El pasado 12 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que tiene por titulo “Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, que fue duramente criticado a través de diversos medios, pero principalmente en redes sociales por diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y otras, que interpretan una “criminalización a los derecho de libertad de expresión y movilidad”, en el territorio nacional. La red social más prolífica fue el Twitter, en donde hubo hilos interminables de ideas para enfrentar las disposiciones y críticas a la decisión de la presidencia de la república, en respuesta a la segunda marcha del pasado 17 de octubre, que el gobierno de Nayib Bukele intentó detener mediante retenes policiales y militares en diferentes puntos del país, principalmente en las entradas a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales (Orellana, 2021).

La marcha del 17 de octubre tenía como propósito fundamental protestar contra el régimen y gobierno de Bukele por pensiones dignas, los desaparecidos, ley del agua sin privatización, contra la ley del Bitcoin que fue inconsulta, a la que se unió el robo de identidades de la población con la aplicación de la Chivo Wallet por sacar los 30 dólares que dio el gobierno de fondos públicos. Además, protestar por la ruptura de la institucionalidad democrática salvadoreña, dado que todo el poder lo tiene el presidente, pues, además de controlar el ejecutivo, también controla el legislativo y judicial. Desde luego, todos los poderes de gobierno están supeditado a las decisiones del presidente Bukele y su grupo de aliados.

Con esa decisión del Legislativo y la venia del Ejecutivo se está criminalizando la protesta social a partir de hacer críticas a su gestión por su forma dictatorial y contra la ley en su forma de gobernar. Sin duda, es evidente que la imagen del presidente y su partido Nuevas Ideas se va deteriorando poco a poco y en la medida que el pueblo va despertando se va manifestando contra sus decisiones absurdas y contrarias a los intereses de las grandes mayorías populares.

Ese tipo de decisiones del Legislativo a pedido del Ejecutivo no son nuevas, eso mismo hizo la derecha en los años 70s y 80s y no detuvieron el movimiento popular, la consigna fue: “a mas represión, más lucha”, y a pesar de que hubo muchos muertos y varias masacres el pueblo no se detuvo hasta derrotar la dictadura y esta vez no será la excepción. Es decir, se repite que “Para enfrentar esta situación, ordenó crear un instrumento legal que le permitiera aplastar por la fuerza todo reclamo, oposición o protesta popular. La Asamblea Legislativa, que respondía al Partido Oficial, fiel a sus deseos, se apresuró a dictar la Ley de Defensa del Orden Público, que desde todo punto de vista era inconstitucional”, referido al gobierno del presidente general Humberto Romero (1977-1979) y hoy en la era de las “Nuevas Ideas” y Bukele se repite la historia.

Por otro lado, para Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), al ser consultado sobre el decreto que prohíbe las marchas, afirmó que “no le sorprendía” ese tipo de decretos, a partir de los antecedes de la actual legislatura con mayoría del partido oficial Nuevas Ideas, que sobrepasan muchas veces, el respeto a derechos fundamentales de la población. Desde luego, no solo eso, también sobrepasan lo establecido en la Constitución de la Republica. Sin embargo, el oficialismo al darse cuenta del rechazo del pueblo a este tipo de medidas reacciona dando explicaciones que contradicen el decreto aprobado que a todas luces viola la libertad de movilidad, libertad de expresión y la libertad de organización.

Las marchas y protestas son un derecho legítimo de expresión del pueblo salvadoreño ante medidas absurdas e inconsultas del régimen y gobierno de Bukele. Desde el 15 de septiembre, el 30 del mismo mes y el 17 de octubre el movimiento social y popular está tomándose las calles porque le pertenecen, para expresarse contra acciones de gobierno que atentan contra sus derechos fundamentales. Desde luego, esas marchas expresan el despertar del pueblo y abren conciencia social para defender las conquistas del pueblo de años anteriores.

La medida trata una prórroga del decreto 90 aprobado el 13 de julio de 2021, mediante el cual se suspendió por 90 días "toda concentración de personas en actos de carácter público o privado referido a conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público o festejos de fiestas patronales". Sin embargo, una reforma aprobada el 20 de julio dejó a decisión del Ministerio de Salud qué actividades permitiría. La reforma dice que "en casos excepcionales el Ministerio de Salud previa evaluación de las características particulares del evento a realizar (...) podrá autorizar la realización de este". Esto se dio en atención a los partidos de futbol de la selección salvadoreña en la eliminatoria para el mundial del Qatar 2022.

La prórroga del decreto 90 se extiende hasta el 16 de febrero de 2022, la solicitud hecha por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, fue apoyada por los diputados oficialistas obteniendo 63 votos a favor. Desde luego, durante la discusión de la solicitud, se hizo énfasis en el incremento de los contagios, "por lo que es necesario hacer la prórroga". Sin embargo, las actividades deportivas en estadios continuarán realizándose con la justificación de que el Gobierno ha habilitado la tercera dosis de la vacuna anti covid-19.

El pueblo interpreta que el gobierno está desesperado y un poco nervioso por el despertar del pueblo y sus manifestaciones populares. Además, sabe que el gobierno usa el aparato represivo del estado para criminalizar la protesta, pero eso no lo detendrá.

El autor es Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.

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@NelsonQuintani5