Antes de pagar vencimientos por 1.100 millones de dólares al FMI, el gobierno argentino anunció el acuerdo con el staff del FMI. Allí se insistió en que “no habrá ajuste” que afecte el crecimiento de la economía local, ni a las condiciones socioeconómicas de la población más empobrecida y de menores ingresos. Se aseguró que no se demandan cambios estructurales, es decir, las mentadas “reformas laborales o previsionales”, contenidas en el stand by del 2018 que ahora se renegocia.  

Se trata de un mensaje que deberá ratificarse por el Directorio del Fondo y por el Congreso argentino, materializado en una carta de intención en dónde se verifiquen las metas cuantitativas de los acuerdos macroeconómicos referidos a la renegociación de la duda por casi 45.000 millones de dólares. Monto equivalente a la valorización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del 2018. Sin embargo, pese a la mención de no ajuste, principales funcionarios del FMI dicen:

“Los gobiernos tendrán que combinar la lucha contra la inflación con políticas estructurales que reactiven el crecimiento.”

El artículo difundido en el Blog del FMI, está suscripto por Ilan Goldfajn, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, que antes de sus funciones en el FMI actuara como presidente del Banco Central de Brasil entre mayo de 2016 y febrero de 2019, es decir, en tiempos de reaccionarias reformas estructurales en Brasil; pero también por Anna Ivanova, Subjefa de la División de Estudios Regionales en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y por Jorge Roldós, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo. Desarrollando argumentos los autores destacan las necesarias reformas estructurales con datos muy precisos de la tendencia a la ralentización del crecimiento económico en la región, especialmente para el 2022 y 2023, y al avance de la inflación, que amenaza la recuperación pos pandemia, es decir, de la gran caída del 2020. Se apoyan en la evolución de países como Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Todos ellos considerados desde una posición estabilizada. No tienen en cuenta para sus opiniones países de elevada inflación, casos de Argentina, Cuba o Venezuela, donde resultan evidentes las presiones políticas en la evolución de los precios internos.

Los cambios estructurales responden a una lógica histórica del brazo extendido de la política esencial del orden mundial capitalista, no solo del sector financiero. El FMI es instrumento principal del orden emanado al fin de la segunda guerra, con EEUU y el dólar a la cabeza. Nos preguntamos entonces por qué el FMI actuará distinto en sus acuerdos con Argentina, según exponen las autoridades locales. En todo caso, aceptarán no explicitar algo que ocurre en la práctica cotidiana, con deterioro de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, beneficios sociales) y creciente flexibilización salarial y laboral con precariedad en ascenso.

Todo indica que la ideología del ajuste y las reformas estructurales es subyacente a la lógica de política económica inducida por el FMI, también para la renovación de deuda en la Argentina.

Los autores de la nota, funcionarios jerárquicos del FMI, llaman la atención sobre los conflictos sociales en la región y la necesidad de disputar consensos para los cambios que ellos consideran necesarios. No quieren revueltas como en Chile, que pone en discusión el presente y futuro en ese país y en la región. Se le teme a una oleada de demandas por cambios “progresistas”, más allá de la retórica y voluntad de los gobiernos así nominados.

Habrá que pensar entonces en una lógica diferente a la del FMI para atender los reclamos que anticipan un horizonte de conflictividad, y no afianzar un rumbo que asegure sostenibilidad sistémica con mayor desigualdad y consolidación del empobrecimiento de una mayoría social excluida del empleo y los ingresos.

Entre esa opción se dirime la política en la coyuntura de la Argentina. De un lado políticas que atiendan las necesidades de los más perjudicados, o el rumbo del acuerdo con el FMI, que augura ajustes y regresivas reformas estructurales. Afirmación que sostenemos sin haber leído el acuerdo final, aún en tratativas.