Libertad de expresión, libertad de empresa y concentración de medios de comunicación

12/01/2014
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  • Opinión
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A raíz de la compra del 54 % de las acciones de la familia Agois, de la cadena de diarios de  Epensa, por el grupo periodístico de El Comercio, éste pasó automáticamente a poseer el 78% de los medios a nivel nacional, único caso en el continente americano, y de muchos países democráticos del mundo,convirtiéndose en la práctica en un oligopolio de medios de comunicación, ante lo cual, se ha desatado un necesario  e inevitable debate sobre estos hechos, que para algunos (El grupo de El Comercio, los nuevos dueños de Epensa), no tendría nada de malo, ya que dicha transacción comercial, se regiría por las leyes sacrosantas del dios mercado y por lo tanto nadie debería cuestionarla. 
 
Pero, ¿Así son de simples las cosas? Los ciudadanos/as debiéramos preguntarnos ¿qué dice al respecto  la actual Constitución Política del Perú, que está vigente? En su artículo 61 dice  a la letra: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”
 
Sin embargo, como quiera que dicho artículo no ha sido debidamente reglamentado, muchos juristas reconocen que este vacío reglamentario, ha permitido que regímenes autoritarios (como el del ex presidente Fujimori,) y otros más de origen democrático, pero de tendencias autoritarias, han abusado de su influencia económica, política e ideológica  favoreciendo a medios adictos al poder de turno, y discriminando a  los de oposición democrática.
 
Así,  el uso del avisaje estatal  en los medios cercanos y muchas veces obsecuentes con el poder Ejecutivo de turno,  es un mecanismo de presión y chantaje a los diversos medios de comunicación.
 
En  ese contexto, está clarísimo, que el grupo empresarial  que posea  la mayor concentración de los medios,  puede ejercer una influencia notable no solo en los gobiernos de turno, sino en la población que muchas veces no tiene un nivel mínimo de valores ciudadanos y puede ser fácilmente manipulada, generando en ésta, corrientes de opinión sesgadas y discriminatorias, tanto en los aspectos políticos, e ideológicos, como en lo económico, social, cultural y social, lo que es incompatible en un estado de derecho democrático que reconoce la pluralidad de ideas y tolerancia a las discrepancias, inherentes a una verdadera  democracia que promueven a su vez formas civilizadas de convivencia.
 
 
 
En tal sentido, es completamente legítimo y pertinente la iniciativa de ocho periodistas  peruanos, de haber presentado ante el poder judicial un recurso de amparo, basado en la constitución, para anular dicha compra venta que evidentemente no es una simple e inocente operación comercial, sino que a corto y largo plazo aumentará la inequidad  y pluralidad de los medios de comunicación, indispensables en un país democrático.
 
Imaginemos que en una época electoral como la que se avecina, el grupo de El Comercio decidiera apoyar a  determinado(s) candidato(s) y/o partido(s) político(s), silenciando y marginando a los que no son de su simpatía. ¿Eso sería verdadera  libertad de prensa?
 
¿Qué está ocurriendo ya en la actualidad? Hace poco, viajando desde Piura en una conocida línea de transporte terrestre,  al llegar a Lima, me acerqué al quiosco de periódicos y revistas  dentro de su local. Pregunté por los diarios La República, Diario 16 y el semanario Hildebrandt en sus Trece.
 
El vendedor me dijo que  no había ninguno de ellos. Solo los diarios  del grupo El Comercio. Por supuesto que no compré ninguno. Pero, ¿cuántos de los lectores al comprar un diario saben quién o quiénes son los dueños de éstos, qué intereses económicos tienen y que afinidades ideológicas y/ o comerciales tienen con otros grupos, a fin de discernir y reflexionar sobre las noticias, editoriales y/ o columnas de opinión?
 
Por otra parte, como muy bien señalara el periodista Juan Carlos Tafur ¿acaso no es cierto que  las condiciones para publicidad y avisaje, así como comercialización en los puestos de canillitas sonescandalosamente favorables para los medios masivos y poderosos, y abusivamente desfavorables y discriminatorios  para los medios pequeños? 
 
En el debate suscitado, un demócrata incuestionable, como lo es nuestro laureado escritor  y premio Nobel Mario Vargas Llosa(MVLL), ha criticado la concentración de medios de marras. Y en el mismo sentido se ha pronunciado- entre otros – el presidente Ollanta Humala(OH). Inmediatamente han saltado a la palestra supuestos “paladines” de la libertad de expresión alertando del riesgo de estatización de los medios por  OH y su gobierno.
 
Más allá de las discrepancias insalvables que el suscrito tiene con OH y su partido familiar, ¿Por qué MVLL sí tiene derecho a criticar la concentración de medios y OH no? ¿Acaso el ser presidente de la república le quita el derecho a opinar?No deja de llamar la atención, como, esos mismos “paladines” de la libertad de prensa  tienen un trato muy suave y condescendiente con MVLL y otro muy duro y descalificador de OH, a pesar que ambos (MVLL y OH) se pronunciaron en el mismo sentido. ¿Este  trato desigual a dos personas que opinan de forma similar, es una muestra  de un periodismo democrático y tolerante? ¿Se puede hablar en este caso de verdadera libertad de expresión?
 
¿O en realidad  se quiere dar gato por liebre a la ciudadanía haciéndonos pasar libertad de empresa como sinónimo de libertad de prensa? Y entonces cabe preguntarnos, más allá del derecho incuestionable de cada medio y propietarios a tener su particular ideología, intereses económicos  y particulares puntos de vista sobre el modelo político y económico de desarrollo
 
¿Son los medios de comunicación meras empresas sin responsabilidad social, en las que cabe considerar a los periodistas y demás comunicadores que trabajan  y/o colaboran con estos medios, como simples empleadosincondicionales a los intereses de la empresa, so riesgo de ser despedidos o dejar de ser invitados, por el simple hecho de tener opiniones propias, que no  necesariamente  tienen que coincidir con las de los dueños de estos medios?
 
Y para finalizar amigos lectores. ¿Saben ustedes cómo es en otros países capitalistas y que se rigen por un sistema democrático representativo y pluralista?
 
Como muy bien ilustraba el genial caricaturista Carlín hace unos días, en Francia, Canadá, Usa, Inglaterra, Argentina, Chile, etc., las leyes prohíben a los medios de esos países tener acciones mayores entre 20, 30 o 35 % como máximo, a fin de prevenir el monopolio y abuso de posición y poder. ¿Acaso en esos países a alguien se le ocurre acusar a sus gobiernos de estatistas, totalitarios  o controlistas? Invito a los lectores a que se informen  bien  y confirmen lo que este domingo comento.
 
Domingo 12 enero 2014.
 
- Julio César Castro Castro es Médico psiquiatra- psicoterapeuta  y  docente universitario- Facultad de Medicina- UNP
https://www.alainet.org/de/node/82300?language=es
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