El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fue ejecutado por un contingente de mercenarios colombianos de pasado militar, que ingresaron a su domicilio en la madrugada del pasado 7 de julio haciéndose pasar por agentes de la DEA. Moïse fue acribillado junto con su esposa, quien sobrevivió.

Así es como Haití se hunde nuevamente en un caos que le resulta familiar, entre golpes de Estado, pobreza extrema, poderosas mafias y perniciosas influencias extranjeras. El reciente magnicidio –que trae a la memoria una reciente incursión mercenaria en la Venezuela de Nicolás Maduro, la operación “Gedeón”– aún permanece, en esencia, sumido en el misterio.

La supuesta pertenencia de los perpetradores de este crimen a la agencia antidrogas estadounidense fue rápidamente desmentida. Sin embargo, el hombre que reclutó al grupo de asesinos –un venezolano llamado Antonio Intriago Valera, dueño de la agencia de seguridad privada de Miami, Florida, “CTU Security”– se ha jactado de tener lazos con agencias del gobierno yanqui y trabajar regularmente con mercenarios. 

La reciente detención por parte de la policía de Puerto Príncipe de uno de los presuntos autores intelectuales –un oscuro médico haitiano residente en Florida llamado Christian Sanon–, no ha hecho más que suscitar nuevas preguntas.   

Golpe privado

Un artículo del “Miami Herald” concerniente al asesinato de Moïse compara cierta zona del Estado de Florida con la ficticia taberna donde el protagonista de las Guerras de las Galaxias se hace de los servicios del pirata Han Solo; es decir, una guarida de mercenarios y un punto de encuentro para reclutar criminales a destajo.

Fue ahí, cerca de las playas de Miami, donde Christian Emmanuel Sanon, de 63 años, contactó con “CTU Security”, que cuenta con una sucursal en Colombia. Su dueño, Intriago, es conocido en ciertos círculos de expatriados latinoamericanos y también puede ser visto en fotografías junto a Iván Duque, presidente de Colombia, y senadores republicanos estadounidenses. Desde 2010, además –y siempre desde EE.UU.–, participa en campañas políticas contra el régimen chavista.

Todo parece indicar que los mercenarios colombianos fueron contratados, al menos en un primer momento, para hacer de guardaespaldas de Sanon, quien sostuvo algunas reuniones de índole proselitista en Haití durante las semanas previas al magnicidio. Sanon contó también con dos haitiano-estadounidenses, quienes se hacían pasar por intérpretes. Una vez ocurrido el asesinato de Moïse, uno de ellos llamó a Sanon, quien, a su vez, habría llamado inmediatamente a un tercer involucrado. La policía haitiana presume que su interlocutor sería el verdadero líder de golpe.

Como explica el “Miami Herald”, los récords crediticios y bancarios de Sanon revelan que el doctor –desconocido entre la diáspora haitiana en EE.UU.– no contaría con los medios ni los contactos indispensables para contratar al contingente de 28 mercenarios fuertemente armados y entrenados (de los que se logró capturar a 17, mientras que tres resultaron muertos y ocho lograron huir). Tampoco se entiende cómo es que Sanon planeaba tomar el poder luego del eliminar a Jovenel Moïse. Todo indica que el doctor era otro peón más en la intrincada trama.

El poder político en Haití es disputado hoy por el primer ministro, Claude Joseph, y un Parlamento reducido a un tercio de su tamaño usual. El primero es un viejo amigo del gobierno estadounidense y ya ha solicitado el envío de tropas yanquis para “estabilizar” su país. La muerte de Moïse se da en un contexto de dudas y fechas de caducidad poco claras.

Su gobierno comenzó en 2017 y debió durar cinco años –hasta el 7 de febrero de 2022–, sin embargo, sus detractores insisten en que el tremendamente impopular presidente –que ganó unas elecciones bastante opacas en noviembre de 2016 y viene gobernando por decreto desde 2019–, debió abandonar su puesto el 7 de febrero pasado, un año antes del plazo.

Uno de los “intérpretes” al servicio de Sanon y sus mercenarios es el ahora capturado haitiano-estadounidense James Solages. Este interesante personaje trabajó previamente como jefe de guardaespaldas en la Embajada de Canadá en Haití. También trabajó en seguridad privada para dos prominentes miembros de la oligarquía haitiana opuestos a Jovenel Moïse: Reginald Boulos y Dimitri Vorbe. Al primero, dueño de una farmacéutica y uno de los hombres más ricos de Haití, se le recuerda por haber apoyado el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, en 2004. 

De acuerdo con el periodista Kim Ives, del medio “Haiti Liberté”, algunos indicios apuntan a que el multimillonario podría ser el misterioso autor intelectual y financista detrás del asesinato de Moïse:

“Varios hechos indican su involucramiento: el arribo de los mercenarios en nueve vehículos Nissan Patrol nuevos, sin placas de circulación, sugiere que vinieron del concesionario de Reginald Boulos. La gente de Haití ya ha llegado a la conclusión de que Boulos se encontraría detrás del asesinato y (por ello) ha atacado Automeca, su negocio de autos…”.

