acción.

Este esquema sencillo de niveles que elaboramos como aporte en base a ésta y otras conversaciones con otros activistas, ilustra una forma en que se puede clasificar las audiencias que necesitamos involucrar. En el nivel A se encuentran las organizaciones y personas que están directamente involucradas en cambiar el régimen de protección de inversiones y que trabajan claramente en él. En el nivel B podemos ubicar a las organizaciones y personas que han conocido los efectos del sistema enfrentando casos concretos, por ejemplo con el caso Pacific Rim vs El Salvador, o Philip Morris vs Uruguay, en donde no solamente están involucradas organizaciones que trabajan en cambiar el sistema en sí mismo, sino sobre todo comunidades locales y activistas por el agua, el medio ambiente, la salud pública que están peleando en contra del sistema en sus territorios. En el nivel C se encuentran todas aquellas organizaciones que trabajan en áreas que de repente no están involucradas con el sistema mismo, pero que deben tener en cuenta que éste sistema será un muro muy fuerte en el camino hacia sus objetivos. Al igual que el sistema ha llegado a preocupar a los que luchan para un ambiente libre de contaminación minera en El Salvador o los que luchan por liberar a las personas del tabaquismo en Uruguay, es importante que los que luchan en contra del Fracking, en contra de la energía nuclear, a favor de un desarrollo más sustentable, los que luchan en contra de cambio climático, etc., tengan en cuenta que este es un sistema transversal en sus luchas, pues no va a permitir fácilmente que logren sus objetivos de lucha. Finalmente en el nivel D se encuentra el público en general, periodistas, académicos, etc.

Aprovechar los vientos políticos favorables

Si bien hay una fuerte ofensiva del sistema, es fundamental enfrentar y evitar su expansión en acuerdos como el TPP, TTIP, y otros similares, además de seguir insistiendo para que nuestros gobiernos denuncien el CIADI y retiren su consentimiento de otros tribunales similares para reducir el margen de maniobra de las corporaciones. También es posible, como bien nos lo comenta Luciana Ghiotto, aprovechar los vientos políticos favorables para cambiar el sistema, pues “hay un contexto más favorable a nivel internacional por lo menos para discutir el régimen global de inversiones. Varios países han comenzado a cuestionar los tratados que han firmado, incluyendo los países que han denunciado el CIADI, como Bolivia, Ecuador y Venezuela… y otros países que empiezan a cuestionar el formato de acuerdos de inversión que tienen ahora… Países como Sudáfrica, India, incluso Australia, que dan un contexto apto para que el llamamiento tenga una incidencia más fuerte”.

Estos vientos políticos favorables se deben en gran medida al trabajo que ha estado realizando la sociedad civil organizada en todo el mundo. Desde América Latina y Estados Unidos, hasta Europa, Asia y África, desde las ciudades y los territorios, la gente está luchando y construyendo propuestas para cambiar este sistema global de inversión y revertir el enorme poder que les da a las corporaciones. El objetivo de esta propuesta es aportar a llegar a ese cambio, una tarea nada fácil, pues como dice Luciana Ghiotto, “… el régimen de inversiones no se va terminar pronto, pero el llamamiento es un aporte en ese sentido…”.

- Aldo Orellana López y Thomas Mc Donagh son investigadores en el Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba, Bolivia, en donde coordinan la Red por la Justicia Social en la Inversión Global- RJSIG, un proyecto dirigido por el Centro para la Democracia junto con el Institute for Policy Studies – IPS, con sede en Washington DC.

[1] El Grupo de Trabajo sobre Inversiones de las Américas es un colectivo que ha estado trabajando durante varios años desde diferentes organizaciones y redes para que el régimen global de inversiones y el comercio se fundamenten en la justicia social, el respeto al medio ambiente y la democracia.

[2] TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte; CIADI – Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones; TBI – Tratado Bilateral de Inversiones.

[i] Luciana Ghiotto es Politóloga, Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y miembro de la Alianza Social Continental y de ATTAC Argentina. También forma parte del equipo técnico que actualmente realiza una Auditoria a los TBI en Ecuador.

Javier Echaide es Abogado (UBA), Doctor en Derecho (UBA), investigador UBACyT, docente universitario. Es miembro de la Alianza Social Continental y de ATTAC Argentina. Actualmente es Miembro de CAITISA, en Ecuador, que realiza una Auditoria a los TBI firmados por ese país. www.javierechaide.blogspot.com

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