Por SÍ, por NO, boleta rosada, boleta celeste. Así de binaria es la decisión que atraviesa a Uruguay por estas horas de cara al referéndum del próximo domingo, cuando la población deba votar SI apoya o NO la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada el 8 julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19.

En las últimas semanas palpitamos una suerte de campaña electoral y de medición de fuerzas entre la coalición de derecha que gobierna, con el propio Presidente Luis Lacalle Pou cerrando este miércoles 23 el mensaje oficial contra la derogación con una conferencia de prensa que duró media hora, y el Frente Amplio junto a otras expresiones de las izquierdas que conforman la Comisión Nacional por el SÍ, integrada por más de cien organizaciones sociales y políticas de todo el país.

¿Qué es la Ley de Urgente Consideración?

La LUC es una ley “ómnibus” que originalmente tenía 502 artículos, apenas modificados en el Senado y en Diputados, cuya versión final aprobada quedó en 476 artículos, muchos de los cuales contaron con el voto a favor del Frente Amplio.  El carácter de “urgente consideración” implicó abordar el contenido de la ley en un máximo de 90 días entre ambas Cámaras del Parlamento, sin permitir un análisis en profundidad sobre los cambios que traía en áreas de seguridad e inteligencia, vivienda, educación, acceso a tierras productivas, trabajo, economía, empresas públicas y criminalización del derecho a la huelga y a la protesta, entre otras áreas. En este caso, contradiciendo el dicho popular, la LUC mucho abarca y mucho aprieta.

Lacalle Pou lo dijo desde el principio: la LUC es su plan de gobierno, al que llegó gracias a los votos que reunió en segunda vuelta con una coalición “multicolor” que incluye al Partido Nacional que integra el mandatario, al Partido Independiente de centro, al histórico Partido Colorado y al novel partido militarista Cabildo Abierto, encabezado por Guido Manini Ríos, Comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Tabaré Vázquez.

Aunque el movimiento social se manifestó desde el comienzo en contra de este proyecto de Ley de Urgente Consideración, y generó estrategias a contrarreloj para participar en las instancias brevísimas de 15 minutos cada vez -habilitadas desde una Comisión Especial del Parlamento para escuchar las críticas al articulado- la LUC se aprobó. Llevó varios meses que la central sindical PIT-CNT, el movimiento cooperativista, La Intersocial Feminista y otras organizaciones reunidas en una Intersocial ampliada analizaran junto al Frente Amplio cuáles eran los artículos que era prioritario derogar. Hacia fines de 2020 decidieron que 135 artículos debían ser derogados y montaron una fuerte campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum. Mientras la pandemia recrudecía y llegaba a cifras históricas de contagios durante la primera mitad de 2021, lograron recolectar casi 800 mil firmas que habilitaron la jornada electoral de este domingo 27 de marzo.

Hay que recordar que otras organizaciones sociales buscaron recolectar firmas para derogar la totalidad del articulado de la LUC, pero no llegaron a alcanzar la cifra necesaria que requiere la Corte Electoral.

¿Qué se busca derogar?

La campaña rosada por la derogación de 135 artículos de la LUC tuvo sus vaivenes y descoordinaciones profundas, que derivaron en una salida tardía y dispersa de mensajes, en protagonismos masculinos de ciertos políticos y jefes de campaña que transformaron en personales las discusiones políticas, y en una pluralidad de estéticas y de eslóganes -que ameritaría una nota aparte de análisis discursivo- que volvió bastante ajena y confusa una campaña que de por sí no era fácil.

El argumento oficialista para defender la LUC es decir que es una ley muy “popular”, aunque la mayoría de la ciudadanía desconozca prácticamente el contenido completo de la norma. También dicen que, si se deroga, la Policía quedará desnuda, sin capacidad de actuar frente a la delincuencia, como si solo esta ley le hubiera dado potestades. También hablan mucho de “la libertad” que brinda la ley para alquilar una vivienda, para acceder a tierras productivas, para “elegir” por qué vía percibir el salario, para “modernizar” la educación y las empresas públicas. Un canto al neoliberalismo.

Explicar por qué se derogan 135 artículos en vez de los 476 no es un tema saldado, pero tampoco se ha puesto en discusión ahora. Intentaremos puntualizar ciertos aspectos en varias de las áreas que toma la propuesta de derogar 135 artículos para entender mejor por qué la LUC afecta derechos fundamentales.

Entre las iniciativas autodidactas surgidas en la variopinta campaña por el SÍ surgió el sitio web Resistencia.uy que reúne los textos de los artículos que se busca derogar y ofrece una comparación entre el texto anterior y los cambios que supone el aprobado en 2020.

Entrar en detalles es engorroso para un público que no es local, pero algunas claves para entender las reformas profundas que impone la LUC en distintas áreas son:

En seguridad se amplía la discrecionalidad policial, por ejemplo permitiendo una detención si la persona demorada no tiene la cédula de identidad en ese momento; amplía el lapso de notificación policial al fiscal, de 2 a 4 horas durante la detención administrativa en una comisaría; se amplía el concepto de legítima defensa en el hogar y en la actuación policial (como decir que siempre que disparan tienen razón); se aumentan las penas de prisión para microtráfico, lo que ya repercutió muy fuerte en la población de mujeres privadas de libertad: las presas por este delito aumentaron de 30% al 70% en las cárceles. Las modificaciones también implican el aumento de penas para adolescentes en delitos graves y gravísimos como homicidio y se amplía el tiempo de vigencia de los antecedentes judiciales. A la vez, a los adultos privados de libertad se les quita el derecho a acceder a cupos de estudio y trabajo para quienes estén penados por delitos sexuales.