Estados Unidos y Colombia ya tienen a sus oficiales en la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde investigan este crimen de Estado con resaca geopolítica. Cabría preguntarse si estas misiones internacionales tienen por objetivo dilucidar el crimen o, en su lugar, producir una versión conveniente a sus intereses políticos.

Una de las preguntas claves es, por supuesto, ¿cómo pudo un contingente de mercenarios extranjeros ingresar en el domicilio del presidente de Haití y asesinarlo sin encontrar mayor resistencia?

El Center for Economic and Policy Research (CEPR, 9/7/21) investigó al jefe de seguridad del palacio presidencial haitiano y encargado también de la residencia de Moïse, Dimitri Herard, responsable durante el ataque. Resulta que Herard está siendo investigado por el gobierno estadounidense en relación a un presunto tráfico ilegal de armas. Además, viajó a Colombia en varias ocasiones en las semanas previas al magnicidio, por lo que se investiga si tuvo contacto con los asesinos o algún elemento del gobierno de ese país.

En 2012, Herard fue enviado a Ecuador para recibir entrenamiento militar por el entonces presidente de Haití, Michel Martelly, antecesor y aliado de Moïse. A pesar de ostentar el cargo de jefe de seguridad del palacio presidencial desde 2017, Herard también operaba su propia agencia privada de seguridad, una tendencia “cada vez más común entre los oficiales de policía”, según el CEPR. La tendencia, sin embargo, es de importación yanqui, pues es en EE. UU. donde la privatización de los servicios de seguridad y la compra privada de mercenarios tiene su auge desde hace algunas décadas.

Herard estaría asociado también con Carl Frederic Martin, un militar de la US NAVY de nacionalidad haitiano-estadounidense. En 2020, la hermana de Dimitri Herard y Martin crearon Tradex Haití S.A., para comercializar armas. Otra de las empresas privadas de seguridad de Martin obtuvo un contrato del Departamento de Estado de EE.UU. por $73,000 dólares, en 2019, para proveer a la policía de Haití con equipos antimotines.

Los negocios de tráfico de armas entre Martin y la hermana del jefe de seguridad del palacio presidencial haitiano parecen haber tomado ventaja del arresto, en 2019, de un empresario haitiano llamado Aby Larco, quien anteriormente proveía a las organizaciones criminales del país. Según el CEPR, desde su encarcelamiento, dicha provisión, junto con los secuestros –cuatro al día durante la primera mitad de 2021– han aumentado. Todo apuntaría a una nueva red de traficantes con presuntos vínculos en el palacio presidencial.

Los militares –y exmilitares convertidos en mercenarios–, así como otros oficiales de los distintos gobiernos involucrados en este cuento, parecen tener en común el entrenamiento marcial recibido gracias al dinero y la influencia del gobierno de Estados Unidos, lo que luego les permite formar una red internacional de contactos y agentes “listos para la acción”.

Haití, históricamente saboteado por importantes potencias globales, se encuentra hoy sumido en una corrupción terminal. Todo indica que los hilos de esa corrupción se manipulan en parte desde fuera, con objetivos y consecuencias muy parecidos a los que tendría una ocupación colonial. Así, aunque no se encuentra oficialmente ocupado, Haití dista mucho de ser soberano y libre.

En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado por una coalición estadounidense, francesa y canadiense, y expatriado a Sudáfrica. Los invasores colocaron a un haitiano residente de Florida (otro), Gérard Latortue, como primer ministro. Como informó en su momento un reporte de la revista médica The Lancet, luego de ese golpe no era extraño encontrar soldados canadienses persiguiendo a simpatizantes políticos de Aristide de casa en casa y amenazando a civiles inocentes con matarlos si no revelaban nombres.

Cuando sucedió el terrible terremoto de 2010 –que mató a doscientos cincuenta mil haitianos–, una de las preocupaciones “occidentales” tenía que ver con la fragilidad social del país, donde los rumores de un levantamiento popular hacían temer el posible regreso de Aristide. Durante varios años, Haití fue el país con más tropas extranjeras en su suelo (más que Irak o Afganistán), a pesar de no encontrarse en guerra.

Los habitantes del oeste de la golpeada isla caribeña de La Española no solo tienen que vérselas con la pequeña oligarquía enquistada desde hace mucho en el poder, sino sobre todo con la aplastante influencia del imperio norteamericano, sus agencias de seguridad (oficiales y asociadas) y sus aliados, como Colombia –fuente inagotable de mercenarios bien entrenados y fuertemente armados con el dinero del tío Sam–, o Canadá y su asolapado apoyo antidemocrático a cuanto régimen autoritario y corrupto ha surgido en la historia haitiana y, por supuesto, Francia, su verdugo tradicional.