Este artículo es tomado del resumen ejecutivo del libro cuya edición en español tendrá su lanzamiento el 8 de julio (ver abajo).

La digitalización está transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos, comemos, vivimos y conducimos nuestras relaciones sociales y familiares. La tecnología puede estimular la prosperidad y el desarrollo, acercarnos los unos a los otros y ayudar a construir medios de vida sostenibles. Pero también puede limitar el desarrollo, exacerbar las desigualdades y tener un impacto destructivo en el empleo y la organización social. La posibilidad de que los países, los trabajadores/as y los/as consumidores de todo el mundo se beneficien o, por el contrario, los beneficios sólo recaigan en una pequeña minoría, dependerá de las reglas que rigen la evolución de la digitalización a lo largo del tiempo.

Una de las mejores “inversiones” que pueden hacer las empresas es cambiar las reglas bajo las que operan, con objeto de extraer mayores beneficios económicos y al mismo tiempo impedir que sus competidores operen en igualdad de condiciones. Las empresas poderosas se han valido durante mucho tiempo de los acuerdos comerciales para fijar normas que promueven su “derecho" a obtener beneficios, al tiempo que limitan la capacidad de los gobiernos para regular las actividades empresariales en aras del interés público, y a menudo lo han hecho al margen de los canales democráticos normales.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, es el órgano mundial que establece normas sobre el comercio internacional y cuenta con 164 países miembros. Cuando se fundó en 1995, los nuevos acuerdos pactados en su seno otorgaron derechos a las industrias y sectores dominantes en ese momento, como la agricultura, las finanzas, los servicios, los productos farmacéuticos y las manufacturas. Las industrias tecnológicas carecen de un acuerdo de este tipo en el marco de la OMC y desean que se fijen normas similares con objeto de regular la digitalización, que está transformando actualmente la economía mundial. En particular, se trata de regular la gobernanza del recurso más valioso hoy en día: los datos.

Los datos son la sangre vital de la economía digital. Las empresas que dominen la Inteligencia Artificial (IA) en sus sectores de actividad, serán las que dominarán las correspondientes industrias. La IA depende de enormes conjuntos de datos para entrenar a las máquinas que aprenden a tomar decisiones. La valoración de las mayores sociedades de capital del mundo en términos de capitalización bursátil es tan alta porque son recolectoras de datos, y los inversores conocen el valor de los datos para generar beneficios futuros. Incluso las sociedades que no han obtenido beneficios pueden seguir obteniendo capital de riesgo si su modelo de negocio parece ponerlas en condiciones de recopilar datos de manera que están bien posicionadas para dominar su industria.

En este momento, una pequeña minoría está tratando de utilizar su excesivo poder, aprovechando prácticas antidemocráticas en la formulación de las políticas comerciales, para reescribir las reglas de la economía mundial y otorgarse a sí misma nuevos “derechos" a conseguir ganancias, al tiempo que limita la tutela del interés público y los beneficios que la nueva “economía de datos” puede aportar al conjunto de la sociedad. Cinco de las seis empresas más grandes del mundo – Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft – son empresas transnacionales (ETN) de alta tecnología, con sede en los Estados Unidos; y, al igual que otras empresas de alta tecnología que operan en distintos sectores, entre ellos la logística del transporte, las telecomunicaciones, las finanzas y la agroindustria, están presionando a los gobiernos para negociar nuevas normas, bajo el disfraz del denominado “comercio electrónico", en el marco de la OMC y de otros acuerdos comerciales bilaterales o regionales recientes.

Los partidarios de las normas de comercio digital destacan las oportunidades que brindarían a los empresarios y empresarias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo.

Pero las normas propuestas por las grandes tecnológicas van mucho más allá del comercio electrónico y tienen repercusiones en todos los aspectos de las economías nacionales así como en la economía mundial, incluso para los países que no participan en esta última. Si se establecen, esas normas podrían dar lugar a la liberalización completa de toda la economía (digital).

En realidad, las grandes empresas tecnológicas han propuesto nuevas reglas para consolidar su modelo comercial explotador, incluidas, entre dichas reglas, las que apuntan a: obtener derechos de acceso a los mercados a nivel mundial; extraer y controlar datos personales, sociales y comerciales en todo el mundo; arraigar sólidamente la desregulación y evadir la regulación futura; acceder a una oferta ilimitada de mano de obra que ha sido despojada de sus derechos; ampliar el poder de las empresas a través de monopolios; y evadir el pago de impuestos.