En lo referido a servicios de inteligencia, la LUC modificó el carácter del Sistema Nacional de Inteligencia hacia un modelo centralizado, cuyos perfiles definitivos quedan sujetos a la reglamentación posterior, sin control parlamentario especial; amplía también el concepto de información reservada, generando actividad estatal sin control alguno.

En educación, la LUC modificó la Ley General de Educación de Uruguay. Esto ha implicado introducir lógicas privatizadoras y mercantiles para que las instituciones sean “proveedoras de servicios»: el “Sistema Nacional de Educación Pública” ahora es el “Sistema Nacional de Educación”. Se eliminan órganos de participación como los Consejos de Educación inicial, primaria, secundaria y técnico profesional, sustituidos por direcciones unipersonales, y se dejan afuera a los docentes de los ámbitos de decisión, además de quitar la participación estudiantil. Por el contrario se permite la participación e injerencia de actores privados en la decisión de políticas educativas. También modifica la obligatoriedad en la inscripción a los ciclos educativos y pasa a señalar que es el “deber” de los padres y tutores inscribir a lxs niños en la escuela, no ya una obligación.

En lo que refiere al acceso a la vivienda, el cambio en el régimen de alquiler sin garantías se ha promovido oficialmente como un beneficio para los jóvenes estudiantes, pero en verdad vuelve mucho más precarias las condiciones para acceder a una vivienda y reduce sustancialmente el plazo para desalojar a familias enteras: el desalojo por vencimiento del contrato es a los 30 días y por mal pagador, a los seis días. Esto afectará especialmente a familias migrantes y a los sectores populares, que ya vienen padeciendo desalojos en barrios céntricos y periféricos, en pensiones y en asentamientos.

Otro punto clave es la modificación de las funciones del Instituto Nacional de Colonización (INC), cuya función principal es otorgar tierras del Estado a pequeños productores y productoras agropecuarios. La LUC quita la potestad al INC sobre más de 100.000 hectáreas y cambia los requerimientos para ser “colonos”, por ejemplo, al quitar la obligatoriedad de vivir en el predio. Esto habilita la posibilidad de que las tierras queden en manos de personas que no viven ni trabajan en ellas, incluso de Sociedades Anónimas, en provecho del sector agroexportador del país. Esta modificación beneficiaría, sin ir más lejos, al ya mencionado Manini Ríos (actual senador), a su esposa Irene Moreira (actual ministra de Vivienda) y al padre de Moreira, si se comprueba la denuncia publicada en el semanario Búsqueda en la que el militar y sus familiares figuran como “colonos” en un predio de 2800 hectáreas donde no viven ni realizan trabajo directo, una cifra muy superior a las mil hectáreas que podían ser asignadas por el INC.

La LUC también introdujo medidas de regla fiscal como la no obligatoriedad de la inclusión financiera que profundiza la precarización laboral y eleva el monto de manejo de dinero en efectivo, de 4 mil a 100 mil dólares, lo que facilitaría el lavado de activos, han advertido numerosos expertos.

Un capítulo que ya tiene impactos concretos en la economía cotidiana es el aumento de los combustibles previsto en la LUC, ya que el artículo 235 establece que el Poder Ejecutivo actualizará “con una periodicidad no mayor a 60 días” los precios, así como el precio máximo de venta al público. Esto se traduce, al menos, en aumento de los precios en los alimentos y en los boletos del transporte colectivo. Este articulado en especial fue aprobado por el Frente Amplio, bajo la justificación de que era “el mal menor” negociado con el oficialismo, a cambio de no aprobar la desmonopolización de los combustibles, que era parte del proyecto de ley original.

Cuenta regresiva hacia el 27

Según el Presidente uruguayo “hay una mayoría silenciosa que quiere que las cosas se hagan y no quiere volver atrás”. Antes de la veda, las encuestadoras hablaban de empate técnico entre el SÍ (41%) y el NO (44%), y el partido pareciera definirse el domingo entre los indecisos que rondan el 14%.

El resultado del domingo puede ser una buena foto de la legitimidad y aprobación del gobierno, o de la fuerza del progresismo como oposición después de 15 años de gobernar el país. Y será seguro una nueva muestra de democracia directa en una jornada cívica obligatoria. Lacalle Pou anunció que, post referéndum, las siguientes reformas que el gobierno enviará al Parlamento están relacionadas a la transición y fin de la emergencia sanitaria, al abordaje de la inflación y el aumento de precios y a comenzar a discutir la Reforma de la Seguridad Social.

Una duda que quedó en el aire durante la conferencia de prensa con la que el Presidente cerró la campaña por el NO a derogar la LUC, un día después de la cadena nacional solicitada por el SÍ, fue cuánto costó la campaña por el NO y de dónde salieron los fondos para solventarla. Lacalle dijo que no tenía por qué responder eso.