Sin duda alguna las herramientas de la política económica son el eje primordial en el crecimiento económico en cualquier país, y de manera especial como punto de partida en una crisis para solventar la reactivación económica tan deseada tras la emergencia sanitaria mundial. Ecuador acaba de cumplir 100 días con un nuevo gobierno que debe empezar a encauzar sus políticas públicas para el fomento de la economía y aprovechar lo coyuntural en el legislativo y ejecutivo con la finalidad de lograr la estabilidad macroeconómica.

Para ello es necesario que el gobierno trabaje con elementos claves en la búsqueda de alternativas para mejorar la proforma presupuestaria, puesto que las aparentes soluciones como la reforma tributaria, reducción del gasto público, eliminación de subsidios a los combustibles, pago a TAME y otras similares no ayudan en nada a una buena recuperación y desenvolvimiento de la economía. Es así, que el pretendido impuesto a las personas que ganan más de mil dólares no avizora un horizonte alentador a la sociedad debido a la carga impositiva que al contrario del objetivo deseado, lo que provocaría es que se contraiga aún más la demanda agregada e intensificaría los índices de pobreza multidimensional (educación y salud, acceso a servicios básicos y niveles de desnutrición) y pobreza por ingresos como se pudo observar el 2020 con una caída del PIB de -7.8%.

Es decir, ya para el 2021 la pobreza crítica determina la existencia de personas que viven con menos de USD 1,47 al día, lo que conlleva a un retroceso socioeconómico de 30 años, trayendo 1,8 millones de nuevos pobres, con menos 84,82 dólares de ingresos mensuales; además, 1,4 millones de nuevos pobres extremos, con menos de USD 47,80 de ingresos cada mes, según lo determina Unicef.

Entonces es el momento apropiado para la aplicación de políticas fiscales expansivas que ayuden a generar empleo y a su vez permitan al menos mantener el equilibrio económico entre los ingresos y demanda agregada, disminuir el déficit fiscal a través de la inversión interna, y eso se lo pudo hacer con la donación de 950 millones de dólares por parte del FMI que entrego gratis al país, todo está en saber canalizar los recursos existentes sin perjudicar a los más desposeídos. Sin embargo, el modelo económico del gobierno de Lasso se opera en un entorno neoliberal que pondera la reducción del tamaño del estado y gasto público, ejes que provocan mayor desigualdad social y conllevan las secuelas de precarización laboral y desempleo. De seguir así se replicaría el manejo económico del gobierno anterior quien dio preferencia al pago adelantado de la deuda externa y dejó de lado la inversión social.

Una de las estipulaciones significativas en economía de recuperación es lograr que el modelo económico sea sencillo, comprensible, útil y funcional en referencia al entorno de un estado, y a través de ello se realice el manejo adecuado de las herramientas macroeconómicas como punto de partida cuando se establecen políticas en pro de la reactivación económica, para ello el gobierno debe considerar aspectos tanto de la política fiscal y monetaria que permiten la dinamización de los sectores económicos relevantes, como la “decisión 878” impulsada por la CAN que implica lo económico y social.

Con esta antesala, es necesario que el presidente Lasso asuma con responsabilidad y énfasis la administración económica del país, intervención del estado en la economía (Keynes), mayor inversión pública - empleo- , estímulo del consumo por medio del IVA (volumen de compras), créditos de apoyo a los sectores más vulnerables productivo y turístico con baja en las tasas de interés (política monetaria), dejar de lado la reducción del gasto público y austeridad; las medidas económicas deben ser aplicadas en pro de un pueblo, no de las grandes élites.