Guatemala

Impunidad a flor de piel

Rigoberta Menchú Tum

15/10/2013

Opinión

^-A ⁺A

En mi columna anterior indicaba las razones por las cuales los conflictos sociales desembocan, tal cual la reciente en el territorio Q´anjob´al. El fondo del problema es la verticalidad con la cual se definen y aplican las políticas de gobierno y la negativa del Estado a escuchar de manera seria a sus ciudadanos y ciudadanas respecto de estas. Sin embargo, al sumergirse en los hechos, antes que otra cosa, aparece en todo su esplendor el descaro con el cual se pretende dar forma al Estado de derecho y a la impunidad con la que no solamente operan, en este caso, las empresas vinculadas a la industria extractiva y a la construcción de hidroeléctricas sino también el Gobierno.

Reza el viejo refrán: “Hecha la ley, hecha la trampa”, y es justamente lo que en general prima en lo relativo a la operación de hidroeléctricas menores de 5 megavatios en nuestro país, por cuanto estas, únicamente informan al Ministerio de Energía y Minas que existen, aún con el agravante de que no hay artículo en la ley que les obligue a registrarse. Es el caso de las hidroeléctricas Cambalam I, II y III, todas de la misma empresa, Hidro Santa Cruz, de capital extranjero y tendidas sobre el río Q’an B’alam, al sureste del municipio de Barillas.

A simple vista y bajo el más estricto sentido común, con estos datos se establecerá: uno, que en realidad Hidro Santa Cruz, utilizando el mismo río generará 15 megavatios; dos, que es tramposo de parte de la empresa, con complicidad del Ministerio de Energía y Minas, disgregar la producción de energía eléctrica en el área por cuanto esta circunstancia le permite pasar por encima de los requerimientos establecidos para la autorización de hidroeléctricas mayores de los 5 megavatios. El colmo es que, por ejemplo, la distancia que media entre Cambalam I y II es de apenas diez centímetros, no metros, ni kilómetros, según lo reconoció el Viceministro de Energía y Minas en una reciente citación al Congreso por parte de los diputados Amílcar Pop y Carlos Mejía.

Es imposible que esta circunstancia pase inadvertida por las comunidades por las implicaciones que les tiene en cuanto al uso del agua y menos aún que pase inadvertida la torpeza de quienes dirigen la empresa al considerar que en la población no existe sentido común.

En relación con la actuación de la fuerza pública, al seguir adentrándose en los últimos hechos, no queda más que la terrible desazón de la pobre institucionalidad del aparato del Estado. Un director de la Policía Nacional Civil que no tiene idea alguna de los operativos montados en el área y de quien, dentro del Ministerio de Gobernación da las órdenes.

Un Viceministro de la Defensa en las mismas circunstancias y cuya condición la demostraron durante el desarrollo de la citación antes referida y de la cual tuve oportunidad de conocer de su desarrollo a través de un video del Congreso. Lo más grave del asunto es que crece la sospecha de que las órdenes provienen de actores que no figuran en la institucionalidad y que muchos de los actos represivos son responsabilidad de estructuras paralelas.

Rigoberta Menchú Tum

Premio Nobel de la Paz

http://www.s21.com.gt/paxil-kayala/2013/10/16/impunidad-flor-piel

https://www.alainet.org/de/node/80121?language=es