Lo volátil de la situación se pone de manifiesto esta semana con el inicio de los “plenos” estudiantiles -asambleas informales rebeldes- en nueve de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico, que en otras ocasiones han sido chispa para encender protestas masivas.

 

 

Pero esa crisis no se limita a lo que hace o deja de hacer EEUU, sino que afecta igualmente a las formaciones políticas que aceptan, en mayor o menor grado, el dominio estadounidense. Al contrario de esas dificultades para los partidos pro EEUU, el independentismo da muestras de crecimiento.

 

 

Los problemas se multiplican en muchas direcciones, sin que los estrategas de Washington aparezcan con ideas para estabilizar su dominio sobre este territorio caribeño, que parece haber pasado de enclave estratégico a punto de ahogo.

 

 

Esa incapacidad de Washington para atender la situación de la colonia se manifiesta en momentos en que se atascaron en el Congreso tres alternativas que se han planteado para resolver o al menos reformar el territorio.

 

 

Una de ellas, descarrilada por jóvenes profesionales puertorriqueños que trabajan en EEUU, era para implantar la elección de congresistas con voz y voto. Otras son convertir a Puerto Rico en estado de la Unión o convocar en Puerto Rico una nueva asamblea constituyente que negocie con Washington una nueva condición política, pero ninguna de esas ha logrado salir de los comités de evaluación.

 

 

 

Mientras tanto, este país sigue sumido en la quiebra económica, no se ha recuperado de los huracanes de hace cuatro años y enfrenta nuevas situaciones desestabilizadoras. Estas van desde la prolongada crisis en el sistema de electricidad, hasta la incapacidad manifiesta de la junta de control impuesta por EEUU para convencer al país de que acepte una nueva deuda impagable con Wall Street y más medidas draconianas de recortes sociales.

 

 

La primera es la del recién creado consorcio privado LUMA, también impuesto por Washington como requisito para enviar dinero para reparar la infraestructura energética. La empresa somete al país a apagones casi constantes y está en tal rebeldía que ni siquiera acepta entregarle información financiera al Congreso estadounidense.

 

 

La junta de control, por su parte, se ha enfrascado en un pulseo con las cámaras legislativas para que se acepte una emisión de bonos por más de siete mil millones de dólares, aunque economistas importantes advierten que eso llevaría al país a un nuevo impago. Sin reparar que fue precisamente la emisión de deuda impagable lo que llevó al país a la quiebra en 2014, la junta le echa la culpa a la Legislatura por no recortar suficientemente las pensiones de los trabajadores y proponer que no aumenten los recortes en áreas fundamentales, como los fondos para la Universidad.

 

 

En ese marco, proliferan las protestas de diversos grupos, aunque hasta el momento ninguna ha desatado una avalancha, sino más bien muchos pequeños derrumbes. Las quejas van desde reclamos sobre el ambiente, causas sociales, la salud y los servicios públicos y, por supuesto, la descolonización. En algunos casos, los que se tiran a la calle son de grupos de izquierda, y en otros, de derecha.

 

 

La oposición a las exigencias de la junta de control, sin embargo, han colocado en el mismo bando opositor a sectores tan disímiles como el Partido Independentista Puertorriqueño o el Movimiento Victoria Ciudadana con el ultraconservador Proyecto Dignidad. En tanto, las quejas sobre LUMA trascienden también las líneas políticas.

 

 

El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, advirtió recientemente en un discurso en el hemiciclo que urgen acuerdos pragmáticos sobre la emisión de bonos con la junta de control porque hay grupos que están buscando generar un caos. Pero menos de una semana después, el secretario general de su propio Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, llamó al pueblo a alzarse contra el consorcio LUMA como en el “Verano del Diecinueve”, que en el año 2019 logró el derrocamiento del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

 

 

En el Partido Nuevo Progresista, que controla el ejecutivo con menos de un tercio de los votos de los pasados comicios, la crisis interna se manifiesta por el empuje que va logrando la propuesta de sustituir como candidato en 2024 al gobernador Pedro Pierluisi por la actual comisionada en Washington Jenniffer González, quien ha elogiado a LUMA y tuvo una exitosa recaudación de fondos hace varias semanas en el elegante Distrito de Convenciones. Pierluisi, sin embargo, no se amilana y está impulsando cambios y reformas que asegura llevarán al país por un nuevo derrotero.

 

 

En el Partido Popular Democrático también hay crisis interna. El PPD está en proceso de reorganización y hay varios retadores para la jefatura de Dalmau.

 

 

En los partidos Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad -el primero de tendencia de izquierda social y el segundo derechista- se destacan figuras importantes, aunque no dan señales de crecimiento. Pero ambos, surgidos al fragor de los comicios del 2020, no parecen haber agotado sus posibilidades de desarrollo.

 

 

De todos los sectores políticos grandes y pequeños, sin embargo, el único que da muestras de estar creciendo en el apoyo popular es el Partido Independentista Puertorriqueño. Además de su cargada agenda de apoyo a grupos sociales y proyectos en defensa de las costas, la cultura, la educación, los derechos civiles y otras causas por parte de sus legisladores, la senadora María de Lurdes Santiago y el representante Dennis Márquez, la figura clave parece ser Juan Dalmau Ramírez, actual secretario general.

 

 

Dalmau Ramírez, bajo cuya candidatura a la gobernación en 2020 el PIP pulverizó la barrera de los 100.000 votos, recorre la isla y se informa que sigue recogiendo apoyos dondequiera.