Colombia

Las deudas del Catatumbo

APAS

13/07/2013

Opinión

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Desde hace un poco más de dos semanas, entre 7 mil y 14 mil campesinos mantienen bloqueadas las rutas en los municipios de Tibú y Ocaña logrando la suspensión de las operaciones petroleras en la región, luego de que el ejército colombiano comenzara un operativo de erradicación manual de cultivos de coca y amapola. Debido a los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías, la ONU condenó la represión que ya suma más de 3 muertos.

La región del Catatumbo está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, Vacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama. Es una región que ha sido construida a pulso y con grandes sacrificios por las comunidades campesinas víctimas crónicas de la ausencia estatal. Es una región con la cual el Estado tiene una gran deuda histórica, social y política heredada de su percepción y clasificación como zona de conflicto y donde la su presencia ha sido fundamentalmente represiva.

A las comunidades del Catatumbo no les ha tocado fácil, al abandono Estatal se ha sumado la presencia de grupos paramilitares, bandas criminales y grupos de narcotraficantes que han favorecido la cultura de la ilegalidad, la siembra de grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, de los cuales se han visto obligadas a vivir ante la falta de estímulos y posibilidades para el desarrollo de una economía campesina vigorosa, dedicada a salvaguardar y garantizar la soberanía y sustentabilidad alimentaria de la Nación.

Los campesinos de Catatumbo han presenciado el transitar de la violencia, la muerte, el despojo y han sido forzados al desplazamiento, donde el Estado no sólo no ha hecho presencia permanente e integral en el territorio, sino que cuando lo hace es para reprimir o para firmar acuerdos que nunca cumple después de más de dos décadas, con lo cual obliga a la población a estarse movilizando en defensa de su territorio y sus proyectos de bienestar y futuro.

Después de varios desplazamientos masivos ocurridos en la primera década del siglo XXI como consecuencia de la arremetida paramilitar, una gran parte de las familias campesinas que se vieron obligadas a salir -porque no hubo ninguna institución que protegiera y salvaguardara su vida, honra y bienes, como lo manda la constitución-, decidieron retornar a sus tierras e iniciar un proceso de re-establecimiento socioeconómico que ha sido infructuoso como resultado de las constantes réplicas del conflicto armado, la escasa infraestructura institucional y social, las pocas opciones y posibilidades productivas y económicas que tienen en la región los campesinos.

La prolongada crisis económica y humanitaria, el abandono institucional y la presión de los actores armados ilegales hacen que la siembra, procesamiento y comercialización de la hoja de coca sea la única alternativa económica de supervivencia para la población rural. No es que los campesinos del Catatumbo sean cocaleros por decisión propia, a esto han sido llevados por la urgencia del sobrevivir con un mínimo de dignidad, las presiones de la violencia ante la falta general de oportunidades, la inexistencia de proyectos de desarrollo que los contemple como propietarios y productores y les ofrezca una articulación a los circuitos de la economía convencional en condiciones favorables.

El conflicto que se desarrolla actualmente en el Catatumbo envía una mala señal a lo que podría llegar a ser una fase de postconflicto armado en materia de solución de los problemas sociales y agrarios, si la respuesta del Estado se reduce a la violencia, asesinato y judicialización de la población rural y la dirigencia de los movimientos sociales.

En La Habana, Gobierno y FARC-EP están comprometidos en unas conversaciones que buscan poner fin al conflicto armado y buscar un camino democrático y dialogado para la solución de los problemas del país. En el Catatumbo el Gobierno a través de la fuerza pública responde con fuego a las exigencias de las comunidades campesinas, que no están pidiendo nada distinto a que el Estado cumpla con las leyes que el mismo ha formulado, en particular, la Ley 160 de 1994 en lo referente al impulso y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina.

En agosto de 2011, a través de la resolución 2066 el Incoder da vía libre a la constitución legal de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, que beneficiaría a 7 de los 9 municipios de la región. Las resoluciones por sí solas no construyen las regiones o las ZRC, deben darse los apoyos institucionales que se requieren para potenciar y transformar las economías locales ligadas a la producción agraria. Pero, lejos de diseñarse una política integral de desarrollo rural, lo que se ha fortalecido son los procesos de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, dejando en grave situación económica a las familias que esperaban una erradicación gradual, concertada y con previas propuestas de alternativas productivas.

El argumento con que los campesinos de la región han levantado su movimiento es el de que si hay un plan de desarrollo para la región, pero, que ellos terminaron siendo un estorbo porque existe una gran interés del gobierno en ofrecer el Catatumbo a la inversión privada al considerar este territorio como estratégico para la ejecución de proyectos mineros, de monocultivo, de infraestructura vial y militares.

Este 11 de junio, los campesinos de Tibú decidieron manifestarse a través de bloqueos, marchas y protestas. El Ejército, la Policía y el mismo presidente Santos, aseguró que las movilizaciones estaban infiltradas por la guerrilla descargando sobre las movilizaciones todo el peso de la violencia institucional. La situación de conflicto se extendió a Ocaña y otros sectores del Catatumbo y se hizo tan grave que obligó a que representantes del gobierno nacional y regional intentaran dialogar con los campesinos, pero acompañados por la presencia de altos mandos policiales y militares lo cual generó el retiro de los campesinos y la agudización de la protesta.

Los campesinos reclaman al gobierno que escuche sus propuestas, consignadas en lo que ellos han denominado ‘Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo’, frente a lo cual el gobierno ha aumentado el pie de fuerza, con el consecuente incremento en los enfrentamientos y las denuncias de la violación de derechos de la población civil.

La pobreza, el hambre, la violencia y la falta de oportunidades son las verdaderas causas de la crisis que vive el Catatumbo. Las organizaciones campesinas han señalado que no están dispuestas a ceder sus territorios, que están preparados para conversar con el gobierno a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), tienen propuestas y ellos también quieren comprometerse con alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la región.

Solicitan la declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996, así como de los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental; que se defina con claridad la ruta de financiación y se inicie la ejecución de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina; que por ahora se suspenda las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y se concerté la ejecución de un programa de sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC; que se recoja la propuesta de subsidiar por un tiempo, con recursos suficientes a las familias campesinas afectadas por la erradicación por lo menos hasta la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC que garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región; que se suspenda el desarrollo de los proyectos mineros y del plan de consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina hasta que las comunidades hayan sido consultadas y participado en la toma de decisiones que puedan afectarles; así como que se asuma una política de protección de los derechos humanos y se elabore un informe de la situación de los mismos en la región.

Dados los señalamientos que el gobierno y Santos han hecho al movimiento exigen un reconocimiento público por parte del presidente de la república, de los ministros del interior y de defensa y del Comandante de las fuerzas militares del carácter civil del campesinado organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo, que cesen la persecución y estigmatización en contra de la Asociación, se adelanten las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos y se sancione y castigue a los responsables.

El Gobierno Nacional tiene que iniciar conjuntamente con la fuerza pública un proceso de reeducación en el manejo y tratamiento de los conflictos sociales a partir del dialogo amplio y democrático, de la comprensión de los procesos, de sus urgencias y necesidades. Si se le pide a la guerrilla que cambie las balas por votos para que llegue la paz; las comunidades tienen todo el derecho de exigirle al gobierno que cambie el señalamiento, la persecución, las balas y la represión violenta por el dialogo, el consenso y la solución rápida y efectiva de los problemas de las comunidades que es lo que constituye la viabilidad de una construcción real de la paz.

Fuente: http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=6033

https://www.alainet.org/de/node/77691?language=es