Enrique Peña Nieto cuenta con los votos de PRI y PAN para, como dijo el senador y ex secretario de Hacienda de Calderón Ernesto Cordero, consumar su aspiración máxima: la apertura total del petróleo mexicano al capital privado (nacional y/o extranjero). Ese honorable senador le sugirió a Peña no desanimarse en el intento de constitucionalizar el gran despojo en curso y, en efecto, procedió rápido y furioso a consumar una hazaña antinacional que es componente vital del vasto programa de ajuste estructural en los tiempos del techo del petróleo, a sólo ocho meses de iniciado este sexenio. Tampoco escatimó invocaciones a Lázaro Cárdenas, como quien dejó las puertas abiertas a la privatización a lo largo del texto o aducir el agotamiento de los estratos convencionales –de bajo precio, fácil acceso y alta calidad– en la enmarañada e infundada argumentación histórica y técnica usada como sostén de la iniciativa de decreto que presentó hoy, 12 de agosto de 2013, a la Cámara de Senadores para mutilar la Carta Magna, en artículos cruciales, obstáculos formales que los cabildos de la cleptocracia doméstica e internacional han querido vencer desde hace décadas.

 

Me referiré sólo al petróleo. La iniciativa para reformar la Constitución, además de innecesaria, choca con los argumentos de que es para fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera, promover el crecimiento económico, un desarrollo incluyente, la seguridad energética, la transparencia y la sustentabilidad y protección del medio ambiente, ¿abriendo las puertas a la explotación extranjera, entregando la renta petrolera, alentando el uso de técnicas de comprobada devastación ambiental? Ninguno de los argumentos, o excusas para entregar un patrimonio que no es suyo, tiene solidez histórica o técnica. Esa es una ausencia notable imposible de soslayar escudándose en una versión distorsionada del pensamiento y acción de Lázaro Cárdenas y en una versión sesgada de la experiencia internacional, en especial por su trascendencia regional y mundial, la de Brasil, que todavía se esfuerza por recuperar a plenitud su renta petrolera, luego de la transformación privatizadora y desnacionalizadora de F.H. Cardoso, en 1997, cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera, como ahora lo propone ¿Peña? aquí.

 

Al respecto, Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, advirtió que México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control de Estado sobre sus recursos ( La Jornada, 12/3/2008)

 

Además de esas distorsiones, uno de los principales problemas que saltan a la vista es la precipitación con que se quiere proceder con la iniciativa de modificación constitucional, sin argumentos ni convincentes ni técnicamente sólidos. No ofrece la iniciativa la mínima información cuantitativa sobre los recursos no convencionales disponibles en aguas profundas o en gas y petróleo de lutitas. Sabemos, por informes públicos, que a los Rex Tillerson de este mundo sí les urge contar con reservas probadas, porque en los dos primeros trimestres de 2013, aunque Exxon obtuvo ganancias, la actuación del área de exploración y producción fue mediocre.

 

Los legisladores tendrán que proceder sin información sobre dónde están localizados los recursos no convencionales, los plazos temporales involucrados y las cantidades esperadas de recuperación. A menos que recurran a la información y mapas que ofrece la Administración de Información sobre Energía (Energy Information Administration, EIA) del Departamento de Energía de EU –de confiabilidad comprometida– ya que fuentes anónimas citadas por The New York Times indican que algunos de sus geólogos y especialistas que diseñan sus mapas, a los que con frecuencia recurre la cúpula de Pemex en sus presentaciones, tienen vínculos contractuales con las grandes petroleras interesadas en operar en México o Argentina. La otra fuente sería la Agencia Internacional de Energía –con sede en París–, más confiable, aunque nacida para contrarrestar a la OPEP.

 

Se nos dice que es necesario mochar la Constitución porque con los no convencionales estamos tratando con yacimientos de gran complejidad que demandan capacidades de ejecución e inversión que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras. Por eso, ¿modificar la Constitución? Acaso ¿no existen firmas especializadas en el mercado con recursos disponibles, sin saquear a la nación? Son alianzas estratégicas muy comprometedoras. Si Peña insiste en tener referencias internacionales, mejor que revise la enorme semejanza entre su iniciativa y la compare con los planes transformativos de Exxon en África Central.

 

¿Y para qué hablar del eje de la iniciativa sobre Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente? ¿Cómo es posible colocar esas aspiraciones ambientales junto a un proyecto de explotación por medio de la fractura hidráulica?