Por lo tanto, las normas propuestas permitirían a las grandes empresas acelerar su apropiación de la productividad de los/as trabajadores/as y las pequeñas empresas en todos los países, lo cual es una característica de la economía mundial contemporánea. Las normas inhibirían la capacidad de todos los países para promover la innovación digital a fin de fomentar la prosperidad compartida de cara al futuro. En particular, asistimos a un intento de proteger el poder monopolístico de los gigantes de la tecnología. Todo ello limitaría gravemente la capacidad de los países en desarrollo de utilizar la industrialización digital para sacar a sus poblaciones de la pobreza, vulneraría la privacidad de nuestros datos personales, pondría en peligro nuestra seguridad y aumentaría los riesgos de la “discriminación digitalizada”, erosionando nuestros derechos humanos, sociales, económicos y civiles. Por otro lado, se amenazaría la prestación de servicios públicos eficaces, de los que tanto dependen nuestras sociedades, y se inhibiría el papel esencial de la supervisión normativa de interés público, cuya importancia es cada vez más evidente. Otro objetivo de las propuestas es lograr que las empresas más grandes y poderosas puedan evitar contribuir a la base impositiva de las sociedades en las que operan y obtienen beneficios. Y las nuevas normas también garantizarían que el recurso más valioso del mundo, los datos, quedaría privatizado y monopolizado por las grandes empresas permanentemente, en lugar de ser utilizado como un bien público para promover la prosperidad social compartida.

Así pues, las normas propuestas representan una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el trabajo y la prosperidad compartida en todo el mundo, y son la antítesis misma del tipo de políticas necesarias para frenar el crecimiento canceroso del poder de las grandes tecnológicas.

El 1 de enero de 2020, marcará el 25º aniversario de la fundación de la OMC. En el tiempo transcurrido desde su fundación, mientras que la pobreza mundial ha disminuido, la desigualdad ha crecido dramáticamente, y nuestras prácticas de consumo están amenazando la estabilidad de las condiciones climáticas en las que puede prosperar la vida humana. Los defensores de la OMC afirmarán que no son culpables de los bajos niveles de reducción de la pobreza en muchos países ni de la desigualdad o la devastación del clima, aunque con frecuencia sí atribuyen al sistema de la OMC la reducción general de la pobreza y el crecimiento económico a nivel mundial.

Sin embargo, la reducción de la pobreza a nivel mundial en este período ha tenido lugar principalmente en China, que ha seguido una trayectoria económica muy diferente de la adoptada en la OMC, y la parte restante de esa disminución corresponde mayoritariamente a los países que comercian con China.[1]

Los países industrializados se enfrentan ahora a crisis económicas y democráticas debido a los efectos negativos de varias décadas de políticas económicas neoliberales, impuestas internacionalmente a través de acuerdos comerciales. Sin embargo, sus negociadores comerciales siguen esforzándose por afianzar un conjunto de normas que manipularían toda la economía digital del futuro a favor de las empresas gigantes.

Tras años de resistencia a este programa por parte de la gran mayoría de los países en desarrollo que son miembros de la OMC, un grupo de unos 76 países, a pesar de habérseles negado un mandato de consenso para hacerlo, acaba de iniciar conversaciones con el objetivo de lograr un acuerdo vinculante sobre el comercio digital en el marco de la OMC. Estos estados están constantemente cabildeando y presionando a los países en desarrollo no participantes para que se unan a sus filas.

Por supuesto, el comercio electrónico puede ser una fuerza de creación de empleo y desarrollo, y ciertamente tiene el poder de potenciar la innovación, aumentar las opciones de los/as consumidores/as, conectar a productores y consumidores remotos y aumentar la conectividad mundial. Pero esto no es lo mismo que tener reglas globales vinculantes para toda la economía digital, elaboradas por las grandes tecnológicas en beneficio propio.

Garantizar que la tecnología se despliegue para servir al bienestar de la humanidad y del conjunto del planeta y para impulsar la prosperidad compartida sólo será posible si ejercemos nuestros derechos democráticos y evitamos que las grandes tecnológicas amañen las reglas de la futura economía mundial para aumentar su propio control privado y sus ganancias.

- Deborah James es directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR; www.cepr.net), con sede en Washington DC, y coordinadora de la red de organizaciones de la sociedad civil Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS).

Tomado del resumen ejecutivo del libro Las reglas del comercio digital: una nueva y desastrosa constitución para la economía mundial, concebida por y para las grandes tecnológicas, Fundación Rosa Luxemburgo, julio 2021. (La edición en inglés fue escrito en 2019 y publicado en 2020).

Presentación del libro y panel de discusión

Se requiere registro

Jueves, 8 julio 2021

9am San José / 10am Quito / 11am Santiago / 12pm Buenos Aires / 5pm Madrid

Panelistas

• Deborah James, Directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política, EEUU
• Renata Avila, Abogada internacional de derechos humanos y autora, Guatemala
• Sally Burch, Periodista y activista de los derechos de la comunicación angloecuatoriana, Agencia Latinoamericana de Información, Ecuador
• Sofia Scasserra, Instituto del Mundo del Trabajo, UNTREF, Argentina 

Habrá traducción simultánea al portugués