“Soy inocente. Soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia”

Juan Orlando Hernández

La Corte Suprema de Justicia aprobó ratificar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Estados Unidos para ser juzgado por tres delitos: a) tráfico de armas, b) influencia del crimen organizado y c) narcotráfico. Había sido apresado en su casa de habitación por efectivos de la policía nacional y recluido en instalaciones militares a espera del pronunciamiento del poder judicial, para resolver un amparo presentado por la defensa legal frente a la resolución del Juez de dicha Corte que acordó la procedencia de la extradición solicitada por el gobierno norteamericano.

Se espera que el procedimiento administrativo y judicial siga su curso y JOH sea trasladado al país del norte lo más pronto posible, ya que se cree que puede atentarse contra su vida, en tanto, según fiscales gringos, es quién ha liderado el envío de drogas a EEUU, cuyo monto se estima en más de 500 mil kilos de cocaína.

Se pensaba que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaran en contra de ratificar la extracción, ya que, la mayoría de ellos, en especial su presidente, fueron nombrados por JOH, y habían acompañado gran parte de las acciones emanadas del Ejecutivo en temas de falta de enjuiciamiento y dictado de sentencias absolutorias a funcionarios públicos por actos de corrupción y ocultamiento de pedidos de extradición, según explican los miembros de la Comisión del Congreso de la República responsable de analizar el estado de los expedientes de ciudadanos hondureños solicitados en extradición por Washington. No obstante, de acuerdo a expertos, las declaraciones de narcotraficantes confesos que involucran a JOH son suficiente prueba para proceder a darle curso legal a dicho pedido.

JOH, unos meses antes de las elecciones generales del 27 de noviembre de 2021, había viajado a EEUU a presentar un libro sobre los logros de sus ocho (8) años de gobierno, en los que destaca la lucha contra el narcotráfico y reducción de los índices de violencia. La tesis de juristas nacionales y expertos en derecho constitucional, es que EEUU no podía pedir la extradición o captura de JOH por ser el presidente de un país aliado, optándose por esperar que Xiomara Castro tomara posesión de su cargo, ya que además había en curso un seguimiento de las actividades de JOH por la DEA.

No hay evidencia visible que JOH haya pedido asilo a Israel o Nicaragua, dos de los países donde se había acercado en los últimos años e incluso fortalecido las relaciones diplomáticas y convenios de cooperación. Con el primero inauguro una Embajada de Honduras en Jerusalén y se dio la bienvenida al nuevo Embajador de Israel, con Nicaragua, suscribió un tratado de límites que define las fronteras en el mar caribe y golfo de Fonseca, sin consulta a El Salvador. Lo más seguro, si esta solicitud existió, los gobiernos de estos países evitaron enfrentar a EEUU en este caso y posibles sanciones futuras.

Los defensores de la causa de no extradición de JOH, justificaron que esta no procedía por ser diputado electo al Parlamento Centroamericano, pero antes se había autorizado la renuncia a dicha inmunidad a lo interno del Congreso de la Republica. Igual se habló que JOH tenía juicios pendientes en el país, y por tanto debería ser juzgado por dichos delitos; sin embargo, estos juicios, si existieron, fueron engavetados y no aparecieron al momento de presentarse la solicitud de extradición por EEUU.

Desde ya, los abogados (as) del expresidente Hernández preparan la defensa en conjunto con abogado “gringos” en los juzgados de Nueva York, ya que es poco probable que acepte la defensa pública al declararse en bancarrota.  Una pregunta que surge es ¿Qué pasará con los demás militares, funcionarios, diputados y ciudadanos en general solicitados en extradición por EEUU? El Ministro de Seguridad ya ha depurados dichos listados y pronto, según sus palabras, se conocerá de nuevas extradiciones. Ello involucra también a aquellos que se han ido a refugiar a países vecinos como Nicaragua, según se ha denunciado por miembros de la policía nacional.

A ello se agrega, el interés de las autoridades de gobierno por echar mano lo más pronto posible de los bienes y dineros propiedad de los extraditables y prestanombres, en tanto el país enfrenta problemas financieros para cubrir sus obligaciones de corto plazo como las deudas y el pago de prestaciones laborales a empleados que serán cesanteados, lo que ha restado celeridad en las acciones institucionales en tanto todavía no ha sido nombrado todo el gabinete del gobierno.

No cabe duda del interés del gobierno de EEUU por utilizar de nuevo a Honduras como pieza clave de su política exterior en la región centroamericana, especialmente en lo que se refiere al triángulo norte y Nicaragua. Son varios los funcionarios y militares de alto rango que han venido al país en fechas próximas a las elecciones, durante la toma de posesión de Xiomara Castro y después de esta, destacando la presencia de la Vicepresidenta Kamala Harris que, se especula, trajo y dono camionetas blindadas para trasladar a los extraditables.

El contar con una estrategia de desarrollo consensuada y derivado de la propuesta política que fue asumida con bandera de lucha por la actual presidenta Xiomara Castro, posibilitaría negociar desde dentro con los EEUU, UE y los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) para no lucir descoordinados y dispersos. Aquí puede ser de mucha ayuda las recomendaciones del expresidente Rafael Correa, de visita en el país e invitado por la presidenta de la Republica. Urge nombrar al Ministro de Planificación, para que lidere estos esfuerzos aprovechando la experiencia de países latinoamericanos en coyunturas similares; o sea, el diseño de políticas públicas alternativas al neoliberalismo a inicios de gobierno.

Tegucigalpa, DC, 29 de marzo de 2022